José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La suspensión en el amparo y en otros procedimientos
Sábado 25 de Marzo de 2017
A- A A+

En memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Los estados constitucionales de derecho como el nuestro tienen el propósito de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y sin duda en México el procedimiento que lo ejecuta de mejor manera es el amparo o también llamado juicio de derechos fundamentales por Ferrer Mc. Gregor desde 2011. En efecto, las garantías individuales, los derechos sociales y todos los derechos humanos que se encuentran en cualquier tratado internacional que haya firmado nuestro país, son motivo de una protección Constitucional a través del juicio de amparo, y de manera significativa dentro de éste procedimiento encontramos a la suspensión, que es una medida provisional, mediante la cual la autoridad jurisdiccional ordena que cese el acto de gobierno, para que deje de oprimir al peticionario de amparo, es decir que mientras dure el trámite del amparo el gobernado tiene garantizada la suspensión del acto reclamado. Pero la suspensión no es un asunto de dispendio jurídico o bondad del sistema mexicano, ya que el juzgador antes de concederla, siempre debe pensar en el perjuicio social que puede acarrearle a la sociedad o al orden público en consecuencia no porque se solicite, en forma automática se va a conceder; no, nos debe asistir la razón jurídica al pedirla y ser un acto de imposible reparación lo cual significa una urgencia para concederla la suspensión ya que de persistir la molestia que causa algún acto de gobierno, para cuando se resuelva el ampro ya no tiene razón de ser, porque se habría perdido la libertad, se habría materializado el lanzamiento o se nos habría obligado a pagar el impuesto, he ahí la importancia de la medida cautelar –suspensión–, provisionalmente alivia la molestia del gobernado mientras resuelve de fondo el asunto, garantizando desde luego posibles daños y perjuicios del tercero interesado.

Luis Donaldo Colosio Murrieta
Luis Donaldo Colosio Murrieta
(Foto: Cuartoscuro)



Ahora analicemos dos procedimientos que también otorgan la suspensión con motivo de algún acto de gobierno que violación de derechos humanos con el mismo propósito que en el amparo, que el particular no siga sufriendo los perjuicios de un acto de autoridad, el que puede aclararse en sentencia, comenzando por el procedimiento administrativo que se lleva en el estado. El Código que regula los procedimientos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán establece la suspensión, regulándola para aquellos casos en que sea imposible restituir al particular en el goce de sus derechos, la que deberá concederse de oficio para esos supuestos, a semejanza del amparo la suspensión no se otorgará, cuando con la misma se cause perjuicio al interés social, al orden público o a terceros, el código en comento señala dos supuestos más donde no se concede la suspensión una es cuando el procedimiento de concederla se queda sin materia el procedimiento, es decir, ya nada tendría que resolverse de fondo en el asunto o en aquellos casos en que de concederse dejara sin efecto una norma. También refiere que la suspensión puede revocarse de oficio o a petición de parte, cuando las condiciones en que se otorgó hubieran variado, previa audiencia de las partes finalmente establece en el supuesto de créditos fiscales la garantía que se le fije al particular deberá exhibirse ante la autoridad responsable.

En el procedimiento agrario existen dos supuestos en los que se concede la medida precautoria de la que venimos comentando en ambos la suspensión se hace necesaria para impedir que un acto de gobierno, continúe afectando en este caso a campesinos, los dos casos se refieren a nulidades por parte de autoridades agrarias y dentro de la primera posibilidad están la Procuraduría Agraria e incluso la Presidencia de la República, cuando con su accionar modifiquen derechos de los hombres del campo; el otro supuesto se remonta a dos situaciones ocurridas en el siglo XIX que son aquellos casos en que los jefes políticos o los gobernadores de los estados hubieren realizado ventas para burlar la ley de 1856, cuyo propósito principal era quitarles la tierra a las corporaciones civiles y religiosas ya que constaban con grandes extensiones mismas que estaban ociosas y respecto de todos aquellos actos de autoridades federales que desde el 1° de diciembre de 1876 hubieren propiciado invasiones u ocupaciones ilegales de ejidos, situaciones que a pesar de haber ocurrida hace más de siglo y medio los poblados ejidales pueden hacer valer la nulidad correspondiente y de manera provisional obtener una suspensión de los actos de invasión en este último caso, con lo que tendría que restituírseles provisionalmente.

Expediente de varios. En esta semana en el Senado de la República a propósito de la designación del fiscal anticorrupción, se dio un movimiento que pone en entre dicho la imparcialidad al desestimar los trabajos de las comisiones y del grupo de acompañamiento los que habían seleccionado a cuatro personas con un perfil que garantizaría a criterio de ambos grupos un mejor perfil, a pesar de lo anterior el Senado solicitó la lista de todos los que comparecieron para seleccionar dentro de ellos al Fiscal, sin que para ello haya hecho valer razón alguna.

Por otra parte, en el plano estatal el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, envió una iniciativa de ley anticorrupción.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

El aeropuerto y su consulta

DEL 68 AL 2018

Las reformas a la ley burocrática del estado

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad