José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La Ley de Responsabilidades
Sábado 21 de Enero de 2017
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El Estado ésta obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan su adecuado funcionamiento y el ejercicio ético y responsable de cada servidor público
El Estado ésta obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan su adecuado funcionamiento y el ejercicio ético y responsable de cada servidor público
(Foto: Especial)

Otro instrumento jurídico promulgado para poner a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que en esencia regula “las consecuencias por los daños y perjuicios que sufre la administración pública por las acciones u omisiones de los servidores públicos y de particulares vinculados con la administración pública”, siendo lo anterior una función correctiva, pero también la ley contiene disposiciones “para prevenir y contener la corrupción”, encomendando lo anterior a los órganos internos de control de las unidades burocráticas a los que les asigna revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales en el ámbito de sus competencias en consecuencia al participar en toda la ruta de la aplicación de los fondos públicos, los está obligando a prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Por la ley en comento, el Estado ésta obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan su adecuado funcionamiento y el ejercicio ético y responsable de cada servidor público, los que deben observar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

También los servidores públicos deben observar las siguientes directrices:
1. Actuar dentro de las normas de derecho que establecen sus actividades.

2. Conducir con rectitud su empleo por tanto no utilizarlo para obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal en favor de terceros ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

3. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

4. Dar a todas las personas el mismo trato.

5. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando el mejor desempeño de sus funciones.

6. Administrar los recursos públicos, para lograr la eficiencia, eficacia y economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de la administración pública.

7. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

8. Vocación de servicio a la sociedad.

9. Evitar conflicto de intereses y cuando se encuentren por alguna situación en ello resolverlo en favor del servicio público renunciando a aquello que resulte provechoso para la persona física y en favor del estado.

10. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesas privadas que comprometan al estado mexicano.

Para determinar quiénes serán las autoridades competentes en la aplicación de la Ley de Responsabilidades, este dispositivo jurídico utiliza el sistema de lo particular a lo general, ya que señala que inicialmente en la unidad burocrática de que se trate se deberá resolver el problema de corrupción; si ello no es posible, se requiere a los órganos de control interno del mismo ente público; si a pesar de esa segunda posibilidad de solución no se obtienen resultados favorables, debe intervenir la auditoria superior y si tampoco es la instancia de solución, intervienen los tribunales, excepción hecha de que se trate un problema en el Poder Judicial, donde intervendrán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y en los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México intervendrá el Tribunal Superior de Justicia y los Consejos de las Judicaturas Locales.

La Ley General Anticorrupción contempla una plataforma digital nacional, misma que tiene aplicación y utilidad en todo el Sistema Nacional Anticorrupción, pero de manera particular en la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que contendrá, entre otras informaciones, los siguientes sistemas electrónicos: el sistema de evolución patrimonial, compuesto de la declaración de intereses y constancias de presentación de declaraciones fiscales; el sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados; el sistema de información y comunicación del sistema nacional y del sistema nacional de fiscalización; sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y sistema de información pública de contrataciones, además de la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata pues de un banco de información relacionado con la administración pública, la que también contará con las sanciones o inhabilitaciones a que se hagan acreedores los servidores públicos o particulares por prácticas ilegales en su ejercicio o encargo, y una de las aplicaciones en concreto a propósito de la ley que aquí se interpreta es que se tendrá que consultar para expedir la carta de no corrupción, documento indispensable a partir de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción para la designación de funcionarios o contratación al servicio público. Continuará...
padillaalegre@hotmail.com

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