José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones
Sábado 27 de Mayo de 2017
A- A A+

Usted tiene el derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Usted tiene el derecho a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Si usted no puede pagar un abogado, se le asignará uno.

En 1966, en Estados Unidos se vivió una polémica jurídica por la condena al estado de Arizona, derivado del caso Miranda, ya que la misma obligaba a partir del 13 de junio de ese año, a ese estado y a todos los de la Unión Americana, a leerles a todos los detenidos sus derechos, considerando una parte importante de la opinión pública que con ello se le daban más derechos a los delincuentes que a los guardianes de la ley. En México se vive una controversia en estos momentos ya que por un lado se impulsó una reforma penal para, entre otras cuestiones, abatir la impunidad, y sin embargo, por fallas en la carpeta de investigación y por detenciones arbitrarias o ilegales muchas personas a lo largo de la geografía nacional están obteniendo su libertad, lo que resulta paradójico y muchos grupos sociales en muy diversos sectores hacen pública su inconformidad manifestando que los delincuentes ahora tienen posibilidades muy altas de abandonar la cárcel.

El caso Miranda vs Arizona. Tuvo su punto de conflicto en la forma como se obtuvo la confesión de Ernesto Arturo Miranda respecto de los delitos de secuestro y violación de una menor que cuidaba vehículos en un estacionamiento, así como del diverso de robo a mano armada de una transeúnte; en un momento posterior a su detención el inculpado fue aislado para un interrogatorio del que salió confeso pese a que inicialmente negaba su participación en los ilícitos que se le imputaban y la defensa a los largo del proceso sostuvo que la confesión había sido arrancada con violencia moral. En esa época prevalecía el criterio respecto de la confesión de parte, a la existencia de otros medios de convicción que hicieran creíble la participación del imputado en los injustos y fue así como Miranda fue condenado a 20 y 30 años de prisión por cada uno de los delitos; convencido su defensor Alvin Moore de la duda razonable, respecto de haberle hecho de su conocimiento a su cliente de sus garantías en cuanto inculpado, apeló el asunto resolviendo la corte estatal que confirmaba la sentencia por lo que se hizo valer el recurso para que la Corte Warren se pronunciara sobre el asunto la que determino: que las declaraciones de un acusado sólo tienen valor en el juicio si el fiscal acredita que el acusado hubiese sido informado de su derecho a consultar a un abogado y sobre no autoincriminarse. Y que el acusado hubiese comprendió las garantías de una defensa adecuada y, posteriormente, renuncia voluntariamente a esos derechos.

Sistema Nacional Anticorrupción. Más vale tarde que nunca inició la capacitación a los funcionarios municipales en materia de anticorrupción.
Sistema Nacional Anticorrupción. Más vale tarde que nunca inició la capacitación a los funcionarios municipales en materia de anticorrupción.
(Foto: Cuartoscuro)



En ese asunto sobre derechos civiles de los ciudadanos fue dictada hacia la segunda mitad del siglo XX con un pasado de diversos antecedentes ya que comenzó en 1914 con el caso Wecks vs. US, la que por primera excluía pruebas ilícitas, en atención a que todo aquello que se obtiene ilegalmente está viciado de origen, a esta teoría (M. Estrampes, 2010) le llama el fruto del árbol envenenado, cabe hacer la aclaración que esta regla de exclusión no aplicaba en los estados, para 1924 en el caso Betts vs Brady el Tribunal Supremo había dicho que el derecho a la asistencia letrada de la Sexta Enmienda no era aplicable a los estados. Pero en 1961 el Tribunal Warren, al resolver el caso Mapp vs Ohio, determinó que la garantía del inculpado a la asistencia de un abogado sería de carácter general, es decir de aplicación para todos los estados de la Unión Americana; incluso le otorgó efectos retroactivos para todos aquellos reos que hubiesen sido juzgados sin abogado tenía que ser vuelto a juzgar o puesto en libertad, de modo que la moderación del poder (Miranda vs Arizona) fue impuesta jurisprudencialmente, tardando en la consolidación de esos derechos 52 años a los que se les conoce como Derechos Miranda.

México. Aquí la pregunta es ¿cuánto tiempo le costará a nuestro país cumplir con el mandato constitucional de detención apegada a derecho, ya que en poco menos de un año han obtenido lan libertad muchas personas principalmente por detenciones al margen de la ley?, sólo me refiero a delitos del orden común, donde han alcanzado la libertad personas que pudieran ser culpables; sin embargo, por detenciones ilegales obtienen su libertad.

