Julio Santoyo Guerrero
Crónica de 3 desacatos o el reto a las instituciones ambientales
Lunes 28 de Marzo de 2016
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Todo ciudadano sabe que infringir la ley trae consecuencias, que el Estado de Derecho nos impone obligaciones para gozar de las libertades que disfrutamos. Sabemos que las instituciones deben funcionar oportunamente y eficazmente, que ellas son las reglas del juego en una sociedad, que si ellas fallan se cuartea el Estado de Derecho y se abre la puerta al infierno de la ley del más fuerte, a la ley de la selva.

Por eso sorprende que en el caso del ecocidio del predio reclamado por la comunidad de San Pedro, en el municipio de Madero, las autoridades competentes, tanto la Semarnat como la Profepa, aparezcan como testigos de piedra y estén permitiendo que se sigan cometiendo delitos ecológicos que, conforme a las leyes que estas instituciones tienen que hacer valer, deben ser sancionados severamente.

Que una persona, ajena a la población, con el afán de lucro haya tomado la decisión de delinquir, primero apropiándose fraudulentamente de un predio de 35 hectáreas propiedad de la nación que siempre estuvo bajo el cuidado de la comunidad, y luego explotándolo a pesar de que expresamente un juez federal dictara la suspensión de toda explotación, puede explicarse por la enfermiza ambición de un sujeto con una personalidad torcida por la codicia, pero que las instituciones del Estado creadas para proteger el medio ambiente y castigar a los infractores no actúen, sean omisas y en los hechos permitan el ecocidio es francamente condenable, es intolerable.

En el mes de noviembre del pasado año, a partir de la denuncia realizada por la comunidad, se señaló oportunamente en este mismo espacio que el delincuente Ramón S. Sansón pretendía robarse este predio, que es parte vital en la subcuenca hidrológica forestal de Porúas, Ziparapio, San Pedro, Peña Tajada, Angandio y Etúcuaro, y que había comenzado a talar, a hacer cambio de uso de suelo, quemar, a modificar la topografía con maquinaria pesada y a vender parcelas. Y las instituciones protectoras del medio ambiente callaron.

En el mes de febrero de este año la comunidad de San Pedro obtuvo del juez Séptimo de Distrito el amparo para que el predio en cuestión no fuera explotado, y ante él se hizo constar que dicho predio en realidad era propiedad de la nación lo que se demuestra con la Escritura Pública número 31,630 de fecha 5 de octubre de 1973, otorgada ante la fe pública del licenciado Pedro del Paso Carrara, notario público número 65 en la Ciudad de México, la que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad Local con fecha 29 de noviembre de 1973 con los folios 169959, 86556 y 24193. Y las instituciones ambientales no hicieron nada y permitieron que el delincuente continuara talando.

En el mes de marzo el mismo juez Séptimo de Distrito otorgó sucesivamente no uno sino tres acuerdos que generaron primero una suspensión provisional de toda explotación de los recursos naturales, luego una segunda suspensión definitiva de toda explotación de recursos naturales, y finalmente una tercera el 17 de marzo que indica: "Se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria definitiva dictada el siete de marzo de dos mis dieciséis, la cual se concedió para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo la explotación de los recursos naturales en los terrenos. Atento lo anterior, requiérase al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en esta ciudad, para que dentro del términos de tres días, contados a partir de su notificación informe las medidas tomadas para dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa". Pero a la fecha 28 de marzo la explotación continúa y las instituciones protectoras del medio ambiente, al igual que el delincuente ecocida, desacatan la ley una y otra vez.

La tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la quema y el daño a los ecosistemas son invaluables
La tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la quema y el daño a los ecosistemas son invaluables
(Foto: Especial)

La tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la quema y el daño a los ecosistemas en esta área son invaluables. De acuerdo con las autoridades de la comunidad sólo en daños por robo de madera y daño a la flora el costo asciende a más de diez millones de pesos. Y todo ello se ha hecho a pesar de que la comunidad tiene ganado un amparo y tiene tres acuerdos a su favor para que se suspenda toda explotación de los recursos naturales desde inicios de marzo. Pero nada de eso ha pasado. Los delincuentes siguen talando, siguen sacando madera, apoyados por pistoleros y con el silencio e inacción de las instituciones cuyos funcionarios juraron hacer valer la Constitución.

Los delitos ambientales que ha cometido el grupúsculo de infractores deben ser castigados, y es la exigencia de la comunidad. No puede haber impunidad, debe imponerse el Estado de Derecho. Las leyes ambientales son claras al respecto. La cárcel es su sitio. Las instituciones deben proceder ya o el informe que les solicita el juez tendrá dos palabras: devastación total. Entonces, para la vida del ecosistema de esta subcuenca, será demasiado tarde. Hay daños que no se restablecen con dinero.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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