Eduardo Nava Hernández
Gobernar con el cinismo
Jueves 22 de Junio de 2017
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Gustavo Díaz Ordaz pensaba que su gobierno sería recordado en la historia por la realización de los Juegos Olímpicos y otros aspectos como la continuación de la Reforma Agraria. Como todos sabemos, no fue así, y su sexenio quedó marcado para siempre por la brutal represión al movimiento estudiantil-popular de 1968. Luis Echeverría quería ser un segundo Cárdenas, pero la represión sangrienta del 10 de junio de 1971 fue también la que dejó su impronta en la historia sexenal correspondiente. López Portillo anunció que vendrían los tiempos de “administrar la abundancia” y terminó llorando frente al Congreso y pidiendo perdón por la terrible crisis de 1982. Calderón quería colgarse la medalla de servicio a Estados Unidos acabando con los cárteles del narcotráfico, pero sólo logró ensangrentar al país, generalizar la lucha entre cárteles por el territorio y dejar una inconmensurable cauda de muerte y violaciones a los derechos humanos.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores,
(Foto: Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto suponía, de igual manera, que su gobierno trascendería a través de las llamadas reformas estructurales que los anteriores gobernantes –Zedillo, Fox y Calderón– no habían logrado y que dispararían un crecimiento económico superior al de esos periodos. Está a la vista que no será así y que la presente administración (difícil llamarla gobierno) será caracterizada por su descomunal corrupción y, al igual que su antecesor, por las violaciones sin precedentes a los derechos humanos, de las que la más simbólica es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Escándalos como el de la llamada Casa Blanca, los recientes fraudes electorales en el Estado de México y Coahuila, el enriquecimiento de los dos ex gobernadores Duarte, Roberto Borge y otros eminentes priistas, los gasolinazos, el nulo (o casi) crecimiento de la economía han completado el cuadro del desastre de la nación, que ha arrastrado consigo a la Presidencia como piedra angular y pieza cimera del sistema político.

Pero otro rasgo distintivo del periodo peñanietista es, a no dudarlo, el de haber hecho del cinismo un componente general y exacerbado de la política nacional, que arranca desde el mismo presidente de la República y escurre por los niveles inferiores hasta llenar casi todos los poros de la estructura gubernamental y la partidocracia adjunta. Baste con recordar cómo una versión inverosímil y científica y técnicamente desmentible quiso ser pasada como verdad histórica sobre los crímenes de Iguala en septiembre de 2014; o la respuesta, errática pero a la larga demostrada falaz ante el descubrimiento periodístico de la casa de las Lomas de Chapultepec, el histrionismo de la primera dama Angélica Rivera frente a las cámaras y el nunca cumplido ofrecimiento de traspasar el inmueble.

La lógica de ese comportamiento político es la del encubrimiento, la negación de culpabilidades y el aferramiento al poder a como dé lugar. Dentro del sistema político, el priismo y el presidencialismo –sus principales piezas desde que se fundó el partido oficial con Calles y desde que quedó subordinado a la Presidencia con Cárdenas– han logrado un equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, en el que las diferentes piezas se acomodan jerárquicamente y se unen con el engrudo de la corrupción. Casi todos los elementos o componentes de ese sistema alcanzan beneficios particulares, aunque se sacrifique el beneficio general a la sociedad. Y casi todos, también, aceptan, con mayor o menor distanciamiento, la centralidad presidencial de la que depende ese equilibrio.

El despliegue del cinismo no termina ni deja de incorporar nuevos capítulos. Refiero dos de los más recientes, aun cuando, por desgracia, no necesariamente los últimos.

Uno es la reacción del gobierno peñanietista ante la revelación difundida por el diario estadounidense New York Times sobre el uso de tecnología altamente especializada, y supuestamente sólo destinada a la investigación para el combate a la delincuencia, para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones civiles, todos ellos de alguna manera críticos al gobierno. Ante el reportaje internacional, amplio, documentado y con señalamientos que apuntan hacia una responsabilidad gubernamental, la respuesta es casi el silencio, la negación general y la “recomendación” de que los afectados por la intrusión en su privacidad acudan ante la Procuraduría General de la República a denunciar los hechos para que se abra una investigación.

El hecho es que la tecnología aplicada para invadir los dispositivos personales de los espiados es fabricada por una empresa israelí y vendida exclusivamente a gobiernos, no a particulares, con el fin explícito de usarla sólo en el combate a la delincuencia y nunca con fines políticos. Ahora sabemos que tres dependencias en nuestro país adquirieron esa tecnología: la misma PGR –la que ahora se tendrá que investigar a sí misma para ver si hizo un mal uso del software en cuestión–, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta última ilegalmente pues no tiene atribuciones de investigación sobre civiles y aún no se aprueba la buscada Ley de Seguridad Interior con la que se pretende otorgárselas.

Poco espacio hay, entonces, para negar la responsabilidad de este gobierno, que a través de alguna de esas tres dependencias se ha dedicado a allanar de manera virtual la vida privada de sus objetivos. No obstante, la administración de EPN responde ante la opinión pública sólo con un breve comunicado, firmado por un funcionario de tercer nivel y dirigido a los editores del NYT, no a los mexicanos, afirmando que “no hay pruebas” de que sea el gobierno mismo el que realice el espionaje. Como sí las hay, y como es seguro que la PGR no llegará a inculpar a ningún funcionario de primer nivel, el asunto se seguirá debatiendo en los medios internacionales y tendrá que ser tratado en esa escala, como ya lo está siendo, como un tema de derechos humanos.

Por eso es de un cinismo extremo y una vergüenza nacional que en la arena internacional la representación mexicana, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Videgaray Caso, esté asumiendo el lamentable papel de ariete al servicio de Estados Unidos para enfrentar a Venezuela y socavar su soberanía. Desechado ya por el gobierno de Peña el principio de no intervención, uno de los cuatro cuya aplicación consecuente dieron otrora brillo y realce a la política exterior mexicana (los otros, la autodeterminación, la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de los conflictos), México se coloca a la diestra de Donald Trump y a la delantera en su agresividad contra el gobierno soberanista de Nicolás Maduro. ¿El argumento? Las supuestas o reales violaciones a derechos humanos en el país sudamericano.

México, el país de las 170 mil muertes violentas en los últimos diez años, el país de los 30 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, el país del secuestro y asesinato constante de periodistas, el de tasas crecientes de feminicidios; el de las matanzas de Tlatlaya, San Fernando, Tanhuato, Apatzingán, Allende e Iguala, todas ellas virtualmente impunes; el de la desaparición de 43 estudiantes normalistas sin rastro de su paradero; México, el clasificado como segundo país más violento del mundo por el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, el de los fraudes electorales más burdos y evidentes, señala a un país hermano por violaciones contra derechos individuales y por estar en falta política al no convocar a elecciones generales, sino a una asamblea constituyente.

Nunca la diplomacia mexicana había caído tan bajo desde que nos constituimos como nación independiente. Pero esta nueva política intervencionista no es sólo el alineamiento con el gobierno estadounidense en turno, sino una verdadera fuite vers l’avant, una fuga hacia adelante con la que nuestra burocracia gobernante quiere eludir sus propias responsabilidades políticas, en materia de respeto humanitario y de democracia, y trasladar la atención hacia otra nación.

En la antigüedad griega surgió una escuela filosófica, derivada del socratismo, a la que se ha conocido como los “cínicos”. Esta palabra derivada de kynikós, “como perro”, por asumir sus representantes una vida en extremo ascética, tan frugal y sencilla como la de un animal doméstico, renunciando a todos los bienes materiales para liberar de ellos el pensamiento. Nuestros cínicos son de otro tipo, tomaron de los cínicos helénicos la actitud desparpajada e impúdica, a la que agregan la deshonestidad. No toman de los canes la templanza y la austeridad, sino que se comportan como una jauría depredadora contra la nación, pero siempre blindada por complicidades, acuerdos de cúpula y pactos delincuenciales. Es otro cinismo, muy perjudicial para los intereses de la colectividad nacional. Pero su ciclo está concluyendo, pues mientras el país se desgarra en el dolor y el sufrimiento, su actitud ajena a éste y su egoísmo llevados al extremo los exhiben por todas partes. Aún la aparentemente aguantadora sociedad mexicana tiene límites y se tocan ya sus bordes.

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