Eduardo Nava Hernández
Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra
Jueves 30 de Marzo de 2017
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En 1952 el mundo y México se encontraban de lleno avanzando en una nueva etapa del capitalismo. Siete años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial se había cerrado, con ella, ese singular periodo de la historia mundial que conocemos como de Entreguerras, entre la inédita ruptura del mercado mundial iniciada en 1914 con la gran conflagración europea y la Gran Revolución de Octubre en Rusia, que sustrajo al país más extenso del orbe de ese sistema internacional, y el inicio de la era atómica con el lanzamiento de dos bombas sobre ciudades japonesas en agosto de 1945. En medio, una crisis catastrófica como la de 1929, que terminó de desmembrar el sistema mundial y llevó a la ruina aún a las más poderosas potencias del orbe, obligándolas a retraerse hacia el interior en busca de las vías para superarla.

En 1961 se unió al Movimiento de Liberación Nacional convocado por el general Cárdenas para respaldar a la Revolución Cubana y enfrentar las estrategias desplegadas por el imperio estadounidense para impedir que ésta influyera en el resto del hemisferio
En 1961 se unió al Movimiento de Liberación Nacional convocado por el general Cárdenas para respaldar a la Revolución Cubana y enfrentar las estrategias desplegadas por el imperio estadounidense para impedir que ésta influyera en el resto del hemisferio
(Foto: TAVO)

Durante esas décadas, un auténtico paréntesis en el desarrollo capitalista en el que por primera vez desde el siglo XVI la acumulación dejó de depender del mercado mundial, se debilitaron los imperios antiguos y los de cuño reciente y pudieron florecer formas diversas de nacionalismo económico, político e ideológico, tanto en los países más avanzados como en los dependientes. No sólo la Rusia revolucionaria se había sustraído en gran medida al mercado mundial y había comenzado a ensayar una vía distinta, no capitalista, de desarrollo de las fuerzas productivas. La derrotada Alemania, humillada y obligada tras la Primera Guerra Mundial a pagar altísimas indemnizaciones a las potencias triunfantes, había lamido sus heridas y procreado en el huevo de la serpiente los afanes revanchistas que llevarían a la segunda gran conflagración planetaria, aún más sangrienta que la primera. Aun Estados Unidos, en ascenso constante desde mediados del siglo XIX, frenó su expansión tras la Gran Crisis y tuvo que mirar hacia la reconstrucción de su mercado interno ensayando el nuevo pacto entre estado, capital y trabajadores.

Pero también en algunos de los países financieramente dependientes se había experimentado con formas inéditas de nacionalismo para tratar de emerger de entre las ruinas que, sobre todo en el sector externo, había dejado el derrumbe de 1929.

En México, en 1938, el Estado y el pueblo habían desafiado a los más poderosos imperios del mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña, expropiando sus empresas petroleras en nuestro territorio. La hazaña cardenista no sólo unificó a la nación como nunca lo había estado desde su independencia; sentó un precedente cuyo éxito no pudo ser replicado por la Revolución boliviana de 1952, la guatemalteca de 1954, ni las nacionalizaciones de Torres en Perú o Allende en Chile en los 70.

En la segunda posguerra sólo la Revolución Cubana, más radical que la mexicana, fue exitosa como ésta en realizar una profunda reforma agraria y nacionalizar las principales fuentes de riqueza, en su caso, la azucarera y la tabacalera. Esa segunda posguerra vio el declive de los viejos imperios coloniales y los procesos de emancipación de Asia y África; pero también el apogeo del neocolonialismo y las diversas formas de dependencia impuestos por la nueva potencia occidental, Estados Unidos. También vio el surgimiento de la guerra fría y la nueva división del mundo entre dos grandes esferas de influencia política y económica, la nación norteamericana y la Unión Soviética.

Para México, el fin del nacionalismo y del impulso social, político y económico que venía de la Revolución Mexicana inició con la Segunda Guerra Mundial misma y el ingreso de nuestro país a la conflagración. El presidente Manuel Ávila Camacho envió un escuadrón aéreo a la guerra del Pacífico para sumarse a las tropas estadounidenses que combatían al imperio japonés; y en lo político, esa subordinación militar se tradujo también en el realineamiento con el liderazgo de los Estados Unidos, en dejar de lado la lucha de clases, plenamente reconocida durante el cardenismo, y en llamados a la unidad y reconciliación nacionales.

