Estrellita M. Fuentes Nava
El paradigma del gobierno del agua en México
Viernes 3 de Marzo de 2017
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La cosmovisión de los pueblos indígenas en torno al agua en la época prehispánica se reflejaba en los usos y costumbres que regulaban su uso en aquella época. En su práctica se observaba una mezcla entre el sentido de la sacralidad con las más avanzadas soluciones de ingeniería de la época, que incluían desde la construcción de acueductos, sistemas de captación de agua pluvial, baños públicos, sistemas de desagüe y jagüeyes para las épocas de sequía, hasta el sistema de chinampas para el uso agrícola y urbano en la antigua Tenochtitlán.

Con la llegada de los españoles este sistema de gobierno del agua cambió porque las ordenanzas de la época establecieron que el recurso era propiedad del rey de España y su uso debía ser autorizado por los funcionarios que le representaban; a los nativos se les despojó de sus derechos sobre los recursos naturales y sus territorios. Las prácticas tecnológicas también evolucionaron porque se incorporó el uso de la rueda, o de los animales para mover tornos y extraer el agua, e incluso se abrazaba el sueño de construir el nuevo imperio sobre las ruinas de la extinta Tenochtitlán mediante métodos como la desecación del sistema de lagos del Valle de México. Es decir, con la introducción de un nuevo sistema político a la usanza española se incorporó también un nuevo modelo para el manejo del agua, que pasó de ser comunitario a un uso particular, además de despojarle de su carácter sagrado como lo concebían nuestros pueblos antiguos.

Aspecto de la Fiesta del Agua Zempoala
Aspecto de la Fiesta del Agua Zempoala
(Foto: Cuartoscuro)



Durante los cuatro siglos posteriores, los asuntos del agua no se trataban como tales, sino que su uso y manejo se depositaban en manos de las autoridades locales, ya fuese para el uso humano o agrícola, o hasta su evolución como uso industrial, debido al surgimiento de las máquinas movidas por agua. En la época liberal, hacia 1888, el recurso agua adopta un cariz similar a los ideales de la época (el del comercio y las vías de comunicación), y por primera vez se le circunscribe bajo una Ley de Fomento y una Ley de Vías Generales de Comunicación. Ello representó un paso más hacia el camino de la centralización política que caracterizaría al federalismo mexicano, toda vez que el agua comenzó a convertirse en un recurso valioso para los grupos empresariales.

En la época del Porfiriato se expidió la primera ley sobre aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal y se fijaron las normas escritas para regular la explotación y la apropiación de las aguas; se indicaba que la Secretaría de Fomento sería la instancia que reglamentaría y tramitaría los expedientes sobre concesión para uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal. Posteriormente, con la Revolución Mexicana de 1910 y el triunfo del grupo constitucionalista en 1915, no hubo cambios en las políticas del agua a nivel federal, dado que se establece en el artículo 27 de la Constitución de 1917 el agua como propiedad de la nación y se retomaron muchos de los artículos de la legislación porfirista. Se creó la Secretaría de Agricultura y Fomento, que se encargaría, entre otras tareas, de la cuestión agraria y de administrar las aguas de propiedad federal.

Cabe señalar que la prioridad en aquel entonces fue convertir en realidad los compromisos heredados por la Revolución, destacando el alivio de la pobreza y la seguridad alimentaria, por lo que la perspectiva que se adoptó fue la de garantizar el agua para uso agrícola. Se invirtieron grandes recursos para la construcción de las presas que conocemos ahora hasta alcanzar un consumo de agua superficial como el que hoy tenemos, del 72 por ciento destinado a la agricultura (con un fuerte desbalance en cuanto a producción versus consumo de agua por la falta de tecnificación).

En la época actual, en 1994 la Conagua se creó como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) bajo un contexto en el que los movimientos globales en favor del medio ambiente cobraban cada vez más fuerza, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como la Cumbre para la Tierra, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. La Ley de Aguas Nacionales vigente desde entonces reconoce a través de diversos apartados el papel de la sociedad en la toma de decisiones a través de los consejos de cuenca (hay trece en todo el territorio), así como mediante el Consejo Consultivo del Agua; sin embargo, en la práctica no son espacios con capacidad de voz y voto sobre las decisiones de la política nacional del agua: son principalmente espacios deliberativos y de consulta y, en una gran mayoría de los casos, validadores de las decisiones que emanan del Ejecutivo federal.

Como se puede observar a lo largo de este breve recuento histórico, la arquitectura del sistema político que ha caracterizado cada época en nuestro país ha determinado también el gobierno del agua y sus propósitos. Se pasó de un modelo democrático por parte de los pueblos indígenas originales hacia un modelo centralista en la Nueva España. Después se dispersó durante cuatro siglos al no regularlo y dejarlo para el libre albedrío de los poderes regionales hasta que se le reconoció con una utilidad económica y el Estado comenzó a regularlo (época liberal). Asimismo, cuando en la época de la Revolución se tuvo la oportunidad de transitar hacia un nuevo modelo de gobierno del agua, el Estado continuó con la tradición de ser el rector en un sentido paternalista, para construir la infraestructura agrícola necesaria que le asegurara los alimentos al país. Y años después, por el uso sin control de explotación de los cuerpos de agua, surgió la necesidad de dar un nuevo giro en favor de la conservación ambiental (años de los 90), pero manteniendo aún el modelo centralista.

De esta manera, con la probable nueva discusión en el Congreso federal de una Ley General de Aguas, se abre no sólo la posibilidad de actualizar el marco legal, sino de replantear el modelo de gobierno del agua en el que hay dos vías importantes: se seguirá privilegiando un sistema centralista que a la larga ha demostrado no ser sustentable o se abre la posibilidad de generar un nuevo modelo más democrático, en el que todos los usuarios no sólo sean tomados en cuenta, sino que también asuman sus propios tramos de responsabilidad.

Y así como con el gobierno del agua hay muchas otras agendas sociales y humanas que siguen siendo diseñadas como instrumentos de control más que a partir de espacios de deliberación y participación ciudadana, haciéndolas proclives a la corrupción y la ausencia de transparencia. Ojalá la condición crítica que vive el agua nos ayude a sumar y a transitar hacia modelos de política más participativos que centralistas.

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