José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El Código Penal y la corrupción
Sábado 18 de Febrero de 2017
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El 18 de julio de 2016 se realizó la adecuación normativa al Código Penal federal en su libro segundo título décimo denominándolo delitos por hechos de corrupción.
El 18 de julio de 2016 se realizó la adecuación normativa al Código Penal federal en su libro segundo título décimo denominándolo delitos por hechos de corrupción.
(Foto: Cuartoscuro)

Siguiendo con la ruta trazada de analizar todos y cada uno de los instrumentos jurídicos reformados para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, toca ahora el estudio del Código Penal federal, dispositivo legal que contempla hasta doce conductas que, de realizarse por un servidor público, los colocarán como un delincuente, y en varios de estos supuestos, de participar un particular, también incurre en delito.

En efecto, el 18 de julio de 2016 se realizó la adecuación normativa al Código Penal federal en su libro segundo título décimo denominándolo delitos por hechos de corrupción, donde se agruparon los supuestos de las conductas delictivas de los servidores públicos y particulares que de actualizarse constituyen delitos de corrupción, los que entrarán en vigor a partir del nombramiento por parte del Senado de la República del titular de la Fiscalía Especializada relacionada con hechos –delitos– de corrupción.

La parte del Código que comento, antes de la reforma anticorrupción (DOF18/07/16), tenía la denominación “Delitos cometidos por servidores públicos”, con los siguientes tipos penales: ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho de servidores públicos, peculado y enriquecimiento ilícito; actualmente se intitula “Delitos por hechos de corrupción”, transformándose algunas conductas antijurídicas, adecuándolas al tema de la corrupción como es el caso del primer ilícito, al que ahora se le pone el énfasis de que son ilícitas varias conductas y anteriormente el código punitivo federal los llamaba indebidas, de la misma manera sucedió con el uso impropio de algunas atribuciones y facultades de servidores públicos llamándolas ilícitas en lugar de indebidas; es decir que se dejan de utilizar vocablos de la ética para usar el lenguaje propio del derecho penal.

Y en esta entrega me ocupare de los ilícitos que fueron motivo de adecuación para combatir a la corrupción comenzando por el ejercicio ilícito de servicio público, que consiste en una serie de conductas realizadas por el servidor como cuando ejerza funciones sin haber tomado posesión del cargo o sin cumplir con los requisitos necesarios para puesto que ejercita, o cuando continúe ejerciendo las funciones pese a haberle revocado el nombramiento, o cuando está suspendido o, pese haber sido destituido o en aquellos casos en que a pesar de advertir afectación al patrimonio o intereses de la unidad burocrática para la que labora, no evita el perjuicio o no informa por escrito del mismo, o cuando valiéndose de alguna persona o realizándolo él mismo, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia, a los que tenga acceso en razón de su trabajo, o cuando omita información que le fue requerida o la que informe falte a la verdad, o cuando incumpla en el deber de custodia de personas y bienes a su cargo y los mismos sean dañados por su negligencia, este injusto tiene una penalidad de uno a siete años de prisión.

La coalición de servidores públicos consiste en una acción concertada de servidores públicos para tomar medidas contrarias a la ley o para impedir el ejercicio de la función pública y a quienes se coloquen en ese supuesto se impondrá una pena de dos a siete años de prisión.

Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación; otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico; otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública federal; también se coloca en ese injusto el servidor público que otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos, así como cuando contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.

También cometerá el delito de referencia aquel servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona, niegue el otorgamiento o contratación de concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación a pesar de que se le han presentado todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.

También cometen este delito los particulares que solicitan o promueven la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que ha hecho referencia o sea parte en las mismas, y finalmente, también hace uso ilícito de facultades el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal. Este ilícito se encuentra penado con prisión de seis meses a doce años de prisión.
Cuando un servidor público le aplica un sobreprecio a los servicios que por ley realiza al público en su provecho comete el delito de concusión, conducta que tiene una penalidad de tres meses a dos años de prisión.

Para el delito de intimidación, el Código Penal Federal establece dos supuestos: uno es cuando un servidor público o por interpósita persona ejerza violencia física o moral para impedir ser denunciado con motivo de una presunta comisión de un ilícito en materia de corrupción, y el segundo es cuando, derivado de la presentación de una querella, el funcionario tome represalias por acción o por omisión en los trámites frente a él. Estas conductas traen aparejada una penalidad de prisión de dos a nueve años.

El ejercicio abusivo de funciones consiste en que el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte –conflicto de intereses.

También comete ese ilícito el servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior, las conductas anteriormente señaladas tienen una penalidad privativa de libertad de tres meses a doce años dependiendo del aprovechamiento económico.

Se considera tráfico de influencias a la promoción o gestión de trámites ilícitos de negocios públicos por parte del servidor público cuando no está dentro de sus atribuciones, misma conducta la realiza un particular que presume tener influencias ante los servidores públicos a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro; al que cometa este delito se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión.

Cohecho es otra de las formas de sobornar al funcionario público, bien que solicite dádiva o prebenda o que se deje cohechar en cualquiera de las dos formas se realiza la conducta típica jurídica y culpable, la que conlleva una penalidad de tres meses a catorce años.

El peculado consiste en la disposición de dinero de la administración pública por parte de un servidor al que sólo se le confió la administración de los recursos en bien de la población, por tanto, el hurto de caudales del erario está penado con prisión de tres meses a catorce años de prisión. Este delito en particular tipifica la conducta de los funcionarios que disponen del dinero de las arcas estatales para la promoción de su imagen política o social o la de un superior jerárquico o de un tercero, e incluso si lo utilizan para denigrar a las personas, alcanzado la sanción a las personas que recibiendo fondos públicos intervienen en denigrar a alguien.

Se entiende por enriquecimiento ilícito el aumento desproporcionado del patrimonio de un servidor público sin que pueda acreditarlo; por tanto, se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito.

Para efectos del párrafo anterior se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. Se impondrán de tres meses a catorce años de prisión a quien cometa este delito.

padillaalegre@hotmail.com


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