José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La nueva justicia laboral
Sábado 11 de Marzo de 2017
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¿Por qué cambiar la Ley Federal del Trabajo si su procedimiento es de tramitación ágil y breve, oral en varias de sus etapas, contiene una oportunidad inicial de conciliación previa al desarrollo del procedimiento con resultados más o menos favorables antes del planteamiento propiamente dicho del conflicto obrero-patronal? Será sólo porque el personal de la junta ha dejado de lado su labor de conciliador y sólo se limitan a preguntarle al abogado del patrón si trae propuesta de arreglo, y al haber abandonado esa habilidad para propiciar la conciliación los expedientes que no concluyen a través de un convenio, tardan en resolverse en promedio tres años, o porque la carga de trabajo ha empezado a superar al número de empleados de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dando lugar al rezago en su tramitación, o porque la percepción de los que estamos ajenos al litigio laboral es de que existe un maridaje entre los litigantes y el personal de las juntas especiales o la corrupción ha sentado sus reales para que prosperen demandas de trabajadores casi siempre incumplidos con sus obligaciones laborales, los que demandan sólo para obtener los últimos pesos que le pueden sacar al patrón vía convenio, ante la amenaza de que prosperen sus reclamos económicos al margen de la ley y resulte oneroso un laudo para el patrón o que prosperen demandas extemporáneas, o porque se prolongan los conflictos laborales en perjuicio de trabajadores por intereses de empresas y grandes consorcios comerciales amañados con las autoridades, o será por el protagonismo del personal de las juntas al hacer prevalecer sus criterios aún en contra de la ley, imponiendo a los litigantes su criterio, aunque después los juzgados federales se los revoquen, como consecuencia del amparo, o por la oposición de los abogados particulares a un arreglo para obtener un mayor beneficio económico en perjuicios muchas veces de sus clientes, sabiendo que el principio pro operario –en caso de duda se resuelve el asunto en favor del trabajador– al resolver el asunto beneficie casi siempre al trabajador y con ello al abogado sabe que llevar la representación del trabajador, casi siempre obtiene resultados favorables o cuando un trabajador que demanda a una empresa importante o poderosa económicamente le hacen la vida de cuadritos entre el personal de la Junta y el abogado patronal con la complicidad generalmente del licenciado del trabajador, para hacerle perder el asunto, ya que las grandes empresas prefieren darle dinero al abogado del trabajador antes que reconocer que se equivocó en el despido o que no le adeuda prestaciones económicas, lo anterior hace pensar en la existencia de un movimiento debidamente organizado para que sólo los abogados ganen o porque existen emplazamientos a huelga de litigantes sin escrúpulos, alegando la existencia de contratos colectivos de trabajo inexistentes y sin embargo la junta admite a trámite propiciando la obtención de unos miles de pesos para desistirse, con lo que se propicia otra forma de extorsionar a las empresas aparentemente de forma legal.

La iniciativa proponía romper paradigmas que constituyeran obstáculos o desviaciones, lo que hacía indispensable actualizar el marco jurídico procesal para hacerlo acorde a la realidad laboral nacional e internacionalizar
La iniciativa proponía romper paradigmas que constituyeran obstáculos o desviaciones, lo que hacía indispensable actualizar el marco jurídico procesal para hacerlo acorde a la realidad laboral nacional e internacionalizar
(Foto: Cuartoscuro)



En efecto, pese a las bondades del sistema de justicia laboral cotidiana a que me referí inicialmente, coexistían los vicios a los que hice referencia, aunado a que como órgano jurisdiccional las juntas estaban superadas por mucho, pues ya no es posible tratar los asuntos de trabajo con esa camaradería que más parece un mercado y un chantaje permanente que un procedimiento con el rigor y la seriedad que exigen los verdaderos conflictos de trabajo individuales o colectivos; por ello la iniciativa de decreto (28/04/2016) establece que está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. Igualmente que se debía eliminar todo elemento que convirtiera a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como a combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Por lo anterior, la iniciativa proponía romper paradigmas que constituyeran obstáculos o desviaciones, lo que hacía indispensable actualizar el marco jurídico procesal para hacerlo acorde a la realidad laboral nacional e internacionalizar, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensadas con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía.

En consecuencia, la iniciativa proponía una reforma partiendo de la judicialización de los órganos que imparten justicia en la materia laboral, la creación de centros de conciliación como una instancia prejudicial y de un organismo registral para la inscripción de los contratos colectivos de trabajo así como de los registros sindicales. La que en efecto fue aprobada esencialmente como se proponía, por lo tanto las juntas se transformarán en juzgados o tribunales, pasando a formar parte del Poder Judicial –de la Federación y de los estados respectivamente–, por lo que dejarán de ser políticos los juzgadores para ahora convertirse en personal especializados en derecho del trabajo, los que serán reclutados como se hace con los jueces de primera instancia, es decir, mediante proceso de selección para que accedan los más calificados, ya que a partir del tercer mes del año que entra se requerirá como mínimo para ser juzgador con capacidad y experiencia en materia laboral y con ello deja de ser el gobernador en turno quien coloque al amigo de su hijo en el puesto o se pague un favor de campaña; ahora, para la celebración de un Contrato Colectivo de Trabajo se debe acreditar que se cuenta con la representación de la mayoría de los trabajadores.

Por otra parte, antes de acudir a los tribunales de la materia, la persona que pretenda plantear un conflicto derivado del trabajo deberá acudir a un Centro de Conciliación obligadamente cuando menos una vez con el propósito de avenir sus diferencias con la patronal, pudiendo llevar a cabo tantas diligencias de conciliación como sea necesario siempre y cuando ambas partes así lo soliciten y en caso de arreglo la Ley Federal del Trabajo reglamentara la elevación a rango de sentencia el convenio y su ejecución; finalmente se creará un organismo descentralizado con funciones de registro para inscribir ahí los contratos colectivos de trabajo y a los sindicatos y los procesos administrativos de ambos.

La iniciativa transitó relativamente fácil, ya que en menos de un año había alcanzado la aprobación necesaria en todo el país para convertirse en reforma constitucional de los artículos 107 y 123, ya que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, y de acuerdo con el transitorio de la vacatio legis estará vigente para el 24 de febrero de 2018, por lo que en este año de preparación deberá primeramente adecuarse la Ley Federal del Trabajo para regular la transformación de la juntas actuales en tres funciones diferentes como son la jurisdiccional, registral y conciliatoria.

Expediente de varios. La reforma a la que me refiero en este artículo no contempla al apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que los empleados al servicio del Estado seguirán con el mismo procedimiento tortuoso y lento, muy lento. Hablando de trabajadores burocráticos el próximo lunes 13 y martes 14 de este mes de marzo, se realizará en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), ubicado en Ciudad Universitaria, el Coloquio “Contrastes y desafíos del derecho del trabajo burocrático”, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Comité de Festejos del Centenario de la Constitución y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Amable lector, está usted invitado.

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