Eduardo Nava Hernández
Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana
Jueves 17 de Marzo de 2016
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El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, se dispone a iniciar con presteza una reforma más en contra de los trabajadores y sus derechos. En confabulación con el Congreso estatal, la operará de espaldas a la comunidad universitaria, durante las vacaciones de primavera, estando ausentes de las aulas y laboratorios los profesores, alumnos, investigadores y trabajadores administrativos.

Hace unos tres meses, el doctor Serna comprometió ante los diputados presentar al finalizar el mes de marzo una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que modifique el régimen vigente de jubilaciones relevando al Estado de la obligación establecida ahí de sostener en el presupuesto universitario las pensiones jubilatorias. Se presenta como una reforma de carácter administrativo y financiero; empero, es un ataque a derechos laborales bien establecidos desde hace décadas y un engaño a la sociedad, a quien se ha hecho creer que el pago de tales pensiones es causa del quebranto financiero de la institución.

La reforma contra los trabajadores se impulsará, además, sin que haya claridad en el manejo financiero de la institución, de la que se nos dice acumuló en 2015 un déficit superior a los mil 100 millones de pesos, y cuando apenas en enero pasado apareció en la Evaluación a Sujetos Obligados en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública elaborada por el Itaimich (Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán) como una de las instituciones con menor acceso público a su información.

El doctor Serna comprometió ante los diputados presentar al finalizar el mes de marzo una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
El doctor Serna comprometió ante los diputados presentar al finalizar el mes de marzo una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(Foto: Cambio de Michoacán)

En la página de Internet de la Universidad no se registra información actualizada para 2015, sólo el informe financiero del año 2014 presentado al Consejo Universitario. En ese año sus ingresos totales fueron de tres mil 738 millones, entre subsidios federales, subsidios estatales, ingresos propios e ingresos por convenios. Sus egresos, en cambio, fueron de tres mil 417 millones, lo que da un superávit de poco más de 321 millones de pesos. De los egresos, constituyeron gasto corriente tres mil 081 millones, estando presupuestados dos mil 948 millones, lo que arrojó un déficit de poco más de 133 millones de pesos.

En ese mismo año, las erogaciones de la institución en jubilaciones y pensiones ascendieron a 672.5 millones, representando el 24.4 por ciento de los dos mil 754 millones asignados a sueldos y salarios, en los que están incluidas, y el 21.8 por ciento del gasto corriente.

Aparentemente, el peso de esa erogación, poco más de la quinta parte del gasto corriente, es considerable. Hay que considerar, sin embargo, el monto de los subsidios entregados por la Federación a las universidades para ponderar la situación financiera de la Universidad Michoacana. Para 2015 el presupuesto por alumno que se entregó a la UNAM -el más alto del país- fue de 59 mil 577 pesos; para el caso de la licenciatura es de 67 mil 284 pesos y para el bachillerato de 43 mil 987 pesos. La UMSNH se ubica entre las diez mejores universidades del país, en el lugar número 9, en el quinto lugar entre las estatales y ocupa el primer lugar nacional por la competitividad de sus postgrados; sin embargo, recibía en 2013 un subsidio de únicamente alrededor de 38 mil pesos por alumno, muy inferior, no se diga en relación con la Universidad Nacional sino incluso muy por debajo del promedio para las instituciones del resto del país.

En el comunicado 754/2013 emitido por el entonces rector, Salvador Jara, y dirigido al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y al gobierno estatal, se afirmaba de manera contundente que “nuestra Universidad recibe un presupuesto inferior al de la media nacional. Si el subsidio en la Casa de Hidalgo se equiparara al promedio, es decir de 38 a 55 mil pesos por alumno, tendríamos al año más de 800 millones de pesos adicionales, recurso que sería suficiente para abatir el déficit recurrente y cumplir con todos nuestros compromisos puntualmente”. Y se agregaba que “la Universidad, que tanto ha dado a Michoacán y a México, debe contar con los recursos suficientes que le permitan tener finanzas sanas y dedicarse por completo a sus labores sustantivas”.

El déficit de la Universidad Michoacana no se debe, así, de ninguna manera, al régimen de jubilaciones sino a la insuficiente aportación de los gobiernos federal y estatal para la educación superior en Michoacán. Entre sus obligaciones y compromisos está el pago cabal a sus jubilados. Pese a ello, en vez de luchar por un mayor presupuesto para la Universidad Michoacana, la reforma en ciernes se enfoca en el gasto a jubilaciones y pensiones, en contra de un derecho establecido. Es una reforma regresiva, de la que la administración de Serna González será responsable. Pero no se resolverá el déficit financiero mientras los gobiernos federal y estatal no asuman a plenitud sus compromisos legales con la institución de educación superior.

Hoy vemos a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara; al de la Universidad de la Ciudad de México, Hugo Aboites, y al de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, defender a sus respectivas instituciones ante los poderes públicos que les retiran o regatean apoyos económicos o las atacan; en tanto, el de la Universidad Michoacana se pliega a las políticas oficiales a cambio de algo que por derecho propio le pertenece a la casa de estudios: una asignación presupuestal digna y suficiente.

La UM tiene hoy muchos otros problemas. Entre ellos, el exceso de personal administrativo y de intendencia; la desprofesionalización de la planta magisterial y el creciente número de profesores interinos, sobre todo de asignatura; la inexistencia desde hace 30 años de un estatuto actualizado; la obsolescencia de varios de sus reglamentos; el incumplimiento en la promoción de los trabajadores académicos. La Ley Orgánica está desactualizada y, desde la reforma del 18 de septiembre de 1986, impone a los universitarios un procedimiento antidemocrático para la designación del rector. Resolver muchos de ellos no implica un incremento presupuestal; pero, al parecer, echar atrás el régimen de jubilaciones es la prioridad para los poderes Ejecutivo y Legislativo, y su mandato al rector Serna González.

Durante la reciente huelga del Sindicato de Profesores, Serna firmó con éste el acuerdo de una reforma universitaria integral e incluyente, discutida con todos los sectores de la comunidad universitaria. Sin embargo, es claro, según lo ha declarado el secretario de la Universidad, Salvador García (Cambio de Michoacán, 11 de marzo de 2016), que cumplirá su compromiso verbal con los diputados de presentar el 31 de marzo una propuesta de reforma al artículo 29 de la Ley Orgánica para modificar el régimen de jubilaciones.

La propuesta, confeccionada puertas adentro en las oficinas de la Rectoría, no es conocida aún por los universitarios, que no podrán discutirla o comentarla antes del regreso del periodo vacacional. Pero sus términos son bastante previsibles, al menos en dos aspectos. Se buscará incrementar el número de años de servicio (que en la actualidad es de 25) para tener derecho al retiro, y obligar a los trabajadores a hacer aportaciones a un fondo de jubilaciones para de ahí tomar los recursos que permitan el pago de la pensión de retiro. Quizá se quiera establecer el contratar con el IMSS sólo los servicios médicos, o que la Universidad pague como pensión jubilatoria sólo una aportación complementaria a la que otorgue el propio Seguro Social. No sería raro que se intente fijar una edad mínima a los trabajadores para obtener el retiro. Nada al respecto se sabe en la comunidad universitaria.

El problema más grave es el de la conformación de un fondo con aportaciones de los trabajadores, que podría tener una modalidad individualizada -semejante al de las Afores, con pensiones jubilatorias que dependerán da la suma aportada por el trabajador en sus años de servicio, la edad y otros indicadores- o colectiva.

El manejo de los fondos en otras instituciones ha sido muy problemático y no garantiza una pensión jubilatoria suficiente. En la Universidad de Colima se hizo público en 2011 cómo los recursos eran desviados para otros fines, incluido el pago de salarios a los trabajadores, cuando no se contaba con dinero suficiente para ese fin, además de que la Rectoría no depositaba, desde 2005, la parte que le correspondía. Por un periodo, los académicos estuvieron trabajando bajo protesta por la falta de transparencia en el manejo del fondo, y el conflicto condujo incluso a una huelga de hambre.

En la Universidad Autónoma de Zacatecas el pasivo alcanza los mil millones de pesos, abarcando el fondo de pensiones y otros rubros, y el sindicato académico denunció ante el Ministerio Público al rector por peculado. A finales del año pasado, la Universidad no había enterado al ISSSTE siete millones de pesos de cuotas ya descontadas a los trabajadores. En la Universidad Autónoma de Nuevo León los trabajadores aportan un pasmoso doce por ciento de sus salarios, pero el fondo no será suficiente para pagar las pensiones jubilatorias. En 2014 desaparecieron del mismo 600 millones de pesos.

Hace apenas unos días, la Consar dio a conocer que durante febrero de 2016 los fondos manejados por las afores tuvieron una pérdida de catorce mil 917 millones de pesos debido a la “volatilidad financiera” (La Jornada, 10 de marzo). En realidad, las pérdidas acumuladas en los últimos años son mucho mayores. El escándalo de corrupción y caída de las acciones de la constructora española OHL en México afectó también a los fondos de pensiones, tercer lugar entre los accionistas de la empresa (La Jornada, 27 de enero de 2016).

Lo que se quiere implantar en la Universidad Michoacana es un modelo que en diversas instituciones y modalidades ha demostrado fracasar o al menos estar expuesto a grandes riesgos. Se trata de un modelo que puede funcionar más o menos bien en los Estados Unidos, donde el nivel de los salarios es muy superior (el mínimo, de 7.25 dólares la hora o 58 dólares por jornada, esto es, unos mil 044 pesos), pero que en México, con un salario mínimo de 70 pesos por jornada, está condenado al fracaso pues los trabajadores mexicanos no tienen capacidad de ahorro suficiente para asegurar una pensión digna en el futuro, y como se sabe, las aportaciones voluntarias al fondo de retiro son en nuestro país exiguas, casi inexistentes. El gran sinsentido, los fondos manejados por las Afores ascienden a principios de 2016 a más de dos billones 550 mil millones de pesos, pero pagan a los trabajadores en retiro pensiones miserables, que no pasan del 25 o 27 por ciento del salario devengado como activos.

Sin embargo, el problema de fondo con los fondos es que la jubilación deja de ser un derecho para el trabajador y se convierte en un asunto de finanzas e inversiones, casi un azar. La pensión a recibir dependerá ya no de las condiciones del retiro sino del buen, regular o mal manejo del fondo en las esferas financieras y el mundo de las inversiones, como ocurre ya con las Afores. Esto significa que dos trabajadores que se jubilan con la misma categoría, sueldo y antigüedad pueden recibir pensiones muy disímiles, dependiendo del manejo que la Afore elegida haya hecho de su cuenta individual. Nuestros jubilados están destinados a la precariedad y aun a la miseria en la mayoría de los casos, en tanto que los de otros países se retiran a disfrutar de vacaciones permanentes en las mejores playas de nuestro país.

Tres son los principales razonamientos aducidos para modificar el régimen de jubilaciones en la Universidad Michoacana. Por una parte se argumenta que es ésta una de las escasas instituciones que aún no lo han hecho, como ha ocurrido en casi toda la educación superior en los últimos 20 años. No es un motivo suficiente, aunque, como todos sabemos, se han reformado las leyes del ISSSTE y del IMSS, y se ha introducido casi por doquier el sistema pensionario basado en el ahorro individual, que fortalece más la economía del sector financiero que la del trabajador. El tema, en cambio, es el de la justicia social y el de la abdicación de las instituciones a procurarla. Se trata de que la institución que se precia, en el discurso, de ser legataria del espíritu humanista de Vasco de Quiroga, cuna de héroes y crisol de pensadores, asuma ahora criterios ajenos y totalmente adecuados a la doctrina del neoliberalismo de la pobreza aplicados en México.

La otra tesis, favorita del discurso empresarial y neoliberal impuesto en el país y en el mundo no desarrollado, es el de la mayor esperanza de vida de la población trabajadora. Ahora, se dice, los pensionados y jubilados viven más años que cuando se diseñaron los sistemas jubilatorios basados en la solidaridad generacional (esto es, que el producto de las nuevas generaciones en activo sostiene el retiro de los veteranos). Y es cierto; el sistema sanitario y el educativo han permitido alargar la expectativa de vida para la población mexicana. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, lo ha planteado en los siguientes términos: “El problema es que los ancianos viven demasiado, y eso es un riesgo para la economía global”. Pero este argumento, fundamentalmente cierto y que conduce a concluir que los trabajadores en retiro deben morir pronto para no poner en riesgo el sistema, omite un dato fundamental: en mucho mayor medida que la esperanza de vida ha crecido la productividad del trabajo. Un trabajador produce hoy en un año mucho más riqueza que hace cuatro o tres décadas, y en una jornada de trabajo mucho más valor que entonces. El retiro oportuno está, entonces, plenamente justificado para quienes han aportado a lo largo de su vida laboral más riqueza y más valor que sus predecesores de las generaciones anteriores.

En la Universidad Michoacana es un contrasentido que se quiera modificar el régimen jubilatorio justo cuando se encuentra mejor posicionada en el ranking de las instituciones de educación superior en el país, entre las diez primeras, con programas y bibliotecas certificados, mayor número de investigadores en el SNI y otros indicadores de su progreso, gracias al trabajo de sus académicos y empleados. En tanto, el rector Medardo Serna, no ha establecido o tratado de fincar responsabilidades a sus antecesores en el cargo y otros funcionarios por el dispendio y mal uso de los recursos universitarios. Los trabajadores deben, se proclama, pagar por la mala administración acumulada durante varias gestiones.

Finalmente, se ha generalizado a través de campañas mediáticas la idea de que los sectores laborales que disfrutan de mejores condiciones de trabajo y remuneración por contar con sindicatos y contratos colectivos de trabajo reales, constituyen un grupo privilegiado frente a la masa de la fuerza laboral desprotegida o de plano en el sector informal de la economía. En un país de pobreza e informalidad, donde los privilegios se concentran en mucho menos del uno por ciento de la población y se miden en fortunas de miles de millones de dólares o en sueldos de cientos de miles de pesos para los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, o de los ministros de la Suprema Corte y autoridades del Poder Judicial en general, se pretende presentar como privilegiados a un sector de los trabajadores que han logrado rebasar los sueldos y prestaciones estipulados en la ley. Se trata, desde luego, de una campaña para dividir a la propia clase trabajadora, encaminada desde los grandes medios manejados por la propia oligarquía, beneficiaria ella misma de la desigualdad social y los bajos salarios que privan en el país. El trabajo y las prestaciones asociadas a éste no son privilegios sino derechos humanos ya conquistados.

Lo que no ha de dejarse de lado es que, de imponerse por la burocracia universitaria actual una reforma regresiva al régimen de pensiones jubilatorias aplicable a las nuevas generaciones de nicolaitas, el rector Medardo Serna y sus colaboradores en la administración, se jubilarán de todos modos conforme al mucho más favorable sistema actual. La vieja sentencia de “los bueyes de mi compadre”, que los universitarios michoacanos no podemos aceptar en detrimento de los derechos de los hoy trabajadores académicos o administrativos jóvenes, o de los futuros. Dejar a las nuevas generaciones condiciones de trabajo y remuneración inferiores a las que las anteriores han disfrutado es, sin más, una traición a los valores humanistas y al espíritu del mejor nicolaicismo.
La Universidad Michoacana, si quiere ser fiel a sus orígenes y a sus tradiciones, debe defender una política de auténtico bienestar para su personal académico actual y el de las futuras generaciones. Los actuales nicolaitas no tenemos derecho a entregar incertidumbre e inseguridad a las nuevas o futuras generaciones. Debatir y analizar, sí, las pensiones y jubilaciones; pero con un sentido social y sin renunciar a los principios que han animado en sus mejores momentos la vida de esta casa de estudios.

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