José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La Ley de Responsabilidades
Lunes 6 de Febrero de 2017

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En honor a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero del año de 1917, con motivo de su Centenario.

(Tercera parte)
En esta última entrega por el momento sobre el análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas abordaré lo relativo a las faltas administrativas graves y no graves, estableciendo el ordenamiento en cita, por estas últimas a una serie de incumplimientos de los servidores públicos a funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, tales como la falta de respeto y disciplina a sus compañeros de trabajo y a los particulares que atiende con motivo de su encargo, además se encuentran en esta clasificación aquellas conductas que trascendiendo a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público, realizadas durante el servicio público, sin la intención de causar quebranto patrimonial, se trata de una consecuencia de un actuar imprudente, lo que se traduce sólo en una negligencia.

Y las faltas administrativas graves son aquellas conductas ilícitas generalmente patrimoniales, como la conducta realizada por un servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones –el cohecho.

Otra será en aquellos casos en que el servidor público realice disposición del presupuesto público, recursos humanos o materiales, los que sólo le fueron confiados para su administración –el peculado.

Cometerá abuso de funciones un servidor público cuando realice atribuciones, no autorizadas por la ley, que le generen un beneficio o para causar un perjuicio a persona determinada o al servicio público.

Actuaciones bajo conflicto de intereses: se actualizan cuando el servidor público intervenga por motivo de su empleo en la atención, tramitación o resolución de asuntos donde su comportamiento sea orientado hacia sus intereses personales, familiares o de negocios, actuando en beneficio propio o de un tercero, dejando de lado los intereses públicos.

Contratación indebida es aquella que realiza un servidor público a sabiendas de que la persona contratada está impedido para ello por disposición de la ley o se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo cargo o comisión en el servicio público, por estar boletinado en la plataforma digital.

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses: suceden cuando el funcionario público falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses.

Tráfico de influencias, ocurre en aquellos casos en que el servidor público, por su posición dentro de la administración pública, le permite inducir a otro servidor público, para que efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia para generar beneficio, provecho o ventaja para sí o para otro funcionario.
Responsable de encubrimiento será aquel servidor público que pese advertir actos u omisiones que perjudiquen a la administración pública realiza deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

Desacato lo comete un servidor público que proporcione información falsa, omita una respuesta, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, que le sea requerida con motivo de un asunto de fiscalización, control interno, algún asunto judicial o electoral o en materia de derechos humanos.
Obstrucción de la justicia la comete el servidor público, responsable de una investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas, que incurra en actos que simulen su conducta durante la investigación, no inicie el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de ley en caso de faltas graves, falta de particulares o un acto de corrupción o revele la identidad de un denunciante anónimo.

La doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Peschard Marisca primera presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
La doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Peschard Marisca primera presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
(Foto: Especial)


Las conductas de los particulares vinculados con faltas administrativas graves serán sancionadas cuando intervengan en un soborno –cohecho– a un servidor público directamente o a través de terceros, para que aquel realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor, o bien abuse de su influencia real o supuesta con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido, o cuando participe en procedimientos administrativos a pesar de encontrase impedido o inhabilitado; también resulta ilícita la participación cuando interviene sólo como prestanombres; incurre en tráfico de influencias cuando para inducir a la autoridad el particular usa su poder económico o político, real o ficticio, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o cuando con su actuar pretende causar perjuicio a alguna persona o al servicio público y en todos aquellos supuestos en que intervenga para obtener un lucro indebido. Finalmente, con respecto a los particulares, existe una regulación especial como falta grave, la que se da en épocas de campañas políticas, al prohibirle al candidato y a toda su estructura partidaria y de campaña realizar proselitismo con recursos que no provengan de las prerrogativas de su partido y las que le asignan su candidatura; por tanto, no le está permitido realizar cualquier acto que se traduzca en dinero no autorizado, bienes muebles o inmuebles, material de oficina o enseres para el proselitismo electoral.

Prescribirán en tres años las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control para imponer las sanciones a faltas administrativas no graves, y para el caso de faltas administrativas graves o de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, ambos plazos se computarán en días naturales.

Expediente de varios. El lunes de esta semana, es decir el 30 de enero de este año, quedó conformado para la instancia federal el primer Comité de Participación Ciudadana (CPC) integrado por la doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Peschard Mariscal, quien estará en el encargo por un año y será la primera presidenta del mencionado comité, quien además presidirá el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción como lo marca la ley de la materia; por la licenciada en Sociología y Maestra en Política y Gobierno Mariclaire Acosta Urquidi, quien será parte del órgano colegiado por dos años; por el licenciado en actuaria con estudios de Master de Negocios José Octavio López Presa, el que fungirá por tres años; por el licenciado en Derecho con Doctorado en Constitucional y especializado en asuntos fiscales administrativos Luis Manuel Pérez de Acha, el que realizará esa función por cuatro años, y por el doctor en Ciencias Políticas Alfonso Hernández Valdez, que fungirá por cinco años.

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