José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública
Sábado 4 de Marzo de 2017
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En esta ocasión analizaré dos leyes, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su parte relativa a la adecuación para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y con estos comentarios concluyo una mirada panorámica sobre la agenda legislativa federal que servirá de estructura legislativa mínima para la puesta en marcha en el país del combate a la corrupción.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene como objetivo primordial supervisar el uso y destino de los recursos públicos federales y, a partir de la puesta en marcha del sistema anticorrupción, hacer del conocimiento al órgano interno de cada entidad burocrática las faltas administrativas no graves en que pudieran incurrir los servidores públicos para corregir los mismos por esa misma vía, y para el supuesto de que se llegue a tipificar algún delito, dar vista al fiscal anticorrupción para iniciar el proceso penal que culmine con la reparación pecuniaria del quebranto patrimonial independientemente de la pena privativa de la libertad a que se haya hecho acreedor el servidor público.

Y así encontramos que la ley en cita establece como parte de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La Auditoría está obligada a promover ante el Tribunal Administrativo todas las presuntas responsabilidades administrativas que detecte en el ejercicio de sus funciones a través del informe correspondiente, para que éste, a través de las responsabilidades comprobadas, imponga las sanciones a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas y a la Fiscalía Especializada, mediante denuncia de hechos, por la posible comisión de hechos delictivos. Esta ley reglamentaria, también contempla la supervisión al órgano técnico de fiscalización –la Auditoria– a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que su actuar siempre sea dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las demás disposiciones legales aplicables, con atribuciones para hacer prevalecer el sistema anticorrupción.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal regula el ejercicio de gobierno y su Ley Orgánica, detalla el despacho de los asuntos de las secretarías de Estado, en concreto respecto del tema anticorrupción. Como cabeza de sector, obliga a la Secretaría de la Función Pública a observar las bases y principios de coordinación dictados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al momento de emitir normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de toda la administración pública federal. Así como a vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización y asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Además instruye implementar las acciones que determine el Sistema Nacional Anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables. También informará periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas. Está obligada la secretaría de referencia a conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la administración pública federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la administración pública federal, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables.

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