Ejemplo uno. En un delito de corrupción de menores se le imputaba la partición en dicho ilícito al padre de un niño, al comerciar con el cuerpo de su hijo, razón por la que dentro de la investigación que se realizaba era necesaria la declaración del papa del infante ofendido, y para hacerlo presentar ante el Ministerio Público, los agentes ministeriales llamaron al susodicho por teléfono para que se presentara a declarar ofreciéndole que enseguida quedaría libre, ya que dijo que el “jefe” que iba a jalar contigo por haber sido compas –el presunto responsable fue policía judicial–, por lo que con esa confianza y promesa compareció a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales un día equis llegando a esa oficinas aproximadamente a las 19:00 horas, comentándole que enseguida le tomarían su declaración, atendiéndolo cuatro horas después, es decir, le tomaron su testimonio a las 23:00 horas, pidiéndole que permaneciera en la oficina sólo por cuestión de trámites administrativos. Dos horas después lo vuelven a llamar ante el M.P. investigador, quien le notifica que había cambiado su situación jurídica y que de testigo había pasado a imputado por el delito de corrupción de menores, que por lo tanto queda detenido y en ese momento, para su sorpresa, le pide el agente investigador que firme la notificación y le avisa que será trasladado el Cereso Mil Cumbres en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que por la hora 01:00 de la mañana del día siguiente no era posible solicitar la orden de aprehensión y que ante el peligro de que se sustrajera a la acción de la justicia, sería puesto enseguida ante un juez penal, lo que ocurrió dos horas después, de tal suerte que quedó internado como presunto responsable aproximadamente a las 03:00 horas. Esta persona obtuvo su libertad cinco meses después, no obstante el tipo de delito –el bien jurídico que se protege en los delitos sexuales, es la libertad, en la decisión de las personas para relacionarse con quien ellos lo deseen, y por tratarse de un menor que no tiene la capacidad de discernir, el que su padre lo llevara de forma reiterada con un adulto mayor para realizar actos sexuales, algo sobre lo que el menor no podía decidir, razón jurídica suficiente para un encarcelamiento a partir de la orden de aprehensión por parte de un juez y cumplimentada debidamente– la libertad obtenida fue al resolver la apelación que se interpuso en contra del auto de formal prisión ya que se le privó de la libertad a través del engaño –de la falsa promesa de libertad– fue retenido, detenido y puesto a disposición de un juez, el que le dictó un auto de formal prisión, mismo que fue combatido y al revisar el expediente el magistrado penal le concedió la inmediata libertad –por la privación ilegal de su libertad.

Ejemplo dos. En un asunto por despojo de inmueble cinco personas fueron privadas de su libertad al existir orden de aprehensión en contra de los mismos, sólo que para ejecutar las órdenes de captura los policías ministeriales se presentaron en el asentamiento humano, mismo que no cuenta con servicios y donde viven personas con carencias, los que se hicieron pasar como promotores de una tienda departamental, llegando hasta “el camino” al poniente de la capital del estado, policías que iban ataviados con vestimentas parecidas a la tienda de los colores azul y amarillo ofreciendo créditos para muebles y enseres para el hogar acudiendo específicamente a cada una de las viviendas de las personas sobre las que iban a aprehender a las que les ofrecieron líneas de crédito con un mínimo de requisitos y una vez que lograban ganarse la confianza de los mismos los invitaban a la camioneta que igualmente estaba camauflajeada con logos y colores de la tienda comercial les pedían que subieran a la camioneta para tomarles una foto y entregarles en el acto su credencial, pero ya arriba de la unidad automovilística les decían que estaban detenidos sin mostrarles la orden de aprehensión, combatiendo la detención ilegal y nuevamente hasta que se combatió en apelación la detención con engaños y sin mostrar la orden y al descubrir la patraña un magistrado penal decretó la inmediata libertad.

Espero que en nuestro sistema los policías no tarden medio siglo en obtener la profesionalización para realizar las detenciones con el respeto a los derechos humanos y mostrando la correspondiente orden de aprehensión, y que cuando aprehendan a alguien infraganti sea con todas las de la ley y que no sea necesario un asunto paradigmático como el Miranda vs Arizona, para sentar las bases de la mejor actuación cuyos principios ya están en la Constitución.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana, a través de un comunicado del martes de esta semana que concluye, comunicó que ya existe una terna para el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA integrada por Max Kaiser Aranda, Alejandra Rascón Rodríguez y Ricardo Salgado Perrilliat.

Sistema Nacional Anticorrupción. Más vale tarde que nunca inició la capacitación a los funcionarios municipales en materia de anticorrupción.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

La conciliación en el procedimiento burocrático

El aeropuerto y su consulta

DEL 68 AL 2018

Las reformas a la ley burocrática del estado

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad