José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Sábado 11 de Febrero de 2017

Para María del Rocío Hurtado González, quien se ha echado a cuestas forjar un grupo, con mi reconocimiento.

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Resolverá lo relativo a las responsabilidades administrativas graves de funcionarios públicos y particulares para combatir la corrupción contempladas en la Ley de Responsabilidades.
Resolverá lo relativo a las responsabilidades administrativas graves de funcionarios públicos y particulares para combatir la corrupción contempladas en la Ley de Responsabilidades.
(Foto: Disse)

Otro ordenamiento que fue motivo de reforma para adecuarlo al Sistema Nacional Anticorrupción fue La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dado que la misma y todas las de su tipo regulan la estructura, el funcionamiento y competencia de los asuntos que ha de conocer el Juzgado (Tribunal). También resulta pertinente señalar que el órgano jurisdiccional al que me refiero cambió de denominación, dejando de ser una instancia jurisdiccional especializada en materia tributaria para ahora quedar solamente con la denominación de administrativa en atención a que lo fiscal queda comprendido dentro de esa gran rama que es el derecho administrativo.

En términos de la ley en referencia, el Tribunal, además de seguir conociendo de los asuntos tributarios, resolverá lo relativo a las responsabilidades administrativas graves de funcionarios públicos y particulares para combatir la corrupción contempladas en la Ley de Responsabilidades, como las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, además de las resoluciones que imponga la Contraloría del Instituto Nacional Electoral, por aquello de los delitos de campañas electorales; también resolverá las sanciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, de la misma manera conocerá de los juicios que promuevan las autoridades con el propósito de anular las resoluciones administrativas favorables a los particulares cuando se consideren contrarias a la ley.

La ley en comento impide la colusión de los magistrados del Tribunal federal de justicia administrativa al resolver asuntos que le son planteados, cuando se den los supuestos en que los hubiere tentado la corrupción, ya que estarán impedidos para conocer de los caso de conflicto de intereses, por ejemplo, ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados en el asunto a resolver; haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes, muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos, presentes (regalos) o servicios de algunos de los interesados; o cuando el juzgador hubiere hecho promesas que impliquen parcialidad en favor o en contra de algunos de los interesados, sus representantes, patrones o defensores, o amenazar de cualquier modo a algunos de ellos; también estará impedido el jurisconsulto de este Tribunal, si hubiere conocido del asunto como juzgador en otra instancia o al haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados.

El Tribunal contará en su Sala Superior con 16 magistrados que durarán en su encargo quince años sin derecho a prórroga, de los que integrarán dos secciones de cinco miembros cada una con competencia en materias administrativa y fiscal y una tercera formada por tres magistrados, teniendo esta última competencia en responsabilidades administrativas graves, y un presidente que no formará parte de sección alguna, además de dos magistrados que integran la Junta de Gobierno y Administración, la que tendrá a su cargo todo lo relativo a la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Tribunal.

La tercera sección es una instancia especializada y calificadora (sancionadora), creada con motivo del sistema anticorrupción, la que en ejercicio de sus funciones puede imponer medidas preparatorias y cautelares a petición de parte interesado hasta por 90 días hábiles, así como fincar a los servidores públicos y particulares responsables que se hayan hecho acreedores y las inhabilitaciones en su caso, pudiendo solicitar la disolución de personas morales infractoras cuando el actuar de sus representantes realicen faltas graves en forma reiterada –a esto Pérez de Hacha les llama los cárteles de la corrupción, cuando se crean empresas fantasma para evadir impuestos, Nexos, 1° de febrero de 2017– que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales.

Ante la necesidad de contar con un grupo de trabajo que garantice la operatividad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el servicio civil de carrera va más allá de un simple proceso de selección y promoción, ya que en la legislación en análisis establece, como una capacitación permanente, convocar a congresos y seminarios dentro de los cuales se discuta el actuar del Tribunal, para que en una actitud crítica pero respetuosa las asociaciones profesionales de las materias de las que se ocupa el órgano jurisdiccional, así como las instituciones de educación superior, evalúen la impartición de justicia fiscal y administrativa, proponiendo medidas pertinentes para mejorarla. Lo anterior se verá fortalecido con las actividades del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derechos Fiscal y Administrativo, que promoverá la investigación en ambas materias ya que se impartirán cursos con reconocimiento de validez oficial.

El Tribunal contará con un órgano interno de control, como todas las unidades de la administración pública, para aplicar las sanciones correspondientes a los desleales trabajadores del órgano jurisdiccional que se haya contaminado con la corrupción por acción o por omisión, al cometer en su ejercicio faltas administrativas de cualquier índole.

Expediente de varios. El jueves 9 de febrero del año en curso, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción recibieron su constancia oficial de nombramiento como integrantes del comité mencionado.

padillaalegre@hotmail.com

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