Terminada la guerra, en México se eligió por primera vez desde Madero a un gobernante civil, Miguel Alemán Valdés, en un contexto de plena reintegración económica a la órbita estadounidense. Se refundó el partido oficial excluyendo al sector militar, se purgaron los sectores campesino y obrero de los dirigentes cardenistas y se fortaleció el llamado sector popular-CNOP, de donde habrían de salir en el futuro la mayoría de los dirigentes partidarios y sobre todo los presidentes de la República. Regresaron las inversiones extranjeras que abrieron, entre otras cosas, una nueva fase en la industrialización por sustitución de importaciones; también en el sector primario, como en la minería, y en los servicios, como el comercio y el turismo. Hubo regresiones en la reforma agraria, como la ampliación de la extensión de la llamada pequeña propiedad, sobre todo para fomentar las exportaciones agrícolas.

Al mediar su sexenio, Miguel Alemán consideró que era el tiempo de abrir paso al capital externo también en el nacionalizado sector petrolero. Lo hizo por medio de los llamados contratos riesgo, firmados desde 1949, que implicaban la asociación de Pemex con un puñado de empresas extranjeras o de apariencia mexicana pero con capital extranjero, compartiendo inversiones y beneficiándose de la renta petrolera en la exploración y extracción de los hidrocarburos. Previamente, entre 1946 y 1948, se había lanzado la represión contra los dirigentes y secciones más combativos del sindicato petrolero, y se había expulsado a Vicente Lombardo Toledano de la dirigencia de la CTM para sustituirlo por el mucho más dócil al gobierno Fidel Velázquez Sánchez.

Aunque sí había intervenido en dos ocasiones, en 1944 y en 1946, para impedir que ese tipo de contratos de asociación se firmaran, para 1949 el general Cárdenas, ejecutor de la expropiación del sector, se había retirado por decisión propia de la política nacional y se concentraba en atender las necesidades sociales de la Cuenca del Tepalcatepec, en Michoacán, mientras el proyecto de recuperación capitalista e imperialista de la economía avanzaba en el resto del país.

Fue entonces que apareció la voz de Natalio Vázquez Pallares, diputado cardenista de origen michoacano y en ese momento presidente de la Comisión de Petróleo de la Cámara Baja que había llegado a la política por sus convicciones sobre lo que el general jiquilpense llamaba el proyecto social de la Revolución Mexicana. Hombre sin duda de izquierda dentro del régimen surgido de la propia Revolución, Vázquez no dudó en ese momento en salir a la palestra a oponerse al proyecto presidencial de desnacionalización de los recursos petroleros. Escribió a mediados de 1952 20 artículos publicados en el periódico El Popular, en los que analizaba detenidamente el papel del petróleo nacionalizado en la economía nacional y el que correspondía a las recién llegadas empresas extranjeras, titulares de los contratos de riesgo. “El propósito evidente de Petróleos Mexicanos —denunció Vázquez Pallares— de enajenar nuestra riqueza petrolera entregándola paulatinamente a manos extranjeras se revela, sin lugar a dudas, en el trato que da a compañías mexicanas perforadoras, a las que sí se hace cumplir con la ley pagándoles por metro perforado o por pozo terminado, en tanto que a las compañías norteamericanas se les entregan estructuras perfectamente localizadas y probadas, se les paga con petróleo al capital invertido y se les regala el quince por ciento en la producción total del pozo por un periodo de 25 años”.

Las denuncias de Natalio en esos artículos no fueron en vano. A partir de su publicación se suspendió definitivamente la asignación de los contratos de riesgo a las compañías extranjeras. En 1960, ya en el gobierno de Adolfo López Mateos, se reformó el artículo 27 de la Constitución para prohibirlos expresamente al inscribir en su texto: “Tratándose del petróleo o de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. Y en 1969 y 1970 con Gustavo Díaz Ordaz en la Presidencia y Jesús Reyes Heroles al frente de Pemex se negoció la terminación anticipada de los contratos heredados del alemanismo y el periodo de Ruiz Cortines.

Como todos sabemos, ese triunfo en la defensa de nuestros recursos energéticos es, por ahora, sólo parte de la historia y no de nuestro presente. Desde diciembre de 2013 la exclusividad de la nación en la propiedad de los bienes del subsuelo fue revertida por el Congreso federal a propuesta del gobierno nuevamente priista encabezado por Enrique Peña Nieto. Se ha eliminado del texto del artículo 27 constitucional la expresa prohibición de otorgar contratos a particulares para la extracción de hidrocarburos, que ahora puede realizarse de manera similar a la diseñada en los tiempos del alemanismo con los entonces llamados contratos riesgo, obligando a Pemex a competir con otras empresas por las asignaciones de áreas de exploración y explotación de petróleo o gas natural. A la empresa pública, sin embargo, no se le ha otorgado autonomía financiera ni fiscal, y los precios de sus productos seguirán siendo determinados por la Secretaría de Hacienda. Sus condiciones para competir realmente con las entidades privadas resultan, así, desde el inicio desventajosas. Del mismo modo se ha liberalizado la participación de particulares en la generación y distribución de energía eléctrica, convirtiendo a la empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad, en sólo un jugador más en el mercado que tiene que competir en “igualdad de circunstancias” con cualquier otro que obtenga concesiones para ello.

Con esto baste para afirmar que a pesar de mantenerse en el texto constitucional la propiedad formal de los recursos del subsuelo, se ha revertido no sólo la reforma de 1960, sino el sentido del acto reivindicatorio del 18 de marzo de 1938. De nada sirve esa propiedad originaria de la nación si la extracción, transformación y comercialización, y por tanto la renta petrolera, quedan en manos de particulares y no de la nación. En la era del capitalismo ultraliberal depredador en que vivimos, y que ya toca a su fin, ideales nacionalistas y populares como los de Lázaro Cárdenas, Francisco J. Múgica y Natalio Vázquez Pallares, entre otros, no tienen cabida, aunque por un largo periodo hayan servido para frenar la privatización de los recursos energéticos y fortalecer a la nación ante los embates del capital transnacional.

Quien en 1952 salía a la escena nacional a defender esos recursos había nacido en 1913 en el pequeño poblado de Coalcomán, Michoacán, de una familia acomodada para su medio geográfico y social. Tras cursar la enseñanza primaria en su pueblo natal se trasladó a Morelia mediante una modesta beca para estudiar la secundaria y la preparatoria. Se hizo nicolaita en el Colegio de San Nicolás e inició luego estudios de Medicina y de Derecho en la propia Universidad Michoacana. Se trasladó luego por breve tiempo a la Universidad de Guadalajara, donde al calor de la reciente reforma que introdujo en el artículo 3º el postulado de la educación socialista, fundó con otros jóvenes inquietos la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente. Regresó a Morelia a terminar sus estudios y a titularse de abogado en febrero de 1938. Ingresó a la cátedra y desde ahí, con otros nicolaitas como Antonio Arriaga Ochoa, José Cortés Marín y el todavía estudiante de Derecho David Franco Rodríguez, dio impulso a una reforma universitaria que colocara a la Universidad Michoacana en consonancia con la educación socialista. El 4 de febrero de 1939 fue designado rector de la institución por el gobernador Gildardo Magaña, contando a la sazón con 26 años de edad. Fue el presidente de la Federación de Estudiantes, Franco Rodríguez, y no el gobernador Magaña, quien le tomó la protesta como rector.

Desde la Rectoría y pese a que su periodo en ella fue breve, Natalio Vázquez Pallares dio forma a la nueva Ley Orgánica promulgada en marzo de ese año como un ordenamiento fuertemente impregnado del ideario social de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 y también del marxismo, que le dieron en su conjunto un tinte progresista y socialista. Al promulgarla el gobernador Magaña, declaró que entregaba la Universidad a sus estudiantes; y en efecto, en ese ordenamiento se constituía un Consejo Universitario, donde los alumnos se encontraban en paridad frente a los docentes y las autoridades. El rector era designado por el gobernador de una terna integrada por el Consejo Universitario y los directores de escuela nombrados por este órgano de ternas formuladas por los consejos de escuela. Para ser rector o director de escuela era necesario, como requisito, ser de “reconocida ideología socialista”. Además, esa ley estableció por primera vez en la Universidad derechos fundamentales para sus trabajadores como la inamovilidad de los docentes universitarios y el derecho al retiro tras 25 años de servicio y con goce de salario integrado, derecho al cual hoy, sin evidencias, se busca responsabilizar del déficit financiero de la institución, cuando las raíces de éste se encuentran en la insuficiente asignación presupuestal por los órdenes federal y local y en el manejo de la misma sin transparencia ni responsabilidades por las administraciones universitarias.

Los trabajadores sindicalizados de la institución sabemos que esos derechos laborales no pueden ser puestos a discusión en foros abiertos a la opinión de quienes no son sus titulares, y menos cuando tales escenarios son convocados por un órgano al que la ley no le otorga facultades para ello. Tampoco están sujetos esos derechos a modificaciones unilaterales por el Poder Legislativo o ninguna otra instancia donde los universitarios mismos no sean parte de la decisión.

Vázquez Pallares dejó la Rectoría para integrarse al servicio público como procurador de Justicia con el gobernador Félix Ireta Viveros. Fue también diputado local y diputado federal, puesto desde el cual su obra más importante fue la defensa ya referida de los recursos petroleros de la nación ante el regreso del capital transnacional al sector propiciado por el alemanismo. Por esa defensa, al terminar su periodo como legislador, fue marginado y perseguido políticamente. Sólo en 1958 regresó a la política nacional como senador por el estado de Michoacán. Desde ese cargo desplegó sus esfuerzos en la defensa de sindicatos como el de ferrocarrileros y, sobre todo, de los bosques de las comunidades indígenas de Michoacán y otras regiones del país. En 1961 se unió al Movimiento de Liberación Nacional convocado por el general Cárdenas para respaldar a la Revolución Cubana y enfrentar las estrategias desplegadas por el imperio estadounidense para impedir que ésta influyera en el resto del hemisferio. En 1962 fue un fuerte aspirante a gobernador, vetado sin embargo por el presidente López Mateos. Fue también presidente del Movimiento Mexicano por la Paz y miembro de la presidencia colectiva del Movimiento Mundial por la Paz.

Ocupó Vázquez Pallares varios otros cargos, muy variados, en los últimos años de su vida, entre los que destacaron el de embajador de México en Yugoslavia y director gerente del Banco Nacional de Crédito Agrícola en el gobierno de Díaz Ordaz; oficial mayor de la CNC y subdirector del Fondo Nacional de Fomento Ejidal durante el de Luis Echeverría; coordinador general del Cuerpo Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, director fundador del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México y director del Instituto de Capacitación Agraria en el gobierno de José López Portillo, cargo en que se desempeñó hasta su muerte, el 26 de marzo de 1981.

Desde todos esos cargos mantuvo su lealtad a los ideales de la Revolución Mexicana. Al término de su periodo en el Senado, en un desplegado en que daba cuenta de su gestión, manifestó: “Desde el Senado de la República llegué al convencimiento, aún más sólido y definitivo que nunca, de que el devenir más fructífero de la nación no tiene sino un solo camino verdadero: el de la prosecución acelerada de los métodos y las metas justicieras que se sintetizan y expresan en los logros y carencias de la Revolución Mexicana”.

Hoy vivimos nuevamente tiempos aciagos. Como en el periodo de Entreguerras de hace un siglo, que en México se vivió como un conflicto armado y sus consecuencias en los grandes cambios sociales y políticos que de él derivaron, como en la Segunda Posguerra que implicó también un reordenamiento mundial. Nos toca como país y en el mundo vivir un cambio de época con implicaciones civilizatorias frente a un orden que se agota, no sin dejar tras de sí secuelas perdurables y grandes amenazas de todo orden a las que las nuevas generaciones tendrán que hacer frente.

Seguramente que en el siglo XXI la orientación y la guía para esa tarea no será únicamente la del gran movimiento social y político vivido por el país en la segunda década del siglo XX, pero tampoco esa experiencia, grabada aún en la memoria y el imaginario popular, será desechada, como ninguna de las grandes gestas emancipadoras de nuestra historia. Y sobre todo, cuando el pueblo mexicano emprenda la tarea de recuperación de su soberanía y de reconstrucción de los poderes públicos para ponerlos cabalmente al servicio de sus propios intereses históricos y no al de los grandes propietarios del capital, volver al pensamiento y a la vida de Natalio Vázquez Pallares puede ser no sólo estimulante, sino necesario. Para Michoacán y para México, Natalio será siempre en ese proceso una fuente de pensamiento y un ejemplo vital.

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