José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La Ley de Responsabilidades
Sábado 28 de Enero de 2017

Segunda parte

A- A A+

Para el prestigiado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de nuestro país, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio.
Para el prestigiado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de nuestro país, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio.
(Foto: Disse)

Continuando con el análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en esta ruta que me he trazado para hacerle de su conocimiento, amable lector, de todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que el Estado mexicano ha promulgado para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, en esta entrega comentaré lo relativo al conflicto de intereses, apartado que si bien en la ley en comento está compuesto de sólo tres artículos, del 46 al 48 en sus parte formal, en muchos de los capítulos el lenguaje de la ley es para pronunciarse sobre el fortalecimiento de una cultura de transparencia, probidad y combate a la corrupción, lo anterior en atención a que la declaración de intereses y su eventual conflicto son una de las columnas más sólidas del sistema anticorrupción, si tomamos en cuenta que esta es la puerta de mayor tránsito o facilidad para que el funcionario que pretende aprovechar el cargo público logre un enriquecimiento ilícito, ya que por conducto de terceros resulta relativamente fácil burlar la ley en beneficio propio.

Pero, ¿qué es el conflicto de intereses? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define al conflicto de intereses como aquel que se da entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público y pueden influir impropiamente en el desempeño como servidor público.

Para el prestigiado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de nuestro país, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de intereses como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Es decir que un conflicto de intereses se dará cuando en lugar de cumplir con el deber del Estado, el funcionario guíe sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero, pese a que algunos funcionarios juraron cumplir la ley y no lo hacen.

Para Zalaquett (Chile, 2011), los conflictos de intereses son la existencia de situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos o los intereses de determinado colectivo porque una persona (funcionario público o agente privado) que se encuentra sometida al deber público de velar por los intereses del Estado mantiene, a la vez, cargos, intereses o relaciones de carácter privado (excepcionalmente, también de carácter público) que le generan el incentivo de favorecer éstos en perjuicio o por encima de aquellos.

Dos consideraciones más del mismo autor sobre el tema:

“Dependiendo de distintos factores, no siempre la ley o las normas de moral pública exigen que la persona sobre la que pesa un deber fiduciario se desprenda de los intereses que entran en conflicto con la independencia, imparcialidad y apego a la legalidad con que debe cumplir sus funciones. En algunas ocasiones se requiere sólo que declare abiertamente la situación objetiva de conflicto o bien que se abstenga de tomar determinadas decisiones”.

¿Corrupción en el sector privado?

Es un abuso de la función pública para beneficio privado. Esta posición reconoce que ciertas conductas que pueden conceptualizarse como corruptas requieren también de la participación de agentes privados (el soborno, por ejemplo). Sin embargo, se presupone la intervención de un funcionario público como condición sine qua non. Me parece que hablar de la posibilidad de “corrupción” como un fenómeno que también puede darse en el sector privado, en lugar de referirse a ciertas conductas ilícitas dentro de este ámbito como fraudes o de otro modo que refleje un reproche legal, es una cuestión básicamente convencional y semántica.

Sería ingenuo, sin embargo, desconocer las connotaciones ideológicas que conlleva la aceptación o rechazo a que se mencione la palabra corrupción, cargada como ha llegado a estar de ilegitimidad, en relación con actos entre agentes privados en los que no interviene un funcionario público.

A no dudarlo, el conflicto de intereses es una cuestión de ética, entendiendo por ésta el obrar correctamente. Sin embargo, nuestro sistema político, y más concretamente la administración pública, ha llegado a un punto de degradación tal que ante la falta de probidad de los servidores públicos y los particulares en cuanto proveedores de ésta, hizo necesario imponer todo un sistema anticorrupción, pues han perdido los valores éticos como la razón, la virtud y la prudencia (Aristóteles) en cuanto finalidad suprema del individuo en la colectividad pensando en el bien común, ya que servidores públicos y particulares por igual realizan actos de corrupción.

Expediente de varios. Para estar a tono con el lenguaje de derecho, utilizaré la expresión aludida para tratar algún asunto relacionado con los temas abordados en esta columna, además en abono al diálogo que debe existir entre el lector y el suscrito en cuanto comentarista del derecho, por lo que le doy cuenta amable lector de que a mi correo llegó el punto de vista de Mario Alberto Gómez Maldonado sobre la corrupción, al que le acusó recibo y habré de leer con atención. Saludos.

padillaalegre@hotmail.com

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad