Estrellita M. Fuentes Nava
La discriminación por el agua en México
Viernes 19 de Mayo de 2017
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El derecho humano al agua es aún una realidad muy distante en México, a pesar de que en el discurso oficial se reporten coberturas de más del 90 por ciento con respecto al agua entubada y al saneamiento, concluyó Léo Heller, relator especial de la ONU para esta importante agenda, quien estuvo de visita en nuestro país del 2 al 12 de mayo pasado.

Mediante una serie de reuniones que incluyeron diversos encuentros con autoridades federales de la Conagua y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con organizaciones no gubernamentales que lo llevaron a conocer de viva voz la experiencia de los habitantes de Iztapalapa, Xochimilco, Papantla, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, el relator pudo percatarse de una durísima realidad: en la Ciudad de México, al 70 por ciento de la población les llega el servicio del vital líquido por un promedio de menos de doce horas, y hay lugares donde sólo la reciben por tres horas. Y peor aún, el derecho humano al agua no está dentro de las prioridades del gobierno: “Se encuentran entre el pesimismo y el optimismo”, apuntó Heller.

El derecho humano al agua es aún una realidad muy distante en México
El derecho humano al agua es aún una realidad muy distante en México
(Foto: TAVO)



Otra de las realidades que surgieron a la luz de este reporte que se publicará en julio de este año y se presentará oficialmente ante la ONU en septiembre ha sido que en el acceso a estos servicios básicos quienes resultan más discriminados son nuestros pueblos indígenas; hay una diferencia de 70 por ciento de cobertura para ellos, versus un 90 por ciento para los urbanos. Y así como a ellos, quienes tienen menores coberturas, y por consecuencia menor acceso al servicio, son quienes viven en el medio rural, en las zonas periurbanas y en asentamientos irregulares. Siendo el acceso al agua limpia una condición sine qua non para el total desarrollo del ser humano, en la práctica el Estado mexicano está discriminando aún más a los desposeídos y a quienes de por sí están pagando la factura del modelo neoliberal voraz. De hecho, quienes viven en zonas residenciales de altos ingresos económicos, así como las industrias, son quienes mejor tienen asegurado este servicio.

En cuanto a la calidad del agua, el brasileño Heller verificó que nuestro país trabaja con normas caducas que datan desde hace 20 años, así como con otras más de ellas que son poco claras o muy generales, así como con un bajo sistema de control y verificación. Esta condición aunada al hecho de que México es el primer consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo (480 litros) nos habla de la poca confianza con la que los habitantes calificamos el agua que llega a nuestras casas, por lo que preferimos elegir opciones más seguras (aunque generemos más PET). Por lo tanto la baja calidad del agua en realidad impacta a los más pobres.

El reciente paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo federal ha impactado severamente también a la condición del agua en México porque, por ejemplo, el gran ímpetu otorgado a las hidroeléctricas, así como a la actividad minera, están poniendo en riesgo nuestras reservas de agua. Al respecto hay que recordar las movilizaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil en contra del fracking para la explotación de petróleo, gas y minerales en nuestro territorio, que genera no sólo una disminución en los niveles de nuestras reservas, sino que también se inyectan químicos como el arsénico que ponen en peligro la salud de los pobladores aledaños a estas zonas. Esta práctica ha sido prohibida en países que han mostrado un alto compromiso con la agenda ambiental sin menoscabo de su crecimiento económico.

La falta de voluntad política seguramente se verá reflejada en este reporte especial: desde 2012 México elevó a nivel constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento después de haber ratificado este compromiso internacional como país miembro de la ONU; sin embargo, a la fecha, cinco años después, el Congreso no ha emitido ninguna ley reglamentaria en la materia. Y no sólo se trata con respecto a los aspectos legales, sino también en lo que toca a la esfera administrativa ya que la falta de planeación y de coordinación en la agenda del agua nos ha llevado a que los organismos operadores carguen con la mayor parte de la responsabilidad en cuanto a los servicios, pero sin el acompañamiento técnico ni financiero necesarios para cumplir a cabalidad con esta tarea.

También el relator observó la poca efectividad con la que planeamos las finanzas públicas, lo cual se ve reflejado por ejemplo en el hecho de que existan en Chiapas 194 plantas de tratamiento, de las cuales sólo funcionan doce. Siendo un país con severos problemas de contaminación, este dato es un sinsentido. De hecho, valdría la pena recordarles a nuestros alcaldes en Michoacán que la Conagua no tendrá fondos este año para construir nuevas plantas de tratamiento por el recorte que hubo de un 37 por ciento en el PEF para el agua y el saneamiento en México en este año (quizás una buena idea sería cobrarles un considerable impuesto especial a las empresas embotelladoras de agua por hacer uso gratuito de un recurso que en realidad nos pertenece a todos).

Ante los datos mostrados por el relator Heller, oficialmente México respondió que saluda y ratifica su compromiso de cumplir cabalmente con sus compromisos internacionales en el agua y velar por los que menos tienen acceso a ella. Pero como sabemos todos, dicho pronunciamiento tiene que venir acompañado de hechos contundentes, financiamientos y sobre todo resultados, para que no quede sólo en el discurso.

El acceso al agua limpia es una condición básica para la supervivencia de nuestra especie, y siendo ello una agenda asumida de manera total por el Estado mexicano, éste tiene que estar a la altura de sus compromisos, así como con otras agendas en materia de derechos humanos igual de importantes. Esperemos ver los resultados de este reporte y, mejor aún, qué efecto genera en nuestras políticas públicas de agua y saneamiento.

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