José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Seguro la ley agraria y el derecho privado
Sábado 22 de Abril de 2017
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A María de Jesús Sánchez Rufino, y a Sandra María Pérez Villa Por su interés en la materia de derecho agrario, Sección 02 del 5° grado de la UMSNH.

En la anterior entrega hice el señalamiento de que el derecho agrario estaba perdiendo su esencia social y en esta colaboración me voy a referir de manera puntual a esa consideración, siendo ocasión propicia el aniversario luctuoso del prócer agrario Emiliano Zapata, el lunes 10 de abril y a 25 años de la promulgación de la Ley Agraria, pero sobre todo al estudio sistemático y crítico en las aulas universitarias durante estos últimos tres años; de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, me permiten sostener la transición del derecho agrario hacia el derecho privado.

Durante la administración federal de Carlos Salinas de Gortari, con el señuelo de incorporar a México en la modernidad, pero que no era otra cosa que entregarnos al neoliberalismo económico a través de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá –TLCAN-, resultó relativamente fácil modificar el artículo 27 constitucional ya que motivos había, otorgar certidumbres a los hombres del campo en la tenencia de la tierra, ofertarles el desarrollo rural -para ahora sí hacer producir la tierra- y sobre todo llevar justicia al campo a través de tribunales especializados en materia agraria y el instrumento para todo ello fue la Ley Agraria de 1992, que es la que reglamenta esos contenidos plasmados en el artículo de la Carta Magna, pero hecha la ley hecha la trampa, ya que como vengo sosteniendo, el ordenamiento en cita en la supletoriedad marca el derrotero hacia el derecho privado como se desprende de los artículo 2° y el 167, señalando expresamente a la legislación civil federal para las figuras sustantivas y respecto del procedimiento al Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo tanto ese hibrido que es la Ley Agraria es un derecho social, pero en caso de duda se rige por un derecho privado como lo es el civil y el mercantil.

A 25 años de la promulgación de la Ley Agraria
A 25 años de la promulgación de la Ley Agraria
(Foto: TAVO)


Para una mejor comprensión de lo anotado en el párrafo anterior apoyado en García Máynez, me permito recordar que la división del derecho es en público, privado y social -laboral y agrario- tres áreas del conocimiento perfectamente delimitadas e imposibles de conjuntar sus esferas de conocimiento y acción hasta antes de la Ley Agraria de 1992, en efecto la figura jurídica que permite explicar lo forzado por el legislador federal para hacer interactuar el derecho agrario con el civil es la supletoriedad -integración- y sobre ésta partiendo de la idea de Gény (Francés 1861-1959) al que también se refiere el filósofo mexicano citado, el derecho no tiene fisuras, la ley a veces presenta lagunas y las mismas deben complementarse con otro u otros ordenamientos, pero para que opere la supletoriedad es necesario ciertas reglas mínimas como son: una ley supletoria o complementaria se aplica a otra; la coincidencia, es decir, la supletoriedad sólo puede darse en ordenamientos de naturaleza afín y más concretamente el mecanismo de supletoriedad se observa de leyes generales a leyes especializadas, tomando en cuenta que aquellas establecen los principios aplicables a la regularización de la ley suplida, por lo que ve al tema que nos ocupa, se da la supletoriedad porque así lo precisan dos artículos de la ley, pero coincidencia entre los ordenamientos anotados no existe; partiendo de la base de que se trata de dos derechos distintos, y si bien el agrario es un derecho especializado y el civil federal general pero para su rama o división, de tal suerte que no se logra la conexión de ambos derechos, vamos no hay punto de coincidencia ya que ambos se repelen o como dijo Edilberto Esquivel -secretario general de Acuerdos del Tribunal Agrario XXXVI- los comuneros no consienten al derecho civil, lo que evidencia lo irreconciliable de ambas ramas del conocimiento humano.

Por lo anterior se impone una pregunta ¿Pero entonces qué hacer ante la realidad legislativa? y la respuesta está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto el último intérprete de todas las normas en este país, misma que afortunadamente ha matizado en cuando menos tres jurisprudencias respecto de la supletoriedad, que son las que aparecen con motivo de la consulta para este artículo, en la primera hablando de sucesión testamentaria señala que no es posible aplicar el procedimiento civil cuenta habida, que la ley de la materia establece el procedimiento administrativo para designar sucesores, por tanto al estar regulada la manera de nombrar herederos no se hace necesario tramitar una sucesión testamentaria; con respecto a la segunda señala que al existir medios de impugnación en la ley agraria, no es dable suplir con otros que estén considerados en el Código Federal de Procedimientos Civiles como es el de revocación, ya que la supletoriedad de ese Código es sólo para cuando no se encuentre regulado el procedimiento o el mismo esté tratado de manera deficiente, lo que no ocurre en la especie y finalmente señala el más alto tribunal del país, que en tratándose del ofrecimiento de la prueba confesional no aplica la supletoriedad, por tanto ésta no se debe ofertar como se hace en la materia civil, es decir acompañada del pliego de posiciones, toda vez que riñe con el juicio oral agrario, en él no se hace necesario acompañar los posicionamientos del oferente de la prueba, pues el requisitos en todo caso es anunciar que se habrá de interrogar mediante el pliego correspondiente a la contra parte; luego entonces por trastocar el principio de la oralidad, que se encuentra en la parte sustantiva de la ley agraria, no es factible aplicar el procedimiento del Código Federal de Procedimientos Civiles; con lo anterior la Corte a partir de estas y otros pronunciamientos está cumpliendo con su deber de interpretar, además está haciendo una defensa del contenido social del derecho agrario; pero ello no es suficiente, ya que tener que acudir con tanta frecuencia a esa instancia, retarda la justicia pronta y expedita que requieren los hombres del campo; por lo que se impone modificar ese yerro legislativo y promulgar un Código Agrario de Procedimientos que contenga los principios de ese derecho.

Expediente de varios. Jacqueline Peschard en su artículo de opinión de esta semana en el Universal intitulado anticorrupción y federalismo, señala que solo 10 estados cuenta con legislación anticorrupción y dentro de ellos no aparece Michoacán, urgiendo la Presidente del Sistema Nacional Anticorrupción a las legislaturas faltantes a que se avoquen al tema dada la fecha fatal 18/07/2017 de la entrada en vigor del sistema en todo el país, destacando la falta de sintonía con los ordenamientos federales de la materia y a manera de denuncia señala que algunas legislaturas les ha ganado la tentación de nombrar al Comité de Selección que habrán de designar a los 5 ciudadanos que conformaran el comité ad hoc y que incluso no tienen las mismas atribuciones que en el plano federal; con lo que llama la atención a las legislaturas locales a no confundirse y abandonar el proyecto ciudadano que es lo que podrá dar los resultados deseados.

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