Estrellita M. Fuentes Nava
Calidad democrática y crisis de legalidad en México
Jueves 8 de Diciembre de 2016
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Haber transitado ya en México por una alternancia en el poder, aunado al hecho de que actualmente contamos con instituciones fuertes y marcos regulatorios cada vez más sólidos en materia electoral, no necesariamente se traduce en que vivamos en un estado de calidad de la democracia, puesto que las dimensiones de la ciudadanía y el desarrollo humano que están incorporadas en su medición no están ocurriendo. En ese sentido, agencias internacionales como el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) han trabajado con los países para coadyuvar en su reflexión y en la práctica de la democracia. Como se establece en su Informe sobre Desarrollo Humano 2002: “La democracia no sólo es un valor en sí mismo, sino un medio necesario para el desarrollo”. Y señala que “la gobernabilidad democrática es un elemento central del desarrollo humano, porque a través de la política, y no sólo de la economía, es posible generar condiciones más equitativas y aumentar las opciones de las personas…”.

Las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de los mexicanos ponen en entredicho sus posibilidades de acceder al ejercicio pleno de sus derechos como lo establece la Constitución de nuestro país
Las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de los mexicanos ponen en entredicho sus posibilidades de acceder al ejercicio pleno de sus derechos como lo establece la Constitución de nuestro país
(Foto: TAVO)

La calidad de la democracia conjuga los principios normativos del Estado de Derecho democrático (perspectiva estatal) y los de la ciudadanía democrática (perspectiva societal), con los criterios establecidos contemporáneamente por el desarrollo humano, y para el caso de México, se cuenta indudablemente con reformas importantes que han abierto el paso a la construcción de la democracia en nuestro país, pero también hay que reconocer que la agenda social, económica y de derechos humanos por la que atraviesan la mayor parte de los ciudadanos, debilita el acceso de ellos a su pleno ejercicio de libertades democráticas.

El sistema de justicia en México nunca antes había sido tan cuestionado como en los años recientes: la agenda en materia de derechos humanos ha sido severamente criticada desde instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México (el mayor número registrado entre los países del continente americano durante 2014) según se da a conocer en el informe anual del organismo internacional.

Por otra parte, las condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de los mexicanos ponen en entredicho sus posibilidades de acceder al ejercicio pleno de sus derechos como lo establece la Constitución de nuestro país. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del PNUD, México se ubicó en el puesto 71 de 187 países y territorios en materia del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este resultado significa que con los datos ajustados de 2012 el país retrocedió un lugar con respecto a la posición que ocupaba el año pasado.

Ello pone en condiciones de vulnerabilidad el pleno ejercicio de la libertad del voto, puesto que persisten prácticas nocivas, como lo han señalado fuentes de organizaciones de la sociedad civil quienes señalan que en 2012 por lo menos 28 por ciento de los electores fueron presionados ilegalmente para votar en favor de un candidato en particular.

En materia de libertad de prensa, de acuerdo con el informe “La libertad de prensa 2015” publicado por Freedom House, México recibió el puntaje más bajo en más de una década con 63 puntos de 100, y se coloca en el lugar 139 de 199 países en libertad para los medios.

Finalmente, en lo que refiere a la percepción de la corrupción por los propios mexicanos, se han hecho diversas mediciones entre las que destaca Transparencia Internacional, quien en 2014 colocó a México en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo, con su Índice de Percepción de la Corrupción.

Gran parte del discurso de la clase política en México celebra los avances en su agenda democrática, pero hay otras agendas asociadas que no están siendo incorporadas dentro de esa visión, como lo es el combate a pobreza, ni la justicia en materia de derechos humanos, condiciones sine qua non para la total consolidación de la primera.

A la luz de este discurso de Estado moderno, con un marco procedimental democrático y de liberalización multipartidista, aún sobreviven poderes fácticos que siguen inamovibles en las esferas del poder, condiciones de pobreza en la que sobreviven 60 millones de mexicanos, así como la cuestionada situación de los derechos humanos.

Hablar de la transición democrática en México parece que nos lleva al umbral inicial de una infraestructura electoral que garantiza el voto, pero no en todos los estratos sociales de manera libre y secreta, puesto que aún se necesitan ejecutar esfuerzos simultáneos para asegurar que cada ciudadano en cada rincón del país pueda ejercer estos derechos cívicos a plenitud.

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