José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El derecho económico, tres problemas
Sábado 10 de Junio de 2017
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A ti, Ricardito, con fraternal cariño. Sé que estas en plantón pero tú kínder está limpio porque sabes cumplir con tus obligaciones.

El gran periodista Manuel Buendía decía que si un problema está en medios durante quince días es de consideración y eso es justamente el tema que abordaré en esta colaboración. Hay tres problemas económicos que tienen más de dos semanas en los medios de comunicación, me refiero a la falta de pago de una serie de prestaciones que les deben a los profesores agrupados en la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el segundo es igualmente el incumplimiento de compromisos contraídos por anteriores directores con el Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM) y el tercero es la posibilidad de quiebra técnica a la que podría llevar el pago de una serie de prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS). En estos tres problemas –dos tomas y una amenaza de paralización de actividades– la constante son prestaciones económicas en conflicto llevadas a cabo por grupos de trabajadores sindicalizados.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre las cuestiones siguientes: ¿son los sindicatos un problema o es el gobierno un mal administrador? ¿O quizá los políticos no saben gobernar? La variedad de respuestas que pudieran existir a las interrogantes en estos momentos no resuelve los problemas, ya que tener tomada la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado impacta en toda la administración pública y lo que ello implica: la interrupción a la circulación vehicular en la Avenida Ventura Puente y prácticamente la peatonal son dos formas de presión y consecuencia a la que los habitantes de Morelia que tenemos que transitar por ese rumbo a dos semanas de la toma ya hemos “resuelto como evadirla”, pero movilidad y tránsito tampoco son el problema; por otra parte, el que el director del Colegio de Bachilleres en el estado no haya tomado posesión de su oficina en el edificio central es una mala señal para un subsistema educativo que ha dado tantas satisfacciones al estado por los logros de los alumnos a nivel nacional. Desde luego que es para preocuparse, ya que entiendo que no se trata de la persona, sino de la falta de prestaciones económicas, pero más alarmante veo el despido de trabajadores del OOAPAS para lograr la operatividad del sistema del agua en la capital del estado, pues no basta con que la paramunicipal anuncie que no se pueden seguir otorgando prestaciones de privilegio a los trabajadores sindicalizados del agua en Morelia cuando ignoramos de cuántos empleados se debe prescindir para lograr finanzas sanas en ese organismo, pues no se ha informado en medios si habrá recorte de personal con el mismo propósito de trabajadores de confianza.

 ¿Son los sindicatos un problema o es el gobierno un mal administrador?
¿Son los sindicatos un problema o es el gobierno un mal administrador?
(Foto: ACG)


Ahora veamos qué es lo que llevó a estos problemas económicos a estas tres agrupaciones de trabajadores. Comenzando por la Coordinadora, la gran cantidad de profesores y empleados de todos los niveles que laboran en el estado de Michoacán, muchos de ellos son dados de alta ante la Secretaría de Educación en el Estado por presiones políticas con la promesa de regularizar su situación laboral, lo que a veces dura años, los que al estar trabajando se les debe su salario; el otro origen, según trasciende en medios, son las famosas minutas que contienen una serie de prestaciones económicas adeudadas y no pagadas derivadas de prestaciones laborales, lo que ha llevado a este grupo de trabajadores a realizar protestas callejeras que después de algunos meses son levantadas con las promesas del gobierno de ponerse al corriente con los adeudos económicos, las que una y otra vez son incumplidas, como son las que en este momento los tienen en plantón, toda vez que les adeudan once bonos, situación que ha reconocido el gobierno del estado.
Cierto, algunos son de carácter federal y en eso nada puede hacer el Ejecutivo; pues bien, después de 16 días a la fecha de estar elaborando este artículo, la CNTE sólo había logrado el pago de dos bonos –Día del Maestro y apoyo a la despensa–; es decir, se trata de prestaciones derivadas del salario que debieron haberse cubierto hace casi un mes, sólo para hablar de dos de las más recientes adeudos, juzgue usted, amable lector, si tienen o no razón los profesores y empleados con el plantón y bloqueo vial, que para obtener dos de las consecuencias de su trabajo tienen que invertir cuando menos quince días de plantón, ¡qué barbaridad!
Docentes y empleados del Colegio de Bachilleres también sufren por la falta de pagos de salarios y de otras prestaciones comprometidas por anteriores administraciones del subsistema, las que se comprometieron con tal de que no les estallara la huelga en su momento –total, aventar el problema para más adelante, que lo resuelvan otros directores–, situación que se ha tornado crítica durante todo lo que va del presente año, en el que incluso ha habido suspensión de labores en algunas temporadas para presionar al pago de esos compromisos acordados. Esta situación retrata de cuerpo entero una paradoja, ya que por un lado los sindicatos por ley tienen expedita la vía a través de la amenaza de huelga para lograr conquistas económicas para sus agremiados y el director en turno las acepta con el propósito de que no le paralicen las actividades del Colegio de Bachilleres; sin embargo, la mayoría de las veces esos compromisos económicos no forman parte del presupuesto del estado ni de los apoyos que brinda la Federación a Bachilleres, razón por la cual se vuelven impagables a pesar de ser legales al estar pactados, he ahí el dilema: cómo armonizar las necesidades económicas de los agrupados en el sindicato con las partidas presupuestales.

El problema en el OOAPAS es un caso de éxito sindical al tener un Contrato Colectivo de Trabajo con prestaciones económicas bien remuneradas, lo que constituye un ideal para cualquier trabajador; sin embargo, desde que comenzó la actual administración municipal el Cabildo moreliano está lanzando voces de alerta en el sentido de que no es posible seguir cumpliendo con las prerrogativas de los trabajadores de la paramunicipal. Luego entonces, las anteriores administraciones municipales cedieron a prestaciones impagables para que no les estallara la huelga, ya que de continuar con ese ritmo de pagos está en riesgo la operatividad del organismo, porque se gasta más de lo que se recauda. Lo anterior ha dado lugar a dos puntos de vista con respecto a la administración del mencionado organismo operador del agua en la capital del estado, lo que ha ganado espacio en medios ya que el sindicato sostiene que sólo es cuestión de administración y que los trabajadores nada tienen que ver con esa posible paralización. Lo cierto es que parece inminente el despido de algunos trabajadores sindicalizados. Ante el agobio económico, ha declarado el director, lo que es una cuestión más seria que sólo un punto de vista diferente con respecto a la administración; se ve entonces sombrío el panorama...

Para la solución de este tipo de problemas y otros similares será que tengamos que ajustarnos a lo que señala el derechos económico en la acepción de G. Radbruch: “Es el derecho regulador de la economía mixta que tiene como finalidad conciliar los intereses generales protegidos por el Estado por un lado, y los intereses privados por el otro”. En efecto, estimo que la solución está en esa conciliación de intereses y para ello se hace necesario que los gobernantes sean unos eficientes administradores para proporcionar lo que les otorgan las facultades de su ejercicio y los sindicatos ajustarse a lo que tiene el gobierno, en atención a que se ha hecho una indebida interpretación del derecho de huelga, el estado no obtiene una plusvalía en su ejercicio; en consecuencia, no obtienen ganancias y no pueden otorgar excedentes que no existen, sólo administra los recursos que le autorizan, sin que esté afirmando que los trabajadores no tienen derecho a una mejor vida económica, claro que la tienen y no hay dinero que le alcance al trabajador, pero una administración pública no puede estirar los recursos para satisfacer las ambiciones de los líderes sindicales, para que estos a su vez satisfagan las de sus agremiados.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. Por estos días suena un promocional en la radio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que se declara preparado para su ejercicio en el sistema anticorrupción, esperemos que de verdad esté a la altura de las circunstancias.

Sistema Estatal Anticorrupción. El martes 6 de junio de esta semana que concluye, el congreso del estado promulgó tres de las siete leyes necesarias para la implementación del sistema anticorrupción en Michoacán; por lo tanto, se cuenta ya con los siguientes ordenamientos: 1. La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 2. La reforma en el apartado correspondiente al Código Penal y 3. La Ley de Responsabilidades Administrativas. Sobre estas tres regulaciones me ocuparé de su análisis en otras entregas, así como lo hice con las leyes federales de la materia.

En su intervención en la Cámara, el diputado Mario Armando Mendoza señaló que el principal objetivo de estos ordenamientos es la prevención, y sólo ante la falta de observancia de estas leyes vendrá el castigo, por lo que invitó a los involucrados –todos los ciudadanos¬– a respetar las leyes anticorrupción para que Michoacán viva en confianza y con certeza jurídica.

Por su parte, la diputada Macarena Chávez Flores mencionó que en las leyes anticorrupción el propósito es transparentar la labor de los servidores públicos y evitar actos de corrupción.

Finalmente, el diputado Ángel Cedillo Hernández se pronunció por el combate a la corrupción, y se garantizará el buen manejo de los recursos públicos a través de este primer paquete de leyes.

El jueves 8 de junio de esta semana, en la sede del Congreso del Estado, se presentó el libro Corrupcionario. Es un diccionario sobre el tema escrito por Alejandro Legorreta, presidente de la asociación civil Opción, según da cuenta el portal electrónico de esta casa editorial. Enhorabuena por esa aportación doctrinal al tema, lo que indica que empezamos a desarrollar en nuestra sociedad la cultura anticorrupción.

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