José Padilla Alegre
Seguro contra la responsabilidad
Sábado 29 de Abril de 2017
A- A A+

A no dudar, el tema de la ciudad y del estado en las últimas tres semanas ha sido la tragedia de la Autopista Siglo XXI ocurrida el jueves 13 de abril del presente año, donde encontraron la muerte 28 michoacanos derivado de un error humano del chofer del autobús de turismo que invadió el carril de la pipa que transportaba gasolina, según quedó acreditado con el peritaje realizado por la Policía Federal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (19/04/2017). De lo anterior se concluye que la compañía aseguradora Quálitas no pagará el valor de las vidas dada la responsabilidad del conductor de la compañía Turismo Interprovincial, lo que la exime de responsabilidad al igual que al seguro de la pipa, por lo que en este asunto la interrogante a dilucidar es: ¿la concesionaria de la carretera es quien cubrirá el siniestro o también queda exenta de responsabilidad?

La ley sobre el contrato de seguro, que es federal, establece el seguro contra la responsabilidad, señalando que ese tipo de seguro es obligatorio con el propósito de que la empresa aseguradora se obligue a pagar la indemnización que el asegurado –empresa Autopistas de Michoacán– deba a un tercero –víctimas del accidente– a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto –muertos y heridos– en el contrato de seguro hasta el límite de la prima asegurada.

Los hechos. De acuerdo con las notas en medios de comunicación, el autotransporte de turismo contratado para ese viaje exprofeso a Ixtapa Zihuatanejo salió de la ciudad de Morelia el miércoles 12 de abril de este año al filo de la medianoche, es decir, a las 24:00 horas rumbo a su destino, ocurriendo el accidente a las 07:20 horas del fatídico jueves 13 de abril con los resultados ya señalados, en La Unión, Guerrero, ya muy cerca de su destino, de tal suerte que por la hora del evento el camión de pasajeros llevaba más de siete horas de camino, lo que nos permite concluir que su velocidad era muy lenta ya que prácticamente estaría utilizando el doble de lo que aproximadamente se hace en ese viaje que son cuatro horas, por lo que estamos ante un chofer cansado, de ahí que es mucho, muy probable, que se haya dormido y por ello invadió el carril contrario, causando el accidente, como lo señala el peritaje (error humano).
Y aquí se impone una vez más la pregunta: ¿queda exenta de responsabilidad la empresa que administra la autopista? Al haber causado la tragedia el chofer del camión de turismo, la respuesta es no, toda vez que en este caso aplica el seguro contra la responsabilidad (artículo 145 de la ley invocada) que opera en caso de que la empresa se vea en la responsabilidad civil que el asegurado –el camión de turismo, desde la hora y momento en que paga casetas, lo que lo convierte en el asegurado para el caso de eventualidades como la que estoy narrando–, aunque cabe hacer la aclaración de que este seguro tiene un límite y es la suma asegurada a pagar por indemnización.

Accidente en la Autopista Siglo XXI ocurrido el jueves 13 de abril
Accidente en la Autopista Siglo XXI ocurrido el jueves 13 de abril
(Foto: Especial)



Para ese tipo de eventualidades la concesionaria de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas contrató, por ser un contrato obligatorio como ya se dijo, a la compañía de seguros Quálitas –parecen tener el monopolio, los tres involucrados tienen póliza con esa misma compañía– para no desembolsar el importe de once millones 205 mil 600 pesos por las 28 vidas, lo anterior salvo error aritmético y en un cálculo conservador por haber utilizado el salario mínimo como base al desconocer las percepciones salariales de cada uno de los fallecidos, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo una vida en México tiene el valor de cinco mil días de salario, esta cantidad de dinero multiplicada por 80.04 pesos como salario mínimo general y el resultado a su vez multiplicado por 28 personas, nos dan la cantidad señalada, y en caso de la excusa del error humano para no pagar, los familiares de las víctimas del accidente tendrán que hacer valer la acción de responsabilidad civil o en el supuesto de que la suma contratada para ese tipo de siniestros no alcance a cubrir la suma mencionada.

Ya basta de que los seguros en México sean sólo una forma de enriquecer a los empresarios y que casi siempre que se presenta una eventualidad de esas proporciones estén buscando para darle la vuelta a la responsabilidad, como en este caso tan lamentable, máxime que a la fecha no ha cubierto los gastos médicos de los sobrevivientes y funerarios que generó el siniestro carretero, según lo dieron a conocer en rueda de prensa el domingo 16 de este mes de abril los familiares de los deudos y los enfermos.

Lo anterior pese a la declaración desafortunada del director del Centro SCT Michoacán, Florentino Coalla, quien informó que no se activará el seguro de la autopista ya que el accidente no fue consecuencia de las condiciones en que se encuentra la vía de comunicación, sino de un error humano. Es evidente el desconocimiento en materia de seguros del funcionario, pero además no es el director del Centro SCT en el estado de Guerrero, que es donde sucedió el accidente y, por lo tanto, no tiene competencia para opinar de un siniestro ocurrido en el vecino estado, a menos que esté fungiendo como gestor de oficio de la concesionaria de la autopista. Ahora bien, si es socio de la empresa concesionaria de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, sería importante que lo aclarara a la opinión pública para saber y tomar sus declaraciones con esa personalidad, pero si sólo lo declaró como funcionario, su manifestación ofende a los michoacanos todos, porque a todos nos enlutó la tragedia. Seguramente por su apellido sus orígenes no están en estas tierras.

Expediente de varios. En el Sistema Nacional Anticorrupción, estando en curso –9 de marzo al 17 de abril de 2017– la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien ejecutará todas las políticas públicas del sistema; sin razón aparente se extiende plazo por ocho días más para seleccionar candidatos, por lo tanto, quienes tengan interés en participar en dicho proceso de selección estará abierta hasta el 25 de este mes y año.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción denunció esta semana (25 de abril de 2017) a través de un comunicado de prensa que la designación de los 18 magistrados para tratar asuntos de anticorrupción en el Tribunal Federal fue faltando a la ley ya que no se respetó el procedimiento, lo que significa empezar a desvirtuar el sistema anticorrupción haciendo un llamado al Ejecutivo a rectificar y al Legislativo a no convalidar las propuesta.

En el sistema estatal anticorrupción, la diputada Yarabí Ávila González, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, declaró la semana pasada que para implementar el sistema anticorrupción en el estado de Michoacán se requiere una reingeniería de diversas dependencias, generación, corrección de leyes y reglamentos, entre ellas a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), para garantizar que ningún servidor público o particular que incurran en actos de corrupción gocen de impunidad, quien señaló además que para el seguimiento al sistema estatal anticorrupción revisará y analizará la iniciativa del proyecto de decreto de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán en el Congreso del Estado, que el trabajo no es sólo de la comisión que ella lidera, sino de dos comisiones más que forman un grupo de trabajo cuyo diputado presidente es Mario Armando Mendoza Guzmán, para tener listo antes de julio de este año el esquema que atacará de raíz los actos de corrupción.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

El aeropuerto y su consulta

DEL 68 AL 2018

Las reformas a la ley burocrática del estado

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad