Los delfines, entre humanidad y raja política

Jueves 4 de Mayo de 2017

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El 5 de enero de 2017, el diputado del PVEM Javier Octavio Herrera Borunda (hijo de Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz) presentó en nombre del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4 del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos, para que quede prohibida la utilización de ejemplares de estas especies en espectáculos fijos o itinerantes, así como cualquier actividad que las involucre y que no tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas. Hoy en día la prohibición es sólo de espectáculos itinerantes.

El pasado 25 de abril, la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa con modificaciones sólo en las reglas transitorias por 242 votos a favor y 190 en contra. Los votos a favor fueron sustancialmente del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, mientras que los en contra lo fueron del PAN, PRD, Morena y MC. La decisión final del tema está ahora en el Senado de la República. Esperemos que se tome la mejor decisión y por las mejores razones.

La prohibición está enfocada principalmente a los delfines, señalando el Partido Verde, entre otros argumentos, que son antinaturales las actividades que se practican con ellos, siendo dos las principales, una es la delfinoterapia, de la cual no existen evidencias científicas de mejoría en la salud de los pacientes atendidos con terapias de este tipo, y la otra son los espectáculos en general (shows, nado con delfines, etcétera), siendo en ambos casos actividades exclusivas de lucro, las cuales afectan gravemente el bienestar físico y psicológico de los delfines en cautiverio.

Ahora bien, el motivo del presente artículo no es establecer una postura a favor o en contra, sino de llevar atención al punto de que, aun con argumentos nobles, esta acción puede afectar la economía de un estado netamente turístico como lo es Quintana Roo, entidad que alberga el 70 por ciento de los 270 delfines en cautiverio del país.

No tengo dudas sobre los correctos argumentos públicos de quienes auspiciaron la reforma en proceso, lo que me genera cierta inquietud son las posibles intenciones ocultas, ya que un golpe al turismo, por justo que sea, es un golpe a la economía de los quintanarroenses y no sólo de los ricos propietarios de los delfinarios, sino también de los cientos de empleados que en ellos se ocupan, así como un golpe con repercusiones políticas en perjuicio del gobernador Carlos Joaquín, quien hasta hace poco tiempo era amigo de sus ahora detractores.

Por otra parte, es importante destacar el voto en contra del dictamen en comisiones de la diputada priista Sara Latife Ruiz Chávez, quien ha sido directora de Turismo de Cozumel y secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo, sin duda alguien con conocimientos amplios en el tema.

Estimados lectores, creo que el tema nos debe preocupar a todos sin importar postura, porque los resultados de la política similar en contra de los animales en los circos dejó mucho que desear. Lo que pudo ser una noble acción en defensa de infinidad de animales terminó siendo en muchos de los casos una sentencia de muerte.

En fin, creo que el tema turístico (económico) debe ser ponderado con las mejores prácticas de protección y trato digno a los animales en la toma de la decisión final, lo que se traduzca en una legislación y políticas públicas sensibles a todos los lados involucrados, en este caso, por un desarrollo turístico sustentable.