José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El debido proceso, dos criterios
Sábado 1 de Abril de 2017
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El debido proceso penal está compuesto por una serie de garantías, entre otras, respetar la integridad física y moral de las personas desde el momento de su detención y durante toda la etapa de su cautiverio, y de manera particular a no arrancarles con violencia una confesión del delito que se les imputa; es decir que la Policía, al momento en que realice una detención, deberá respetar la integridad física y moral del imputado y no coaccionar su declaración para no violentar su derecho humano a permanecer en silencio o a no autoincriminarse, ya que de lo contrario su declaración en esas condiciones se convierte en una prueba ilícita.

Ahora analizaré dos amparos directos resueltos por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en Michoacán, y en ambos los quejosos, entre otras violaciones de procedimiento, alegaban actos de tortura.

Primer caso. Homicidio de un octogenario en venganza porque esté había dado muerte al hermano del homicida en el mismo evento. Resulta que derivado de un desagüe que divide a dos parcelas indistintamente y ante la falta de cuidado en el desalojo de las aguas, las mismas se vertían para uno u otro lado causándose molestias mutuas dependiendo de quién estuviera desalojando el agua, situación que había creado rencillas y el día de los hechos se encontraron el hombre mayor de edad y uno de los dos hermanos propietarios de la otra parcela haciéndose de palabras y retándose a muerte, por lo que el adulto mayor, en un momento dado, le manifestó a su contrincante que iría por un “fierro para darse en la madre”. Acto seguido se fue a su casa y poco tiempo después regresó con una pistola, donde ya lo esperaba la persona con la que había discutido, el que para entonces ya estaba armado, y sin permitirle bajar de su camioneta lo recibió a balazos, razón por la que el señor grande se cubrió con su camioneta y desde ahí repelió la agresión, acertándole un disparo y dándole muerte a su contrincante. Enseguida salió de un chiquero de puercos donde se encontraba realizando labores el hermano del occiso, sustituyéndolo en la reyerta, por lo que nuevamente hubo fuego cruzado, pero en esa refriega quien cayó abatido fue el octogenario, razón por la que el homicida llamó a la Policía y esperó a su llegada, siendo requerido en ese momento para su declaración ministerial, ante quien confesó la muerte de su vecino de parcela, quedando detenido por homicidio y consignado al Juzgado correspondiente, donde se calificó de legal su detención y se le sujeto al término constitucional, dentro del cual se le tomó su declaración preparatoria (“yo sólo me defendí y disparé el arma”), por lo que al resolverle su situación jurídica le dictaron un auto de formal prisión y de sujeción a proceso, y una vez que el procedimiento se desarrolló por todas sus etapas se dictó sentencia condenatoria de 16 años de prisión, misma que apeló y la Sala le redujo la condena a quince años, sin embargo, inconforme con la resolución la recurrió en amparo directo, incorporando en los conceptos de violación la tortura, argumentando que derivado de la detención, al momento del levantamiento del cadáver, los policías ministeriales lo tuvieron en la oficina de aquellos presionándolo y torturándolo psicológicamente –sin precisar en qué consistieron unas y otras y sin haberlo señalado o hecho valer como defensa dentro de la instrucción–, resultando que esa sola afirmación fue razón suficiente para que el colegiado le otorgara el amparo al quejoso por unanimidad para que la magistrada instruyera al juez de la causa para que realice “la investigación correspondiente a los actos de tortura de que se dijo objeto el peticionario de amparo; por lo que se deberán practicar los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul (es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún maltrato) bajo su más estricta responsabilidad, a fin de determinar la existencia o inexistencia y, en su caso, el alcance que los actos de tortura denunciados (eventualmente acreditados) que tuvieron en el proceso, ya que al comparecer ante el Ministerio Público investigador en el delito que se le atribuye, confesión para la cual, al declarar en preparatoria, alegó que fue torturado (esto último es una conclusión a la que llega indebidamente el colegiado, pues de actos no se desprende tal queja)”. Amable lector con la anterior determinación se cumple el debido proceso penal ya que el colegiado, cumpliendo con las garantías del justiciable, ordena una investigación al más alto nivel científico, obligando a una nueva sentencia a partir de dichos estudios; sin embargo, la tortura es un ardid del abogado defensor para obligar a la práctica de pruebas, que tengo la certeza darán un resultado negativo, ya le daré cuenta, amable lector del desenlace, pero no se vale que los litigantes, en aras de liberar a un homicida confeso, provoquen un trabajo adicional a los juzgados, pero en acatamiento al debido proceso, que se practiquen las pruebas.

