José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El Tribunal “burocrático”, su presidente
Sábado 6 de Mayo de 2017

Para Manuel Buendía Tellezgirón y Miguel Ángel Granados Chapa.

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Dos notas periodísticas del 19 de abril de 2017 (Carlos Monje, Noticiero Michoacano, y Revolución 3.0, de Charbell Lucio– dan cuenta de problemas financieros en el Congreso del Estado, derivados de laudos emitidos en su contra por al menos 20 millones de pesos por demandas presentadas, según ellos, por trabajadores de confianza contratados por diputados de anteriores legislaturas, los que a decir del diputado López Meléndez debieron haberse ido con el representante popular que los contrató por ser trabajadores de confianza, lo que hasta antes de esta Legislatura no existía y todavía más a decir del coordinador parlamentario del PRD, los ex legisladores alentaron a demandar.

Hasta aquí pudieran estar ajustadas a derecho todas las actuaciones, de los trabajadores al demandar, del Tribunal al admitir a trámite y el desarrollo de un procedimiento que culmine con un laudo condenatorio e incluso el requerimiento a la patronal por las cantidades laudadas y el embargo de las cuentas del Congreso del Estado para garantizar la condena económica; sin embargo, cuando la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señala que en esos asuntos pudiera haber un conflicto de intereses que involucra al actual presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, Luis Fernando Rodríguez Vera (Patricia Monreal, Revolución 3.0, el 19 de abril de 2017), el asunto cambia, pues por la información de referencia los asuntos eran patrocinados por el actual presidente del Tribunal en tanto que abogado litigante antes de su designación, y esa sola circunstancia sería motivo no para que el Congreso revise si hay o no conflicto de intereses, sino para que solicite formalmente al Poder Ejecutivo que le retire la designación de árbitro a Rodríguez Vera ante el Tribunal burocrático (artículo 90 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios), y paralelamente el representante legal del Congreso del Estado debe presentar una denuncia de hechos para que el Ministerio Público determine si Luis Fernando, en su calidad de miembro del órgano colegiado que resolvió esos asuntos en que patrocinaba a la parte actora, incurrió en algún delito para que se ejerza la acción penal correspondiente.

El presidente del Tribunal no ha desmentido las acusaciones vertidas en su contra públicamente por 4 diputados
El presidente del Tribunal no ha desmentido las acusaciones vertidas en su contra públicamente por 4 diputados
(Foto: ACG)



Sobre el mismo tema, el diputado Pascual Sigala, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, declaró a Quadratín, según nota de Rebeca Hernández Marín del 20 de abril, que le resulta muy oneroso al Congreso hacer los pagos de los ex empleados: “No se trata de pasar por encima de los derechos de los trabajadores, pero tampoco de que pueda haber alguna argucia que beneficie a alguien más que a los trabajadores; eso me preocupa mucho y por eso voy a reunirme con el presidente del Tribunal”, cuyo despacho es el que lleva la defensa de los trabajadores de Congreso. De lo anterior se desprenden dos afirmaciones incuestionables que, efectivamente, los asuntos de referencia los patrocinaba el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, mismos sobre los que aún tiene control ya que de lo contrario, para qué tendría que reunirse el jefe de la Cámara con el director del despacho, acude la patronal a esa instancia de diálogo para obtener consideraciones, rebajas y facilidades de pago, con lo que de paso le está reconociendo la personería que inicialmente tenía en el expediente, situación que delata la doble participación de Rodríguez Vera en los asuntos como juez y parte; por tanto, si existe un conflicto de intereses, lo que se traduce en un delito, por lo que bien le haría a la imagen del gobierno del estado, que el actual presidente del Tribunal burocrático se separara del cargo y continuar con la defensa de los trabajadores para obtener lo que conforme a derecho les corresponden. A la redacción de este artículo, viernes 5 de mayo por la mañana, buscando en medios, el presidente del Tribunal no ha desmentido las acusaciones vertidas en su contra públicamente por 4 diputados –en entrevistas por separado, los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y PAN, Adriana Hernández Íñiguez, Manuel López Meléndez y Carlos Quintana Martínez, además de Pascual Sígala– a pesar de haber transcurrido tres semanas de esos señalamientos en los medios de comunicación citados; en consecuencia, se está aceptando tal situación como cierta.

Y la segunda afirmación incuestionable es que el despacho que patrocina los asuntos les cobrará un porcentaje considerable a los trabajadores, lo anterior se desprende igualmente de la declaración del diputado Sigala cuando señala que “pueda haber alguna argucia que beneficie a alguien más que a los trabajadores”, y en estos asuntos no existe otro beneficiario que el titular del despacho que patrocinó el asunto. Sobre el particular, ya en otra colaboración di cuenta de cómo se conducen algunos litigantes de asuntos laborales, donde ellos son los protagonistas del asunto en perjuicio de los trabajadores y los porcentajes de honorarios llegan incluso a ser sobre el 50 por ciento de lo que se obtenga en el laudo, como se le conoce a la sentencia en materia de trabajo. ¿Qué sabrá el diputado sobre el particular? ¡Quién sabe!

La consideración del párrafo anterior nos lleva a otras interrogantes: ¿será por eso el interés de colocar en el Tribunal burocrático a nuevos elementos en lugar de los que venían colaborando, para tener gente incondicional en todas las áreas y poder agilizar los asuntos del licenciado Fernando? Para una mayor ilustración de esta interrogante, le comento, amable lector, que a principios de año fueron despedidos algunos colaboradores del Tribunal que tenían años de servicio, razón por la que paralizaron las labores en ese órgano jurisdiccional; el resto de los empleados, en solidaridad con los cesados, habiendo sido violentada esa muestra de adhesión a través del GOE, como se le conoce a los grupos de choque que el gobierno del estado utiliza para dispersar a manifestantes, de lo que dieron cuenta en su momento también los medios de comunicación, observándose a la fecha más caras nuevas que los empleados despedidos, quizá para con ello atender, ahora vemos, los asuntos del presidente.

Porque especulando, los asuntos de Luis Fernando, me atrevo a señalar, son de 2015, resueltos en este 2017 tiempo récord, ya que en ese Tribunal están resolviendo por estas fechas los asuntos que están citados para laudo desde 2011, aunado a que tardan en resolver un promedio de cuatro y hasta seis años una vez integrados los expedientes, pero con un equipo a modo y trabajado a marchas forzadas, claro que en dos años se pueden resolver los asuntos. Este trabajo en “equipo” pudiera ser constitutivo del ilícito de coalición de servidores públicos, figura delictiva que se actualiza cuando empleados y funcionarios se coaligan para tomar medidas contrarias a una ley, y contrario a la ley es impedir la justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional en perjuicio del resto de los justiciables, si partimos del supuesto hipotético de que una parte de los empleados del Tribunal estén atendiendo sólo los asuntos del presidente, y esto lo deduzco porque también la nota informativa de Monreal señala que prevén emita el Tribunal para este mes de mayo entre cinco o seis laudos más en contra del Congreso por montos que podrían alcanzar condenas económicas por alrededor de 16 millones de pesos, y no señala que pueda tratarse de asuntos de otros despachos de lo que se infiere que se está “trabajando” para los asuntos del presidente.

Expediente de varios. En el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, el martes de esta semana, cuestionó formalmente ante el Senado por la falta de transparencia en la propuesta de designación de 18 magistrados anticorrupción, solicitándole respetuosamente, a través de la moción correspondiente, que revele el procedimiento para la designación, palmarés curriculares, calificaciones y de no existir inconveniente de los participantes en el proceso de selección los nombres de todos los concursantes y de manera particular los designados, porque tuvieron mejor calificación los 18 elegidos y porque no hay equidad de género.

En el sistema estatal anticorrupción existe una campaña publicitaria en el estado, por medio de la cual las mujeres se pronuncian en contra de la corrupción.
Derivado de la toma de protesta del diputado Pascual Sigala Páez el viernes 28 de abril de este año 2017 en Campeche, Campeche, al rendir protesta como presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), llamó a la consolidación del trabajo legislativo en lo que se refiere al sistema estatal anticorrupción en todos los estados del país.

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