Eduardo Nava Hernández
Huelga de hambre en la Universidad Michoacana
Jueves 3 de Noviembre de 2016
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El martes 1º de noviembre terminó, después de doce días, la huelga de hambre que iniciaron trece miembros de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados, y que sólo terminaron cuatro, para reforzar las otras acciones desplegadas durante las semanas anteriores: la ocupación de las dependencias de la Universidad Michoacana y marchas en distintos momentos. A lo largo de esos doce días, varios de los estudiantes tuvieron que ir abandonando el ayuno por el deterioro de sus condiciones de salud. La huelga de hambre la iniciaron después de varias semanas de mala alimentación en las tomas, agravada por el hecho de que el rector Medardo Serna, con el ilegal apoyo del Consejo Universitario, retiró arbitrariamente el subsidio a las casas estudiantiles, subsidio ya contemplado en el presupuesto universitario.

En ese lapso también fueron desalojadas varias de las instalaciones universitarias que habían sido tomadas, aislando cada vez más a los huelguistas de hambre.

La huelga de hambre la iniciaron después de varias semanas de mala alimentación en las tomas, agravada por el hecho de que el rector Medardo Serna, con el ilegal apoyo del Consejo Universitario
La huelga de hambre la iniciaron después de varias semanas de mala alimentación en las tomas, agravada por el hecho de que el rector Medardo Serna, con el ilegal apoyo del Consejo Universitario
(Foto: TAVO)

Iniciado el movimiento para demandar más espacios educativos para los rechazados –la mayoría– que habiéndose presentado al examen de selección no fueron admitidos por la institución, y “aspirantes” –la minoría– que por alguna u otra razón no hicieron los trámites para ingresar o no los hicieron completos, el pliego petitorio tuvo que ampliarse por las medidas de sanción adoptadas por las autoridades universitarias. Ha habido expulsados, cuya reintegración a la institución se ha tenido que demandar, y hasta denuncias penales que se buscó revocar también con la huelga alimentaria.

No recuerdo que en los tiempos recientes se haya presentado una acción como la que esos trece jóvenes emprendieron para hacerse escuchar de las autoridades universitarias y de la sociedad michoacana, no en esta institución. Fue una reacción personalmente asumida por cada uno de ellos ante la cerrazón de las autoridades universitarias frente a las demandas del movimiento. Es cierto que hubo respuestas parciales, como ofrecer mil 50 nuevos lugares y emitir segundas convocatorias de ingreso, primero para el bachillerato y luego para un número muy reducido de licenciaturas, seis o siete, pero no para aquellas que son más demandadas por los aspirantes. La huelga de hambre implicaba también salir al paso a la despiadada campaña en los medios de comunicación que ha señalado a los ocupantes de las instalaciones universitarias como gente violenta e irracional.

La acción se inscribió, también, en medio de un ambiente de desconfianza hacia las autoridades, por las maniobras dilatorias de éstas y el manejo engañoso del diálogo con los ocupantes, que llegó al extremo, el jueves 27 de octubre, de romper las pláticas bajo pretexto de un hecho de provocación que todo indica que fue armado por la propia administración de la Universidad.

Sin duda este ayuno ha quedado ya inscrito para la historia de una institución que merece otras formas de relación entre los miembros de su comunidad. Habla de la incapacidad de sus elementos, comenzando por sus autoridades, para armar acuerdos mínimamente satisfactorios para las partes. Esta afirmación no carece de bases. Este mismo año, tanto el Sindicato de Profesores como el Sindicato Único de Empleados de la Universidad, estallaron huelgas por la falta de respuestas a sus reivindicaciones laborales. En el primer caso, de una semana; en el segundo, por tres semanas, aproximadamente. Los dos gremios fueron agredidos, además, de una forma innovadora: la Junta de Conciliación y Arbitraje determinó imponerles, al margen de toda norma laboral, la “modalidad” de una huelga “de puertas abiertas” que implicó nulificar el derecho de huelga mismo. En los hechos y vistas las cosas en su conjunto, no sólo estamos ante uno de los ciclos lectivos más irregulares en la vida de la institución, sino ante un rectorado que ha acumulado en poco tiempo más conflictos que los que se recuerden en periodos recientes.

La huelga de hambre misma, aunada a las otras medidas de presión del movimiento estudiantil, no fue suficiente, difícilmente lo iba a ser, para modificar la política de admisión que se impugna. En el fondo se encuentran dos elementos de esa política: la reducción de la matrícula en una buena parte de las carreras que ofrece la institución y haber entregado la elaboración y evaluación del examen de ingreso a un organismo privado, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval.

¿La reducción del número de espacios para los educandos obedece a razones financieras? Las autoridades no sólo no dan ninguna explicación, sino que además niegan, contra toda evidencia estadística, que se esté disminuyendo la matrícula. Aducen que está creciendo, pero en realidad por la apertura de algunas carreras nuevas y no las tradicionalmente demandadas. El hecho es que esta reducción no sólo afecta al sector estudiantil, para el que se incrementa la exclusión, sino que también amenaza la fuente de trabajo de un sector del profesorado.

La incorporación del Ceneval al proceso de selección se realizó sin una consulta previa con el sector académico de la institución ni con el sindicato, y sin hacer explícitas sus implicaciones. Por eso, y porque hay evidencias de que la institución sí tiene capacidad para atender un número mayor de estudiantes que los admitidos, en esta ocasión es que el propio sindicato académico se ha pronunciado por una solución negociada que satisfaga en lo fundamental las demandas del movimiento estudiantil, solución que no se ha dado.

En el trasfondo del hasta ahora irresuelto conflicto —si bien han vuelto a las actividades la mayoría de las dependencias sigue la ocupación de la Ciudad Universitaria hasta el momento de escribir este artículo— está un giro drástico en las políticas universitarias. Se trata de infligir una derrota definitiva, al costo que sea, al movimiento de aspirantes y rechazados que año con año se organiza y que en ocasiones anteriores ha tenido otro tipo de respuestas. Se trata también de “disciplinar” a los albergues estudiantiles y frenar su tradicional movilización, y de advertir a los gremios tanto académico como administrativo que las decisiones políticas se aplicarán en la institución de manera unilateral y a rajatabla. Desafortunadamente el Consejo Universitario, en parte por intereses ya creados, en parte por una visión de corto alcance de sus integrantes, ha aceptado acríticamente las posturas impulsadas por la Rectoría.

Lo que viene es más grave: la modificación del régimen de jubilaciones, que iniciaría con una reforma unilateral de la Ley Orgánica de la Universidad, por la cual ya se han pronunciado el PRI y el PAN en el Congreso local. Vendrán los recortes presupuestales o al menos el condicionamiento de las ministraciones económicas a la aplicación de las llamadas “reingenierías”. Ya el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, ex rector de la Universidad Michoacana y ex gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, ha anunciado no sólo una reducción drástica en los recursos financieros, sino la insolvencia (“quiebra”) de la institución que llevaría a su cierre bajo la forma en que la conocemos en la actualidad y su “refundación”, desde luego autoritaria.

Los primeros objetos de esta radical reforma han sido los estudiantes movilizados por más espacios educativos en la Universidad, hoy batiéndose en retirada; pero nuevas luchas vendrán y el espíritu rebelde de los nicolaitas no desaparecerá fácilmente, eso es seguro.

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