José Padilla Alegre
El Derecho y sus Glosas
Derecho de réplica
Sábado 20 de Mayo de 2017

En memoria de Javier Valdez Cárdenas

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Los estados democráticos tienen garantizados los derechos humanos de sus ciudadanos y dentro de éstos el de réplica, entendido como la obligación de resarcir la imagen, los afectos y la reputación de aquella persona que sea falsamente tratada en cualquier medio de comunicación, el que está obligado a desmentir al comunicador a través de la corrección que para ello solicite el afectado a condición de que efectivamente sí se trata de un falso testimonio, convirtiéndose el derecho de réplica en una enmienda sustentada, es decir con razonamientos y pruebas que acrediten fehacientemente el error, la información sesgada, la imprecisión, el chantaje o la calumnia.

Es el derecho de réplica en una restricción a la libertad de expresión, ya que en efecto, la libre manifestación de las ideas en ejercicio de la libertad de expresión tienen su antagónico en el derecho de réplica, toda vez que los profesionales de la información en su práctica diaria están obligados a respetar los principios de la buena fe, veracidad y neutralidad, pero sobre todo de la licitud de la información, por lo que cada nota de voz o escrita apartada de la verdad debe tener la enmienda constitucional de publicar o reproducir el audio o video que reconozca la imprecisión dada a conocer públicamente para que mediante ese acto de desagravio la persona ofendida recupere su integridad moral.

La libertad de expresión. En nuestro país tiene su antecedente más remoto en la Constitución de Cádiz (1812), cuando se refiere a que una de las actividades de las cortes será proteger la libertad política de imprenta. Desde esa época los autores e impresores eran responsables respectivamente del abuso de esa libertad y eran castigados. La primera Constitución mexicana (1824) establecía que se debía proteger la libertad de imprenta de modo que jamás se suspendiera su ejercicio y mucho menos abolirse. Para 1857, en la Constitución liberal, la libertad de expresión evoluciona al regular a la libertad en general, y de manera particular a la libertad de pensamiento y de manifestación, las que no estarían sujetas a sanción pero las mismas debían respetar la vida privada, a la moral y a la paz pública. En la Constitución vigente (1917) la libertad de prensa aparece con la denominación de libertad de expresión en el artículo 6°, el que establece que la manifestación de las ideas no tendrá cortapisa, salvo el derecho de réplica, el que será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Este artículo se liga con el 7°, denominado libertad de difusión de opiniones, información e ideas, el que también se encuentra acotado con el derecho de réplica.

Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación donde se habló sobre el derecho de réplica
Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación donde se habló sobre el derecho de réplica
(Foto: Cuartoscuro)

Derecho de réplica. Son los deberes y responsabilidades de quienes ejercen la libertad de expresión. Este derecho, que constituye un derecho humano, aparece como tal en el artículo 6° de la norma fundamental desde el 11 de junio de 2013 y su ley reglamentaria fue publicada dos años después en el Diario Oficial de la Federación (04/11/2015) vigente un mes después de su publicación por el Ejecutivo federal, la que lo define como el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

La ley reglamentaria establece como procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados que siempre será a petición de la parte agraviada en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la supuesta noticia calumniosa, por escrito con sus datos de identificación, nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información, hechos que desea aclarar, la que se acompañará con una copia de identificación oficial del promovente, petición que será resuelta en un plazo máximo de tres días hábiles por parte del sujeto obligado, contando el medio con otros tres días hábiles para notificar su resolución en el domicilio señalado para oír notificaciones personales, y si resultó procedente, la réplica deberá publicarse al día siguiente del aviso de notificación cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición en los demás casos; el contenido de la réplica deberá limitarse sólo a la información que la motivó y no podrá exceder del tiempo o extensión que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que generó el agravio, salvo que se requiera mayor espacio para realizar la réplica, rectificación o respuestas pertinentes.

Ante la negativa al derecho de réplica, el ofendido podrá acudir ante un Juzgado de Distrito para hacer valer el procedimiento judicial correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles ante la omisión de una respuesta o la falta del cumplimiento del mismo. Este procedimiento es sumario ya que posterior a la demanda, el sujeto obligado cuenta con cuatro días hábiles para contestar posteriores al emplazamiento y en el mismo escrito exhibirá pruebas en dos días más se citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de la cual podrá emitirse la resolución o 24 horas después, y en caso de ser procedente la demanda, el medio de difusión, además de obligársele a insertar la réplica, será sancionado económicamente. Ahora bien, contra la sentencia del juez de Distrito cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Unitario de Distrito.

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