Julio Santoyo Guerrero
Justicia en obra negra
Martes 13 de Junio de 2017
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A pesar de que México participa del Protocolo de Kioto y que es firmante del Acuerdo de París, y que ha suscrito el discurso ambientalista que la mayoría de las naciones del mundo han asumido, acorralados por los efectos devastadores que en el medio ambiente ha tenido el modelo de desarrollo económico que la humanidad ha seguido en los últimos dos siglos y que se han diseñado políticas que en sus textos privilegian el cuidado medioambiental, en los hechos México camina casi sin freno, día a día, hacia la devastación de sus ecosistemas.

Se deben recuperar para la bonanza del medio ambiente michoacano las 75 mil hectáreas que no han robado, que se haga un padrón de huertas instaladas.
Se deben recuperar para la bonanza del medio ambiente michoacano las 75 mil hectáreas que no han robado, que se haga un padrón de huertas instaladas.
(Foto: Cuartoscuro)

Las instituciones del Estado mexicano no han sido suficientes y algunas son totalmente ineficaces y hasta cómplices de los intereses económicos que hacen fortuna a partir de la destrucción de bosques, tierras, aguas interiores, mares, arrecifes y demás. Algunas de estas instituciones deberían ser revisadas a fondo, y sometidos a un proceso de investigación sus responsables porque no cumplen con la misión constitucional para la que fueron designados. Por ejemplo, la Profepa, que fue creada para proteger el medio ambiente y sancionar a los infractores de las leyes que rigen en este estratégico sector, no sólo ha tenido un comportamiento omiso, sino que por los hechos que a diario ocurren más pareciera cómplice y encubridora del gran ecocidio ocurrido en el país y en Michoacán que en protectora del medio ambiente. Cómo explicar que en nuestro estado anualmente sean devastadas impunemente once mil hectáreas de bosque para convertirlas en huertas de aguacate y no se recupere ninguna, y tampoco ningún ecocida, ¡ninguno!, esté pagando por semejante delito. Eso sí, se solazan con publicitar en los medios la detención de uno o dos burreros a quienes se les decomisan pequeñas cantidades de madera ilegal, pero no tienen ojos ante la devastación masiva que los millonarios aguacateros están haciendo de los bosques michoacanos.

Mientras transcurría la semana nacional del medio ambiente desde la filas de la delincuencia ambiental organizada se hacía apología de la deforestación y se hacía mofa de la preocupación social y gubernamental del cambio climático, como grotescas e infames caricaturas de Trump. En Enlace, el boletín de los aguacateros afiliados a la APEAM, se sostenía con cinismo que "el cultivo del aguacate, al ser un cultivo de tipo árbol y con prácticas sustentables, podría tener las mismas ventajas para el medio ambiente que una especie forestal", es decir, justificaron que pueden tumbar todos los bosques y reemplazarlos con huertas y hacerlas "sustentables" y no hay problema con el medio ambiente. Semejante pifia sólo se comprende porque está motivada por su ambición enfermiza, pero cualquier estudiante de primaria les podría explicar, desde sus lecciones básicas de biología, que los ecosistemas funcionan de manera distinta y que la sustentabilidad no entra cuando la premisa es el cambio de uso de suelo y la muerte de especies vegetales y animales. ¡Es un absurdo y una burla hablar de "sustentabilidad" en huertas que ocupan 75 mil hectáreas resultado de la deforestación y del ecocidio!

Mientras los gobiernos se empeñaban en el discurso pro medio ambiente y en las escuelas el estudiantado realizaba infinitas actividades y estudios relativos al cuidado de la tierra y los maestros hacían énfasis en la generación de valores como el respeto a la naturaleza y a todos sus seres, la delincuencia ambiental organizada continuaba expandiendo la frontera del cultivo del aguacate y hacía detonar sus cañones antigranizo, inhibiendo los ciclos normales de lluvias en las zonas donde tienen sus huertas. Cañones que son ilegales y que hasta ahora ninguna institución ha clausurado.

Los cañones espanta tormentas modifican los microclimas y de facto sus dueños se asumen como dueños también de los cielos de los pueblos y ciudades cercanos a las huertas. El que continúen operando con descarada impunidad habla muy mal de instituciones como la Profepa, que debería ser puntual en clausurar y sancionar. Es tal la incongruencia de los aguacateros que por un lado se roban el agua que corre en ríos y arroyos para llevarla a sus inmensas hoyas, y por otro lado espantan las lluvias que pueden maltratar sus plantaciones. ¡Qué insensatez, le roban el agua a las poblaciones, agua que a cañonazos los malos impiden que llegue!

Esta ruta de destrucción ecológica no puede continuar más. La sociedad debemos exigirles a todos los órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, emprender acciones definitivas para que terminen de una vez por todas con la delincuencia ambiental organizada, con los malos aguacateros. Se deben recuperar para la bonanza del medio ambiente michoacano las 75 mil hectáreas que nos han robado, que se haga un padrón de huertas instaladas en terrenos forestales, que se fijen metas de recuperación mensual, que se castigue a los responsables, que se establezca urgentemente una norma ambiental para la producción del aguacate y que se obligue a todas las asociaciones de productores de aguacate y otras frutas a implementar normas ambientales amigables con el medio ambiente. Y sobre todo, que se sancione la apología del ecocidio, que es la ruta ideológica y publicitaria que están siguiendo las poderosas asociaciones para justificar la muerte de los bosques michoacanos y proteger a quienes deforestan para instalar huertas.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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