Julio Santoyo Guerrero
Sierra de Madero: deforestó, robó, se burló de juez federal y está libre
Martes 22 de Marzo de 2016
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El génesis de la criminalidad está en la impunidad que obsequian por indolencia y corrupción las autoridades. Si la deforestación y muerte de ecosistemas avanza arrasadoramente en las montañas, valles y costas michoacanas es porque la ley es letra muerta y sólo justificación para que las respectivas oficinas ejerzan sus presupuestos.

Las comunidades, los pueblos, las rancherías, deben dar la lucha literalmente solos para hacer valer la ley y hacer respetar los ecosistemas
Las comunidades, los pueblos, las rancherías, deben dar la lucha literalmente solos para hacer valer la ley y hacer respetar los ecosistemas
(Foto: Cuartoscuro)

Cualquier viajero que transite la carretera Morelia- Villa Madero podrá cerciorarse de la criminal tala y cambio de uso de suelo que está ocurriendo diariamente. Desde la carretera pueden apreciarse cientos de hectáreas ayer pobladas de pinos hoy arrasadas. El estrepitoso fracaso de las políticas de protección ecológica está a la vista de todos los michoacanos, y sin embargo, no pasa nada. Las declaraciones no detienen el derribo de un sólo árbol.

Hechos vergonzosos como el ecocidio del manglar de Tajamar, en Quintana Roo, que corrió con la fortuna de encontrar un extraordinario eco de denuncia, son asunto ordinario a lo largo y ancho de la República, y son costumbrismo en Michoacán que quedan sepultados por el silencio. Las comunidades, los pueblos, las rancherías, deben dar la lucha literalmente solos para hacer valer la ley y hacer respetar los ecosistemas en los que habitan y gracias a los cuales sobreviven.

Y eso está pasando con la comunidad de San Pedro, de la sierra de Villa Madero. Los pobladores junto a sus autoridades han logrado que un juez federal les otorgue el amparo y conceda dos suspensiones, la primera provisional y la segunda definitiva, para que se deje de aprovechar todo recurso natural que un delincuente está haciendo sobre más de 35 hectáreas de pinos centenarios y de una enorme riqueza biológica, que por generaciones han cuidado. Predio que es propiedad de la nación y que está bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

¿Cómo ha sido que un delincuente haya llegado tan lejos? ¿Quiénes le facilitaron el camino fraudulento para hacerse de escrituras de un predio federal, cuando esto es legalmente improcedente? ¿Cómo es que ha utilizado la finca, propiedad de la CFE, para emplearla a plena luz del día como su centro de operaciones para talar, quemar, hacer cambio de uso de suelo y hasta fraccionar y vender parcelas? ¡El colmo de la impunidad, el colmo de la indolencia e ineficacia de las instituciones involucradas!

Como en la Meseta tarasca, y otros lugares de la Sierra occidental de nuestro estado, han sido los pobladores de la comunidad los que han dado la batalla legal por sus recursos y aquí la han ganado. El problema es que las autoridades no actúan para hacer valer la ley y están propiciando que el problema se escale a un escenario de inminente violencia. Los pobladores en repetidas ocasiones han impedido que los delincuentes sigan talando exponiéndose a los pistoleros que protegen a los talamontes. La tensión ha estado al punto de la violencia cuando los habitantes han impedido la salida de camiones cargados de madera y los han descargado.

A pesar de haber sido notificado por la Semarnat, el líder de estos delincuentes, Ramón S. Sansón, se ha burlado de la orden del juez federal y en respuesta ha intensificado el corte y robo de madera. Pero lo más indignante de todo es que estas acciones delincuenciales han estado resguardadas por patrullas de la policía de Madero. El director de Seguridad Pública debe aclarar ante su jefe el presidente municipal, por qué sus patrullas resguardan y escoltan a transgresores de la ley.

La comunidad ha recibido el apoyo de su presidente municipal, pero parece ser que cuenta con colaboradores desleales. Definitivamente que debe investigarse a estos policías y sus vínculos con estos delincuentes. Aún está en la memoria de los maderenses la rebelión popular de noviembre de 2014 contra la corrupta policía que generó un alto costo para el gobierno municipal de entonces.

La preservación del ecosistema de este predio es de una gran importancia para la región. Forma parte de la subcuenca hidrológico forestal Porúas, Ziparapio, San Pedro, Peña Tajada, Angandio, Etúcuaro, que alimenta al Río Porúas, que deriva en el Río Carácuaro y que es la principal fuente de recarga freática para que la Tierra Caliente de Madero, Nocupétaro y Carácuaro disponga de agua para su agricultura. Tal vez al gobernador Silvano Aureoles le interese que sus paisanos sigan disponiendo de agua y ayude a los pobladores de San Pedro y al juez federal a hacer valer la ley preservando esta subcuenca.

La Profepa, la PGR son instituciones que ya conocen del caso, ahí están los delincuentes actuando a plena luz del día, mofándose de la ley ¿o acaso esperan que los pobladores tomen carreteras para ser escuchados? ¿Esperan que incendien políticamente a las poblaciones de la sierra de Madero para una nueva rebelión? ¿Esperan irresponsablemente hechos de sangre? De esta problemática se advirtió en este mismo espacio el 25 de noviembre del 2015 y dejaron correr la impunidad. La gravedad del conflicto se ha acentuado ¿Lo van a seguir permitiendo? ¡Los delincuentes deben estar en la cárcel! ¡La población debe saber que el Estado de Derecho sigue vigente y que no hay sitio para la impunidad!

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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