Eduardo Nava Hernández
La Universidad Michoacana bajo fuego
Jueves 4 de Mayo de 2017
A- A A+

Hace unos meses, la diputada presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de Michoacán, la priista Xóchitl Gabriela Ruiz González, declaró públicamente que, en caso de que no cumpliera la Universidad Michoacana con modificar en breve su régimen de jubilaciones, quedaba abierta la posibilidad de liquidar a la totalidad del personal académico y administrativo y cerrar temporalmente la institución para reabrirla luego con nuevo personal. Lo que la legisladora estaba diciendo era liquidar los contratos colectivos, producto de décadas de reivindicaciones laborales, y reiniciar con nuevo personal carente de esas prestaciones. “Aquí no se trata de afectar a nadie (sic), dijo, pero sí de sanear la UM que hoy lo vemos cada fin de año no tiene dinero para pagar las quincenas menos las demás prestaciones que disfrutan los trabajadores. Cada año está más cerca del colapso financiero”.

Del mismo modo, el diputado perredista Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, advirtió por las mismas fechas que la crisis financiera en la Casa de Hidalgo “no estallará”, como se ha anunciado, en el próximo septiembre, sino que “desde ahorita ya se encuentra sumergida en una crisis financiera”. Recordó que el déficit de la institución educativa rebasa los mil millones de pesos y amenazó con que si el rector Serna González “no le quiere entrar” a la reforma de la Ley Orgánica (en el tema de jubilaciones), el Congreso tendrá que intervenir.

De la misma manera, el ex rector, ex gobernador, jubilado diamante de la Universidad Michoacana (se aprobó simultáneamente en el dócil Consejo Universitario su promoción a la máxima categoría y su jubilación) y actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero, acudió a la Universidad Michoacana a decir que “Sin régimen de pensiones no veo cómo la Universidad Michoacana haga frente a sus compromisos durante los próximos años”. Emisario de los Heraldos Negros, vino a afirmar que “para otorgar apoyo a las seis universidades del país que se encuentran en serias dificultades económicas, éstas tendrán que hacer un esfuerzo en reformar sus aspectos administrativos, entre ellos, los regímenes de jubilaciones y pensiones”. Informó, ya como funcionario federal, que el secretario de Educación, Aurelio Nuño Álvarez, está en la disposición de no dejar solas a las dependencias de educación superior, “siempre y cuando hagan los cambios pertinentes”, los cuales ya no lo alcanzarán como ex miembro de la comunidad universitaria y privilegiado jubilado nicolaita.

Por su parte, la también legisladora priista Rosa María de la Torre Torres —ex secretaria auxiliar en la misma Universidad Michoacana bajo el rectorado del propio Salvador Jara, por cierto—, previno que, de no realizarse la reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios, el sistema de pensiones y jubilaciones la colapsaría en dos años. “Pregúntenselo a las personas (actuarios) que vinieron hace cuatro años cuando era rector Salvador Jara y estaba yo en la Secretaría Auxiliar: auguraban cinco años, de los cuales ya pasaron tres, entonces seguramente será un tema de dos años”.

Medardo Serna, rector de la Universidad Michoacana
Medardo Serna, rector de la Universidad Michoacana
(Foto: Héctor Sánchez)

Previamente, en una entrevista para televisión en diciembre de 2016, el gobernador Silvano Aureoles Conejo había anunciado que “se acabaron los años de confort en la Universidad Michoacana”, y que esta institución debe estar sujeta al público escrutinio, como cualquier otra institución. Nadie niega el escrutinio que, sin embargo, no es lo mismo que la reducción de derechos laborales.

Uno más, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, se ha declarado respetuoso de la autonomía universitaria pero, a la vez, no ha parado de señalar que los trabajadores, por no aceptar el cambio al régimen de jubilaciones y pensiones, seremos los responsables de conducir a la Universidad Michoacana al quebranto financiero.

En el extremo del cinismo, los mismos diputados que hoy anatemizan nuestro sistema jubilatorio redujeron en este 2017, el año del Centenario de la Universidad Michoacana, la asignación presupuestal en más de 391 millones de pesos con respecto de 2016, que implicaron un 13.3 por ciento menos de recursos que el año anterior, al tiempo que elevaban el presupuesto del Congreso de Michoacán en 104 millones, un trece por ciento más que el año anterior, para alcanzar 907 millones de pesos en el presente año. Como lo expresé en un texto anterior, los 40 legisladores de ese órgano les representan a los michoacanos un costo que se eleva al 35.5 por ciento de lo que la atención a 55 mil universitarios.

