José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El sistema anticorrupción en el estado
Sábado 7 de Enero de 2017
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En sociología se afirma que el derecho puede ser el resultado de conductas sociales que para el conglomerado social tiene ya la fuerza legal de una norma, a la que el legislador sólo institucionaliza a través del procedimiento legislativo para legitimar, en otros supuestos son los grupos sociales los que obligan con sus protestas ante las fallas u omisiones del quehacer público o de la población en general a crear nuevas leyes para enmendar los desvíos de algunas prácticas de la administración pública o de algunos grupos sociales, y un tercer supuesto para legislar es cuando el estado con sensibilidad democrática advierte la necesidad de iniciar un proceso legislativo para una mejor forma de gobierno. Fue la combinación de los dos últimos supuestos los que dieron lugar a la reforma constitucional del artículo 113 en el mes de mayo de 2015, creándose en la Carta Magna el Sistema Nacional Anticorrupción, numeral que en la última parte señala la obligación de crear sistemas locales estatales.

Mario Armando Mendoza Guzmán quienes tienen la encomienda de sacar en tiempo y forma lo relativo a un fiscal anticorrupción
Mario Armando Mendoza Guzmán quienes tienen la encomienda de sacar en tiempo y forma lo relativo a un fiscal anticorrupción
(Foto: Especial)


Efectivamente, las malas prácticas en general de los mexicanos sobre corrupción, pero de manera particular de los políticos de casas blancas que, aunque después se las devuelvan a sus benefactores, esto como el delito de robo, el desapoderamiento de la cosa sustraída, no absuelve al delincuente, todas vez que en el caso de la corrupción de la clase política queda el tufo del hedor y la desconfianza por ser un hecho notorio, sólo me referiré brevemente a la Casa Blanca que supuestamente era propiedad de la esposa del titular del Ejecutivo federal, misma que posteriormente se supo había sido adicionada y remodelada por un grupo dedicado a la construcción del Estado de México, compañía que había sido beneficiada con contratos millonarios en aquella entidad cuando el hoy presidente era gobernador y que cuando menos en lo del tren rápido Ciudad de México-Querétaro, obra que coincidentemente ganó el grupo aludido junto con una empresa China, licitación que tuvo que cancelarse porque estalló el escándalo –de la Casa Blanca (agosto de 2015)– ya ahí se advertía una muestra grosera de corrupción, cuando en el segundo año de administración federal Enrique Peña Nieto utilizando como prestanombres a su esposa, lograba una vivienda “digna” de siete millones de dólares, ¿cuánto estaría por acumular por ese rubro en cuatro años más de administración; aunado a que se hablaba por esos días de cuando menos otras dos casas también de sospechosa adquisición como lo eran la del secretario de Hacienda en aquel momento y la del secretario de Gobernación; sin embargo, la clase política en el poder ya tenía en su programa de gobierno implementar un sistema anticorrupción, por lo que el presidente de la República había enviado desde tres meses antes la iniciativa para la reforma anticorrupción, y es ese el reto más importante en materia de derecho de este año que comienza. Lo anterior tomando en cuenta que para enero de 2018 debe estar operando en todo el país el Sistema Nacional Anticorrupción; por tanto, en los meses por venir debe estar homologada la legislación estatal con los ordenamientos federales, por lo que aquí se impone una pregunta: ¿ dónde estamos legislativamente hablando en México y en Michoacán en la implementación anticorrupción?

Sistema Nacional Anticorrupción. El andamiaje jurídico contra la corrupción en el plano nacional consta de siete leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la adecuación al Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la adecuación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la adecuación a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, quedando pendiente a la fecha de todas ellas por promulgar la ley orgánica de la Fiscalía General.

Homologación en nuestro estado. La fecha límite para que el Congreso del Estado legisle sobre el sistema anticorrupción es el 19 de julio del año en curso, de tal suerte que comienza la cuenta regresiva para el órgano legislativo y para ello con fecha 22 de noviembre del año pasado se formó un grupo de trabajo integrado por las comisiones de Gobernación, Inspectora de la Auditoría Superior, Jurisdiccional, Justicia y Puntos Constitucionales, de tal manera que se puede concluir que a la fecha en Michoacán no hay ninguna adecuación en la legislación estatal por parte de ese grupo interdisciplinario encabezado por el diputados Mario Armando Mendoza Guzmán quienes tienen la encomienda de sacar en tiempo y forma lo relativo a un fiscal anticorrupción, transformar al tribunal de justicia administrativa dotándolo de dos magistrados más un calificador y otro ejecutor especializado en corrupción y en general de una legislación integral que nos proporcione leyes estatales que permita combatir la corrupción. Esperando que nuestros diputados estén a la altura de lo que exige el problema de la corrupción.

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