Julio Santoyo Guerrero
Delincuencia ambiental... ¡organizada!
Lunes 13 de Marzo de 2017
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Habían actuado con impunidad absoluta. La confianza que les da el poder del dinero les había llevado a actuar con tal descaro y prepotencia que la vida de los bosques y las aguas la estaban tomando como hoja de papel sanitario. El arrasamiento de bosques, la afectación a los caudales de ríos y arroyos y mantos acuíferos, el ecocidio de múltiples sistemas de vida, el deterioro de la calidad de vida de las comunidades afectadas por la devastación, siempre les pareció despreciable frente a la ganancia de su oro verde.

 En Madero el arrasamiento forestal ha sido inclemente e intenso en los últimos años.
En Madero el arrasamiento forestal ha sido inclemente e intenso en los últimos años.
(Foto: Cuartoscuro)

Y cuando finalmente la ley ha decidido intervenir suspendiendo huertas aguacateras instaladas casi sobre los troncones quemados de pinos y encinos, los amos de la impunidad ecológica, cuales lobos disfrazados de corderos, convocan a los aguacateros legales (pequeños y medianos y algunos grandes) para que se organicen contra el gobierno que, de acuerdo a la mentira manipuladora, "viene tumbando todas las huertas de aguacate y afectará nuestros honrados ingresos". Quieren protegerse atrás de los productores legales e incluso de los pequeños, esos que se integran por los pobladores de las localidades que convirtieron sus tierras ancestrales agrícolas en huertas. Los están convocando para echarlos por delante, para que el gobierno vea gente pobre y la sociedad crea que se trata de una afectación contra los que menos tienen. Lo mismo que hizo la delincuencia organizada hace algunos años movilizando gente del pueblo para impedir la actuación de la marina y el ejército contra sus zonas de control.

La ley en materia ambiental es bastante clara. Es ilegal el cambio de uso de suelo, y en Michoacán, de acuerdo con la autoridad respectiva, hace 20 años que no se autoriza nada al respecto, y además la ley prevé que los cambios de uso de suelo deben revertirse, es decir, quien lo propicia está obligado a reforestar y recuperar los ecosistemas dañados. Así que ese pequeño grupo de aguacateros que viola rutinariamente la ley no pueden sentirse sorprendidos por la acción gubernamental, es más, todos ellos tienen abogados que los asesoran y saben de las leyes respectivas, es decir, estos personajes actúan con premeditación y alevosía. Prácticamente todos los campesinos que viven en zonas con bosques conocen en términos generales las normas. Los aguacateros todos conocen las leyes, no pueden ahora desgarrarse las vestiduras proclamándose víctimas.

En días pasados, este tipo de malos aguacateros, indignados porque las autoridades ambientales están cumpliendo con la ley y suspendiendo huertas ilegales, han convocado a los buenos aguacateros (los que sí cumplen con la ley), a los pobladores y a sus propios trabajadores para que "se movilicen contra el gobierno" en la semana que ahora inicia. El propósito: que les legalicen las huertas ilegales y que se suspendan los operativos de protección forestal. O sea, delincuencia organizada. Con el mismo método que empleaba los Templarios, mover gente para asegurar la ilegalidad, en este caso para garantizar la continuidad en la tala de los bosques michoacanos. Malos huerteros que pretenden que las comunidades olviden que han desoído los llamados a dialogar para cuidar el medio ambiente y que han incumplido acuerdos básicos de convivencia con los pobladores para que respeten los usos de agua, o que incluso han ofendido y agraviado a las comunidades.

En Ocampo y en Madero la convocatoria a la ilegalidad ha sido visible, por fortuna ha sido un fracaso. En Madero el arrasamiento forestal ha sido inclemente e intenso en los últimos años. En la microcuenca de más de quince mil hectáreas figurada por el rectángulo que se forma entre Villa Madero, La Cruz Gorda, Santas Marías, Etúcuaro, y cerrando en Villa Madero se han deforestado más de dos mil hectáreas en los últimos tres años y los caudales del Río Porúas han mermado en un 50 por ciento. La tragedia ecológica está a la vista, no necesita indicadores más finos para identificarla. Las localidades en esta microcuenca han comenzado a padecer el acceso al agua y están perdiendo la competencia por ella frente a los métodos succionadores y erosionadores de los aguacateros. Las poblaciones hoy en día viven procesos de organización para la defensa de su entorno forestal y el acceso al agua para fines domésticos, agrícolas y para la ganadería, esta es una de las razones por la cual las localidades jamás aceptarán la convocatoria de quienes matan el futuro ambiental de sus raíces. Raíces que estos malos aguacateros desconocen porque no son nativos de la región y por eso mismo contratan mano de obra en su mayoría ajena a las poblaciones, para que no haya remordimiento en las quemas y las talas de bosque para cambiar el uso del suelo.

En la sierra de Madero, una parte de los capitales aguacateros floreció con el auge de la delincuencia organizada. Muchos predios cambiaron de dueño bajo la condición de escándalo que se denunció en 2013 por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán: jueces y notarios que bajo amenaza criminal cambiaron los títulos de propiedad. Por ejemplo, en 2012 en San Pedro, un predio de 67 hectáreas propiedad de la nación, bajo resguardo de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante la nulidad constitucional, fue escriturado a un particular, predio que hoy está explotando un aguacatero local, mismo que ha metido a sus trabajadores a chaleco a vivir en una finca propiedad de la nación para de ahí deforestar otros predios por él comprados y en el cual diariamente detona armas de fuego para amedrentar a los pobladores. El mismo al que le suspendieron una huerta el 10 de diciembre de 2016 por ecocida, y el mismo que en estos días continúa deforestando para hacer cambio de uso de suelo, importándole un cacahuate la ley y burlándose de las instituciones. De este tamaño es la calidad moral de quienes convocan y se rasgan las vestiduras en defensa de su disque "trabajo honrado".

Parece entonces que está surgiendo en el Estado la delincuencia ambiental organizada, cuyos objetivos son asegurar la impunidad y garantizar por la amenaza y el chantaje la continuidad en la deforestación y el cambio de uso de suelo. Si el gobierno lo permite, la crítica ruta que ya se ha seguido en los últimos años y que ha permitido la tragedia ecológica que hoy vemos dará paso en breve a un apocalipsis ecológico y social. Como sociedad debemos impedir que esta canallada logre perpetrar sus intenciones.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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