Por añadidura, los mismos legisladores del PAN y el PRI que han reducido el subsidio universitario, por conducto de sus respectivos coordinadores rechazaron hace unas semanas la propuesta elevada por la diputada Brenda Fraga, del Partido del Trabajo, de disminuir en 50 por ciento sus percepciones, aduciendo que esa reducción no es algo prioritario para sus bancadas, aun en el marco de la crisis en que, siempre se invoca, se encuentra el estado de Michoacán.

Como puede verse con estos ejemplos, a los que podrían agregarse muchos más, al menos declaraciones amenazantes contra la principal institución de educación superior en Michoacán no han faltado. Con mayor o menor dureza la caracterización de la crisis financiera en la Universidad se hace depender del tema de jubilaciones, al que el rector Medardo Serna y su Consejo Universitario dedicaron ya cuatro foros, realizados en Morelia y Uruapan. A ello hay que agregar una fuerte campaña de prensa en el mismo sentido, que no deja de insistir en que los trabajadores universitarios somos “privilegiados” pues para nuestro retiro no aportamos “ni un peso”. Se agrega, tanto en declaraciones como en columnas periodísticas, que la modificación al sistema jubilatorio universitario permitirá abrir el camino de solución a la crisis financiera de la institución, como si en ello radicara el núcleo de la penuria por la que ésta atraviesa.

Toda esa andanada contra la Universidad Michoacana y sus jubilaciones gravita sin duda sobre una omisión informativa fundamental y, en todos los casos, intencionada. Se trata del rezago del subsidio universitario tanto por el gobierno federal como por el estatal. Esto es, la disminución relativa y, para 2017, absoluta, en las asignaciones a la institución. Mientras que en el nivel nacional el promedio presupuestal por estudiante es de más de más de 55 mil pesos anuales (en la UNAM alcanzó en 2016 61 mil 673 pesos, como media, y 69 mil 310 pesos en el nivel de licenciatura), la Michoacana trabaja con un promedio aproximado de 46 mil 500 pesos por alumno.
Ya en un memorándum de 2013 (754/2013) del entonces rector Salvador Jara Guerrero dirigido al gobierno federal, al Congreso de la Unión y al gobierno estatal, se sostenía que “nuestra Universidad recibe un presupuesto inferior al de la media nacional. Si el subsidio en la Casa de Hidalgo se equiparara al promedio, es decir de 38 a 55 mil pesos por alumno, tendríamos al año más de 800 millones de pesos adicionales, recurso que sería suficiente para abatir el déficit recurrente y cumplir con todos nuestros compromisos puntualmente”.

Según el informe financiero de 2014 presentado por el rector Serna en 2015 al Congreso de Michoacán, en ese ejercicio la Universidad Michoacana presentó un superávit de poco más de 321 millones de pesos, pues sus ingresos ascendieron —comprendiendo subsidios federales, subsidios estatales, ingresos propios e ingresos por convenios— a tres mil 738 millones de pesos, en tanto que sus erogaciones ascendieron a tres mil 417 millones. El déficit no era absoluto en ese ciclo, sino que se ubicaba sólo en el gasto corriente, que ascendió a tres mil 081 millones, estando presupuestados dos mil 948 millones. En ese rubro, el déficit ascendió en 2014 a un poco más de 133 millones de pesos.

En ese mismo año, las erogaciones de la institución en jubilaciones y pensiones ascendieron a 672.5 millones, representando el 24.4 por ciento de los dos mil 754 millones asignados a sueldos y salarios, en los que están incluidas, y el 21.8 por ciento del gasto corriente.

Las cifras aportadas bastarían para demostrar que la contingencia económica de la Universidad Michoacana no es resultado de sus propios errores, aunque éstos puedan existir, ni mucho menos de las prestaciones laborales, sino de decisiones políticas tanto en el gobierno federal como en el local y el Congreso de Michoacán; decisiones que buscan ahogar financieramente a la institución. El propio rector Medardo Serna ha reconocido que las causas del déficit universitario son múltiples, y entre ellas se encuentran la plantilla laboral no reconocida, los albergues estudiantiles, para los que tampoco existe un presupuesto etiquetado, y la falta de cobertura a la garantía de gratuidad asentada constitucionalmente. Además, en el extremo, tampoco hay reconocimiento presupuestal al bachillerato nicolaita.

El déficit absoluto apareció entonces, según parece, apenas en 2015, y no es consecuencia de un solo factor, el régimen jubilatorio, sino fundamentalmente de la insuficiencia de las asignaciones financieras a la Universidad Michoacana por los gobiernos federal y estatal. El mero cambio en dicho régimen, o un programa de “austeridad” como el adoptado por las autoridades universitarias (que representa unos 50 millones de pesos para el presente año) no modificarán sustancialmente dicho déficit mientras las instancias gubernamentales no asuman cabalmente su responsabilidad con la educación superior en Michoacán.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(Foto: Cambio de Michoacán)

Ello no obstante, la Rectoría y el Consejo Universitario han enfocado sus baterías, obedeciendo a los lineamientos superiores y sin velar por la autonomía universitaria que protestaron guardar, exclusivamente a la realización de foros sofísticamente denominados de “fortalecimiento” del régimen de jubilaciones y pensiones. En el primero de esos foros, “informativo”, estuvo por enésima vez el actuario Francisco Miguel Aguirre, quien, amén de presentar una prospectiva catastrófica de las finanzas universitarias si no se cambia el régimen jubilatorio, declaró de plano y sin ambages que ese régimen es un “robo legalizado”. El rector Medardo Serna González pagó, pues, al mencionado y oscuro personaje por venir a llamar ladrones a nuestros jubilados universitarios de hoy o a los del futuro.

Hay que decirlo con toda claridad. El objetivo no es en modo alguno “fortalecer” el régimen de jubilaciones, ya hoy satisfactorio para los trabajadores, sino robustecer las finanzas institucionales y relevar al Estado de sus obligaciones para con la educación superior, a costa de mermar derechos ya consagrados de los trabajadores. Tampoco podemos ser ingenuos y suponer que un despacho actuarial como el del señor Aguirre se limita a hacer un objetivísimo diagnóstico financiero; menos aun cuando, como vimos, tiene afección a las adjetivaciones. En realidad, los antedichos foros de “consulta” a la comunidad universitaria, además de ilegales, como lo demostró el acuerdo y pronunciamiento del SPUM el pasado 2 de marzo, no son sino un medio de justificación y legitimación de un proyecto ya elaborado de contrarreforma al régimen jubilatorio.
El hecho es que a pesar de haber firmado en marzo de 2016 un convenio con el SPUM para emprender una reforma integral de la Universidad Michoacana, el interés del rector ha sido modificar ante todo las jubilaciones conforme a la pauta que le han dictado en el Congreso estatal, el gobierno federal, el gobernador de Michoacán o vaya a saber qué instancia.

Ese proyecto, que será el obsequio del rector Serna González a los maestros universitarios en su día —pues ha anunciado públicamente que lo entregará al Congreso del Estado, viólese o no la autonomía universitaria, el próximo 15 de mayo—, pasa al menos por dos ejes: la elevación del número de años de servicio (y acaso la incorporación del requisito de edad) necesarios para alcanzar el retiro, y la conformación de un sistema de cuentas individuales de aportación, administrado seguramente por la Universidad, no por los trabajadores, del que dependerá el monto de la pensión jubilatoria.

Se toma como ejemplo el caso de la Universidad de Nuevo León, donde dicho fondo se ha constituido y los trabajadores aportan el doce por ciento de su salario para alimentarlo, en tanto que la Universidad agrega un catorce por ciento más para, a lo largo de los años, conformar un monto suficiente para otorgar finalmente la pensión jubilatoria. La pregunta es si hoy la Universidad Michoacana estaría en situación de hacer una aportación de catorce por ciento sobre el total de la nómina para constituir ese fondo, y si los trabajadores podrían o estarían dispuestos a aportar el doce por ciento de su sueldo al mismo fin. También la pregunta es cuántos años más se habrá de alargar el periodo laboral para tener derecho al retiro. ¿Cinco, diez?, ¿se incorporará el criterio de edad, hoy inexistente en nuestros contratos colectivos, como requisito?

Pero, he dicho, el pago de jubilaciones no es la causa del déficit, sino uno entre varios factores que acrecientan éste debido en lo esencial al insuficiente presupuesto como una decisión asumida por las instancias gubernamentales. Es grave también que en el problema financiero incidan también la falta de presupuesto para una parte de la planta laboral, para las casas del estudiante y, en el extremo, para el bachillerato nicolaita en su conjunto, no reconocidos en el Convenio de Sostenimiento 2017 firmado entre la Universidad Michoacana, el gobierno local y el gobierno federal, que debería asegurar los recursos necesarios para el trabajo y administración institucionales.

