Julio Santoyo Guerrero
Beneficios de la debilidad institucional
Lunes 31 de Octubre de 2016
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De hace décadas provienen los diagnósticos que refieren a los factores que propician el decaimiento de las instituciones mexicanas. Algunas más que otras, pero la mayoría enfrentan procesos de desgaste que las alejan de la confianza de la sociedad a la que debieran servir y en función de la cual se deben justificar.

«En el país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos»
«En el país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos»
(Foto: Especial)

La politización ha sido uno de esos factores que han precipitado la confianza en las instituciones y se ha creído pertinente que sacándolas de la órbita del origen partidario de quienes ejercen el poder pueden realizar mejor su labor, ofreciendo un servicio más apegado a la legalidad que a la consigna política de quienes ejercen el poder. Una de las primeras instituciones a las que se le asignó un estatuto independiente, ciudadanizado, fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, igual siguió el Instituto Federal Electoral hoy, Instituto Nacional Electoral, y le ha seguido una gran cantidad de ellas.

El interés abrasivo del poder ha encontrado la ruta para evadir el estatuto independiente y ciudadanizado de esas instituciones cardinales para la vida nacional y se ha valido de la facultad legal de las cámaras para designar a sus titulares a través de ternas u otras fórmulas para generar espacios de negociación que permitan el acceso subrepticio de funcionarios partidizados.
Ahora la mayoría de estas instituciones tienen gobiernos compuestos por funcionarios que le deben su designación a los partidos y hasta se puede saber en qué periodo le corresponde a qué partido proponer funcionario para presidir.

El resultado es la continuidad de procesos de degradación institucional y la consecuente pérdida de confianza ante la sociedad. Hasta ahora ningún partido y ningún líder hemos tenido que siga una ruta clara y enérgica para retomar la vía de la recomposición de las instituciones, para que los ciudadanos encuentren en ellas el camino cierto para desahogar sus reclamos y ver atendidas sus necesidades.

Esta ruta de degradación está siguiendo a paso acelerado la institución procuradora de justicia a nivel nacional y parece no detenerse ni siquiera con la reciente reforma que busca dotar de independencia a esta institución. La procuración de justicia es un asunto sumamente delicado, del cual depende en gran parte la legitimidad del resto de las instituciones y lo que de ello se deriva: la paz pública. Es una fatalidad que sólo el cuatro por ciento de los mexicanos, por ejemplo, crean que se cumplen las leyes; es gravísimo que en el país sólo se denuncien siete de cada 100 delitos que se cometen y que, por si fuera poco, el 99 por ciento de los delitos no sean castigados, que queden en la impunidad.

Sumada la profunda desconfianza de la sociedad en los cuerpos policiacos, es perfectamente explicable la emergencia de fenómenos sociales en los que los pueblos toman en sus manos el ejercicio de la justicia o bien el crecimiento de la protesta social con tendencias cada día más hacia el ejercicio de la violencia política. La degradación de las instituciones por el desapego de los servidores públicos a la ley, por los procesos de corrupción alentados desde las élites del poder y las obstrucciones burocráticas que desalienten la participación ciudadana, propician ingobernabilidad y repudio público.

Tenía el gobierno de la República una oportunidad de oro para reposicionar el trabajo de la procuraduría, aprovechando la nueva normativa para designar un fiscal con independencia. No lo hizo, prefirió la confianza y la amistad personal antes que procurar la razón de Estado para proponer un fiscal que habrá de hacerse cargo de tan delicada misión para los próximos nueve años.

La decisión del fiscal es un nuevo estímulo para continuar con la ruta de la debilidad institucional. Debe entenderse que ello tiene un sentido pragmático: cambiar sin cambiar nada, no cambiar nada para mantener los mismos indicadores de impunidad, decisión que permita, como lo han permitido, que los delitos de cuello blanco de la descompuesta clase política mexicana puedan ser encubiertos o tratados con benevolencia. Muy probablemente esa es la razón por la que en el Senado de la República la propuesta presidencial sólo tuvo elogios y ninguna oposición.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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