Segundo caso. Homicidio de un joven por un grupo de amigos “por pasado de lanza”. Los hechos son los siguientes: En la ciudad de Uruapan, Michoacán, un grupo de tres jóvenes reciben una oferta de “trabajo” para darle una “calentadita” a un muchacho que se metió a robar a la casa del que los contrató y ellos, a su vez, hacen partícipe de ese “jale a El Memín”, diciéndole que habrá cinco mil pesos para él, a lo cual accede y el día de los hechos llega al punto de reunión y a la víctima, que era de su grupo social, lo invitan a una fiesta. Cabe hacer la aclaración de que el que dirige al grupo es hijastro del que robaron y es el que conduce una camioneta Blazer en la que se sube la persona que van a ultimar y dos más se desplazan en un auto compacto, los dos vehículos enfilan para la salida a Apatzingán, Michoacán, y en un momento dado se incorporan a una área de pinos donde se estacionan y la víctima se sorprende pues no había fiesta, y en ese momento el conductor de la Blazer lo amarra con una sudadera y lo baja maniatado, momento en el que todos lo empiezan a golpear, ensañándose el hijastro, por lo que sus amigos le gritan “cámara, ya estuvo, dijeron que era una calentadita”, y para, ordenando que lo suban a la camioneta y ponen en marcha los vehículos sin rumbo fijo, y en determinado momento se internan hacia una huerta de aguacate donde, el de la camioneta, les ordena a sus amigos que lo bajen, y una vez en el suelo lo golpea con un bate de beisbol y enseguida saca una pistola y se la da a uno de sus compañeros para que dispare y mate a la víctima, el que no acepta y pretende que otro lo haga, el que también se rehúsa, conminándolo el resto del grupo para que no mate al entonces lesionado, lo que lo encoleriza y les grita “ábranse”, y descarga dos impactos sobre la víctima, provocándole la muerte. El Memín se sube en el vehículo chico para regresar a la ciudad, tiempo después es detenido y sujeto a proceso por homicidio en grado de participación, ya que en sentencia concluye el juez que hubo participación, condenándolo a 26 años de prisión. Durante su declaración preparatoria El Memín mencionó que sus agentes captores, desde que lo detuvieron, lo golpearon. Se apeló la sentencia definitiva y en la Sala sólo le redujeron un año de prisión, razón por la que se interpuso el amparo, el que le concedieron para el efecto de razonar su participación. Hecho lo anterior, la Segunda Sala Penal del Estado emite una nueva resolución ratificando su participación en el ilícito, razón por la que se interpone un segundo amparo, como ya se comentó, haciendo valer la tortura que ejercieron sus captores; sin embargo, en este asunto el mismo colegiado negó el amparo a pesar de la oposición de uno de los magistrados, que en su voto particular señala: “Me permito diferir del sentido en que mayoritariamente se votó en este asunto por lo siguiente: en un amparo anterior se ordenó que se examinara la responsabilidad (de El Memín) al estimarse una deficiente motivación respecto de la forma de intervención, pues no se precisó cómo es que con la conducta realizada por el aquí quejoso se constituyó un apoyo consciente y eficaz para privar de la vida a la víctima del delito (…) y en el caso particular, al examinar la demanda de amparo que le dio origen, como hecho notorio, se advierte que el quejoso sí hizo valer como violación procesal los actos de incomunicación y violencia que en su agravio ejercieron los agentes policiacos durante el lapso de su detención, al referir en su declaración preparatoria: ‘Y ya cuando me subieron a la camioneta estaba Fidel detenido, cuando entramos al Ministerio Público nos separaron. A mí me mandaron a un cuarto de los expedientes y me empezaron a golpear, después me sacaron a declarar a las cuatro de la mañana y les decía que no quería hacerlo porque no tenía licenciado y ellos declaraban a su modo, y ya cuando tenían la declaración me decían que si aceptaba y les decía que no y me seguían golpeando’, manifestaciones sobre las que no nos pronunciamos en el anterior amparo y resulta oportuno hacerlo en éste y no hacerlo sería en perjuicio del quejoso por haberse hecho valer en tiempo y forma, pues ello equivale a imponer al gobernado la consecuencia derivada de la desatención del Tribunal de Amparo en el cumplimiento de la obligación de estudiar las violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo, ya que existe la obligación de pronunciarse sobre todas ellas máxime que se hicieron valer. En ese tenor, estimo, toda vez que la declaración ministerial rendida por el quejoso fue apreciada por el tribunal responsable al emitir el acto reclamado a efecto de sustentar la determinación sobre la responsabilidad penal del quejoso, la misma debe ser sujeta a un estricto escrutinio de legalidad y verificar si la misma se obtuvo o no mediando los actos de tortura denunciados por el promovente del amparo, esto mediante la investigación que al efecto desahogue el juez de la causa conforme a los parámetros internacionales establecidos para ello, y de ser el caso de comprobarse la veracidad de lo denunciado por el promovente, excluir esa declaración del caudal probatorio; por el contrario, ahora sí, la autoridad jurisdiccional ordinaria estará en aptitud legal de justipreciarla para todos los efectos legales (…) Con ese alcance es que estimo debe concederse la protección constitucional al quejoso y no negarla, como aprobó la mayoría”.

Aquí se impone la pregunta: ¿Por qué en un amparo que se hace valer la tortura en dos palabras por unanimidad se acepta? Y en otro, ¿donde hay manifestación expresa de torturas se niega el amparo? Es que, ¿hay dos parámetros diferentes en el Tribunal Colegiado Penal –en Michoacán– para resolver sobre una misma situación? Los derechos humanos deben tener una aplicación plena y la Corte debe marcar la pauta en ese sentido, dejándose de balbuceos jurídicos al resolver asuntos donde le sean planteadas violaciones a los mismos y resolver en estricto respeto a los derechos humanos, en este caso los jurisdiccionales, el debido proceso, aunque ello implique la libertad como en el último de los asuntos reseñados.

Expediente de varios. El Partido de la Revolución Democrática, en conferencia de prensa de esta semana que concluye, a propósito de su agenda legislativa, señaló como uno de sus pendientes una participación muy importante para tener un Sistema Estatal Anticorrupción acorde con las necesidades que en esa materia requiere la sociedad michoacana.

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