El problema, pues, no estriba en un deficiente o depredador sistema jubilatorio, sino en una política deliberada de debilitamiento financiero de la Universidad. Lo que está en curso es, en resumen, un proceso de transformación estructural de la Universidad Michoacana de largo alcance. Es un proceso autoritario, verticalista y radical de reestructuración que pasa por los siguientes ejes:

1) La anulación de la autonomía universitaria, sujetando por completo a la institución a las políticas de financiamiento y manejo presupuestal determinadas en las instancias exteriores.
2)
2) La reducción drástica de las prestaciones de los trabajadores, comenzando por el derecho a una pensión jubilatoria digna y oportuna.

3) La reducción de la matrícula, frente a la cual el recientemente aprobado Reglamento del Proceso de Ingreso para Cursar los Niveles Medio Superior, Técnico Superior Universitario y Licenciatura pretende dejar inerme a la comunidad universitaria, depositaria según la Ley Orgánica de la autonomía universitaria.

4) Con la disminución de la matrícula, el recorte de la planta docente hoy interina y la mayor carga académica a los trabajadores académicos de medio tiempo y tiempo completo (compactación de secciones), que ya se observa en la actualidad.

5) La inmovilización política del estudiantado de la Universidad por medio de la represión, como se pretende en el reglamento citado en el inciso 3).

6) La disminución drástica o desaparición de los albergues estudiantiles, ya prefigurada en el proyectado Reglamento General de Beneficios y Casas de Estudiante de la UMSNH, que se basa en sustituir los apoyos asistenciales a estudiantes de bajos recursos por estímulos al rendimiento escolar.

7) La restricción y posible desaparición del Bachillerato Nicolaita para concentrar los recursos universitarios en los niveles técnico, de licenciatura y posgrado.

8) La priorización al conocimiento tecnológico sobre las actividades humanísticas, artísticas y el conocimiento social, sobre todo si éste es crítico y antihegemónico.

9) La reordenación administrativa ya anunciada como “reingeniería” en los mandatos escritos o verbales del Congreso estatal a la Universidad Michoacana, en detrimento de la autonomía de la institución.

10) La subrogación de funciones clave del proceso educativo, que van desde el proceso de selección para el bachillerato y licenciaturas hasta la titulación en estas últimas, en organismos privados o semiprivados, como ya ocurre con el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

En síntesis, de lo que se trata no es del tema de las jubilaciones y pensiones sino de la virtual desaparición de la Universidad Michoacana como la hemos conocido hasta hoy, con su vertiente popular, solidaria y asistencial, y su refundación como una institución meramente tecnocrática y funcional a los requerimientos del capital. Es un proyecto estratégico de reordenamiento de la educación superior, ya avanzado en el país y equivalente a la Reforma Laboral y la Reforma Educativa aprobados en 2012 y 2013 respectivamente. Sólo que, a diferencia de esas llamadas reformas estructurales, no se aplica simultáneamente y de una sola vez en todo el país, sino institución por institución, dada la naturaleza formalmente autónoma de éstas. Poco entenderá de la vida universitaria quien no sepa percibir e interpretar, en su integralidad, este conjunto de contrarreformas como lo que son, una metamorfosis regresiva y antipopular en la educación superior y, en lo particular, en la histórica Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Frente a ese proyecto estratégico, el movimiento universitario requiere de una visión de la misma índole, totalizadora y que deje de enfocar local y parcialmente los problemas de la educación superior. No basta, como algunos plantean, con batirse por la defensa de lo hoy existente, sino de conformar un verdadero proyecto de universidad popular-social para el siglo XXI; un proyecto que, conservando la raíz y el espíritu público y democrático de la educación y la generación de conocimientos, actualice la institución conforme a los requerimientos de hoy del conocimiento científico, social y humanístico.

El movimiento universitario requiere de una reforma integral de la institución que parta de establecer con claridad las responsabilidades, en el orden federal y en el estatal, para con la educación superior y deje escrita con claridad en la Ley Orgánica la obligación de esas instancias de dotar a la institución de los recursos suficientes y necesarios para el desarrollo de sus funciones. Conforme al artículo 1° de nuestra Ley Orgánica, si “la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del Estado”, no puede en ningún caso ser insolvente, pues sería el Estado mismo el que estaría incumpliendo con las responsabilidades sociales que a través de ella está obligado a realizar.

Al mismo tiempo, se deben establecer las responsabilidades de la institución universitaria hacia la sociedad local y la nación y sus prioridades. Asimismo, enunciar con claridad, y como definitivos, los derechos de los individuos y de las colectividades, de manera que éstos no puedan ser convertidos en objeto de chantajes o monedas de cambio para el logro de otros fines.

