Julio Santoyo Guerrero
Piromanía y codicia
Lunes 8 de Mayo de 2017
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La semana pasada volvieron a arder los bosques michoacanos. Por segunda ocasión, de manera intencionada, le prendieron fuego al basurero de Uruapan como cortina perfecta para ponerle fuego al Cerro de la Cruz; en Tacámbaro, de manera premeditada, incendiaron el Cerro Hueco; en las cercanías de Capula, manos criminales calcinaron miles de árboles reforestados en el Cerro de la Tetilla; en la región de Villa Madero, los incendios premeditados de bosques nublaron por un día a la cabecera municipal. En la gran mayoría de los incendios que abrasaron nuestros bosques en la semana ya fenecida está la mano perversa de quienes, movidos por la codicia enfermiza, pretenden hacer cambio de uso de suelo para establecer plantaciones de aguacate.

Por segunda ocasión, de manera intencionada, le prendieron fuego al basurero de Uruapan como cortina perfecta para ponerle fuego al Cerro de la Cruz; en Tacámbaro, de manera premeditada, incendiaron el Cerro Hueco; en las cercanías de Capula
Por segunda ocasión, de manera intencionada, le prendieron fuego al basurero de Uruapan como cortina perfecta para ponerle fuego al Cerro de la Cruz; en Tacámbaro, de manera premeditada, incendiaron el Cerro Hueco; en las cercanías de Capula
(Foto: Especial)

No se trata de precaristas, de gente humilde que no tiene alternativas productivas. Se trata del interés de grandes capitales que, estimulados por la alta rentabilidad aguacatera y las aún deficientes regulaciones ecológicas que el Estado mexicano aún no impone, invierten recursos cuantiosos en la compra de predios forestales en la franja estimada como adecuada para el cultivo del aguacate, y que al estilo huachicolero (sabiendo de antemano que están en la ilegalidad), se atienen a su poder económico y a sus relaciones de corrupción con algunos políticos, como los Orihuela, para imponer la ley de quema, tala, planta y doblega.
No obstante la reforma a la Ley Forestal que el Congreso michoacano aprobó para otorgarle al gobierno estatal instrumentos directos de intervención para desmontar las plantaciones ilegales que florecen con todo cinismo en lo alto de las serranías, a la orilla de las carreteras y a las orillas de las zonas urbanas, y que se trabajan a la luz del día y a la vista de autoridades municipales, estatales y federales, los huachicoleros del aguacate, los malos aguacateros, continúan incendiando, talando, barriendo suelos, matando ecosistemas y plantando aguacate y otras frutas y matando los veneros de agua que por millones de años han sido la fuente de vida de los bosques michoacanos y más acá de los pueblos que se han asentado en sus colindancias.

La cuota de hectáreas que en este 2017 se integrarán como huertas aguacateras ilegales a partir de la frenética actividad de los pirómanos pagados por los grandes capitales que financian la expansión del oro verde, será rebasada con toda seguridad. No será de ocho mil hectáreas, será de mucho más. El empeño y frenesí de los ecocidas está ampliando la frontera mucho más allá de la ya ignominiosa frontera fijada en 2016.

El poder destructor del espíritu de codicia de los grandes capitales aguacateros, enemigos de todo compromiso con el cuidado de la casa común, y para quienes su único credo es el dinero, parece imponerse al poder del Estado y al poder de la sociedad que no articula acciones tangibles para contenerlos. Asociaciones poderosas como la APEAM han servido para proteger a quienes montan huertas ilegales, y cómo no si a su propio presidente, Adrián Iturbide, las autoridades ambientales le han intervenido huertas resultado de la deforestación y el cambio de uso de suelo. La APEAM debería cambiar el significado de sus siglas por lo que realmente representa: Asociación de Promotores del Ecocidio en Michoacán. El nulo compromiso ecológico de esta agrupación y el daño que está ocasionando, semejante al daño que Monsanto le hace a la ecología global, debe ser motivo para llevarla a los tribunales internacionales para que sea sancionada y se pare ya el ecocidio que está aniquilando a Michoacán.

El Estado mexicano, a través de sus legislaturas y sus poderes ejecutivos, debe reconocer que las leyes hasta ahora existentes son insuficientes para detener esta tragedia y que deben proponerse y hacerse aprobar, de manera urgente, leyes más duras contra los ecocidas. La Presidencia de la República debe emplear su facultad de mandar leyes preferentes para dotar a las instituciones de políticas y regulaciones contundentes que paren ya, y sin concesiones, la diaria muerte de los ecosistemas de nuestro país, entre ellos de los ecosistemas que a diario mueren a nombre del oro verde y la billetera de unos cuantos aguacateros, malos ciudadanos y peores michoacanos.

Ahí donde están las grandes plantaciones la pobreza social se ha pronunciado y la muerte de la naturaleza se traduce en menores oportunidades para el bienestar de los pobladores; los grandes capitales aguacateros se van a ciclos financieros fuera del estado y del país y no tienen ningún compromiso solidario con las poblaciones a quienes les aniquilan los bosques y aguas del entorno. Es decir, el modelo de desarrollo aguacatero debe ser también revisado por el gobierno pues sólo está dejando ecocidio, fuga de capitales, pobreza social y nuevas enfermedades resultado del uso de agroquímicos.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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