Jueves 15 de Junio de 2017
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Mucha sangre corrió durante el siglo pasado en nuestro país para hacer valer y respetar el voto. A principios del siglo hicimos una revolución defendiendo el sufragio efectivo, posteriormente pasamos la segunda mitad de la centuria luchando por obtener elecciones equitativas y transparentes.

En el año 2000 llegó la ansiada alternancia a México, y con ella quedaba demostrado que nuestro país accedía a la era de la democracia; sabíamos que faltaba mucho por hacer pero que se estaba en la senda correcta. Desde entonces y a la fecha cada voto cuenta y es respetado, otra historia es el manoseo previo a su emisión (manipulación, compra, condicionamiento de programas y un largo etcétera).

A manera de ejemplo podemos señalar la elección pasada en el Estado de México, en la que sólo votó el 53 por ciento del padrón.
A manera de ejemplo podemos señalar la elección pasada en el Estado de México, en la que sólo votó el 53 por ciento del padrón.
(Foto: TAVO)

Ahora bien, pese a esas y otras debilidades, vivimos en democracia, en una democracia frágil y sin resultados más allá de lo electoral pero democracia al fin y al cabo. Sin embargo, es necesario –urgente– que nuestra incipiente democracia empiece a dar resultados de justicia social, porque de no suceder esto corremos el riesgo de tener regresiones autoritarias.

El abstencionismo es una de las causales de que nuestra democracia no avance en justicia social. Hay elecciones con niveles del 35 por ciento, que son tolerables, mas no deseables, pero hay casos donde se supera el 55 por ciento de abstencionismo, lo que resulta gravísimo porque este mal facilita la perversión del voto, ya que entre menos gente vote menor es la cantidad de sufragios que se requieren para lograr el triunfo; por tanto, puede resultar más atractivo adquirir el voto por medios ilegales que conquistarlo por las vías idóneas.

Sumado el abstencionismo a la atomización del voto, nuestro sistema electoral está generando gobernantes poco legitimados, que además son electos en un cochinero que acaba en el momento en que el voto ingresa a la urna. Porque eso sí, a partir de allí la suciedad queda atrás y cada voto cuenta y es respetado.

A manera de ejemplo podemos señalar la elección pasada en el Estado de México, en la que sólo votó el 53 por ciento del padrón. Si el porcentaje de votación hubiera andado en un muy respetable 70 por ciento o más, el triunfo del PRI no podría ser tan cuestionado porque no se sostendría el argumento de la elección de Estado, ya que no hay dinero que alcance para comprar una elección donde haya esos niveles de participación ciudadana, o simplemente no hubiera ganado el PRI, así de sencillo. Menos abstencionismo, mayor confiabilidad en el resultado.

Por otra parte, considero injusto hacia quienes hicieron posible el ejercicio libre y respetado del voto que los ciudadanos mexicanos del siglo XXI no lo hagan valer. Un acto de justicia impostergable es diluir el abstencionismo a niveles tolerables. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillo: estableciendo una sanción para aquellos que no cumplan con su obligación ciudadana de votar.

Obviamente no podemos pensar en sanciones severas ni debemos dejar de entender que en muchos de los casos la incapacidad para cumplir la obligación es justificable (enfermedad, imposibilidad física, trabajo, etcétera); sin embargo, debe haber consecuencias si nuestra falta es sólo por carencia de civismo o interés.

De manera rápida se me ocurre que se pudiera establecer la obligación de comprobar el ejercicio del voto en la realización de ciertos trámites oficiales, tales como la obtención del pasaporte, el acceso a créditos oficiales o a programas gubernamentales. Obviamente que debiera establecerse a la par un procedimiento que permitiera solventar este requisito. El INE podría extender un comprobante de justificación de no haber votado por causa razonable o bien la constancia de pago de la multa correspondiente.

En fin, esto no es algo novedoso, infinidad de países en el mundo han establecido la obligatoriedad con sanción del voto. Lo ideal sería que lo exigiéramos y ejerciéramos con gusto, como el derecho que es, sin tener que entrar al campo de las obligaciones y mucho menos de las sanciones, pero a ese México aún no llegamos.

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