Para lograr estos objetivos el movimiento requiere superar la disgregación, el gremialismo, el economicismo y el sectarismo, presentes por ejemplo en el movimiento sindical pero también en las organizaciones estudiantiles, y asumirse como la expresión de la comunidad universitaria que aspiramos a ser y que está prevista en el artículo 8° de la actual Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El tema presupuestal, por ejemplo, no incumbe únicamente a los sindicatos, sus salarios y prestaciones, sino que afecta a toda la comunidad, la cual debería formar un solo frente en defensa de la institución ante las acciones irracionales de las instancias gubernamentales.

Ni ese proyecto universitario ni ese frente comunitario existen hoy, y las condiciones para su conformación son muy difíciles. En contra de nuestra actual Universidad se encuentran alineados el gobierno y el Congreso federales, el gobierno estatal y la mayoría del Congreso de Michoacán, la sumisa e ineficiente Rectoría de Medardo Serna González y, en cierto modo, las burocratizadas dirigencias sindicales, así como los intereses patrimonialistas presentes en los tres sectores de esa comunidad, profesores, estudiantes y trabajadores administrativos.

La actual Ley Orgánica de 1986, con sus aspectos democráticos, fue, como la historia nos lo demuestra, el feliz resultado de la confluencia entre las principales agrupaciones del profesorado, las corrientes más importantes del SPUM y del sector estudiantil, la Coordinadora de Universitarios en Lucha, en un proceso abierto de discusión y debate en confluencia con un gobierno tolerante. En cambio, su regresión antidemocrática y autoritaria del 18 de septiembre de ese año, que impuso el señorío de la actual Comisión de Rectoría, verdadera titular hoy de la autonomía universitaria por encima y contra la comunidad, fue favorecido por la división polarizada de ésta y su incapacidad para resistir a la imposición del entonces gobernador Luis Martínez Villicaña y a su secretario de Gobierno, Genovevo Figueroa Zamudio. Pero esa experiencia debe servir a las actuales generaciones como índice. La unidad de los sectores organizados de la Universidad es posible y su división es letal para la democracia universitaria. También lo es la indiferencia en que la mayoría de la comunidad ha sido sumida, arrastrada por el autoritarismo, el individualismo y aun, como lo vimos en el más reciente movimiento por el ingreso y contra el rechazo, por el clasismo excluyente y el racismo.

Tenemos un rectorado servil, obsecuente a los mandatos de la superioridad, tanto de los poderes estatales como locales y que no representa a la comunidad universitaria, que no pudo participar de su designación. La organización de la comunidad universitaria para resistir y elaborar el proyecto de educación superior popular, incluyente y democrática no será con este rector sino, con absoluta seguridad, a pesar de él, quizá contra él. Para un periodo difícil tenemos que prepararnos los nicolaitas. Es la amenaza más grave que hemos sufrido en 51 años, desde que, en 1966, el Ejército Mexicano tomó las instalaciones universitarias a instancias del gobernador Arriaga y se transformó regresivamente la estructura de la Universidad, eliminando dependencias, suprimiendo los albergues estudiantiles, expulsando y persiguiendo universitarios, borrando archivos y memorias. A eso aspiran los actuales gobernantes Peña Nieto, Aureoles Conejo, Jara Guerrero y sus súbditos como Serna González; pero la Universidad renació, siempre fénix, aun de sus cenizas, sin perder en nada su esencia popular y democrática.

Que no se engañen. Los nicolaitas fuimos marcados por el espíritu de Quiroga, el de Ocampo y el del en su momento expulsado Pascual Ortiz Rubio. Aquí no valen sus chantajes. Resistiremos lo que sea para preservar de la política antiuniversitaria la esencia del verdadero nicolaicismo, ése de raíz y objeto auténticamente democrático y popular que hoy pretenden destruir.

Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2017.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La prueba salarial del gobierno lopezobradorista

Doce tesis acerca del 1968 mexicano

El núcleo de la corrupción en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: marchas, opacidad y fraude a la nación

La primera insurrección socialista en la historia de México

Donald Trump ante López Obrador

Elecciones: el bloque de poder en disputa

La recta final, elecciones al borde del riesgo

Presea de ignominia y afrenta a la universidad

La Universidad, el Congreso y la memoria

Lo que el debate no se llevó

La sombra del fascismo en la Universidad Michoacana

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción