Eduardo Nava Hernández
Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas
Jueves 29 de Septiembre de 2016
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En 1895 existían ya en Morelia algunos clubes políticos con tintes anti reeleccionistas que se oponían al presidente Porfirio Díaz y al gobernador Aristeo Mercado, quien duró más de 20 años en el cargo, en los que participaban sobre todo profesionales y hombres de las clases medias inquietos por las condiciones políticas del país y de Michoacán. El 3 de septiembre de ese año, mientras el gobernador Mercado festejaba su onomástico con un baile, los estudiantes del Colegio de San Nicolás se manifestaron en la Plaza de los Mártires y fueron reprimidos por la caballería a golpes de sable a fin de que no se dirigieran a la Academia de Niñas, donde se celebraba al gobernante. 20 estudiantes nicolaitas fueron aprehendidos y conducidos al cuartel. Aunque varios de ellos salieron poco después de la cárcel, otros, los de mayor edad, permanecieron más tiempo, pero casi todos continuaron en la lucha antiporfirista y antimercadista.

El rector Medardo Serna, quien ilegalmente, violando la Ley Orgánica, el Reglamento de Exámenes y el Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM, ha delegado en el Ceneval (organismo privado) el proceso de selección de aspirantes, ha acudido a la Procuraduría
El rector Medardo Serna, quien ilegalmente, violando la Ley Orgánica, el Reglamento de Exámenes y el Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM, ha delegado en el Ceneval (organismo privado) el proceso de selección de aspirantes, ha acudido a la Procuraduría
(Foto: Carmen Hernández )

Las actividades anti reeleccionistas de los jóvenes se concentraron en el Colegio de San Nicolás y las escuelas de Jurisprudencia y Medicina. La respuesta del gobierno estatal fue contundente: la separación de los tres planteles, que se encontraban reunidos. Medicina se trasladó al Hospital Civil, ubicado en el ex convento de Las Capuchinas; Jurisprudencia se mantuvo dentro del Colegio pero se construyó un muro para separarla del bachillerato, que se mantuvo en el propio edificio de San Nicolás. Se prohibieron las reuniones estudiantiles y se separó al regente del Colegio, licenciado Pascual Ortiz de Ayala. Fueron expulsados muchos alumnos, entre los cuales se encontraba el hijo de éste, Pascual Ortiz Rubio, futuro gobernador, fundador de la Universidad Michoacana y presidente de la República, quien tuvo que trasladarse a la capital del país para continuar sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la de Ingeniería.

Años después, en noviembre de 1910, y en vísperas del estallido de la Revolución maderista, los estudiantes del Colegio de San Nicolás y de la Escuela de Medicina volvieron a protagonizar un episodio de protesta. Con motivo del supuesto linchamiento de un mexicano en Texas, encabezaron una marcha para exigir al gobierno mexicano más firmeza frente al de Estados Unidos, que derivó en protesta anti reeleccionista contra Aristeo Mercado. A consecuencia de ello fue expulsado de Medicina el nicolaita Isaac Arriaga, con Cayetano Andrade y Sidronio Sánchez Pineda. El segundo llegaría a ser un eminente miembro del Congreso Constituyente en 1916-1917 y Sánchez Pineda destacaría como revolucionario y gobernador de Michoacán.

Nuevos episodios de lucha llevarían a conflictos que marcaron a la Universidad Michoacana. En 1963 estalló un movimiento estudiantil que derivó en una huelga estudiantil pidiendo la destitución del rector Elí de Gortari y el secretario general, Alfonso Espitia Huerta, con acusaciones de que este último no cubría los requisitos de ley para ocupar el cargo, nepotismo, malversación de recursos y otros. En realidad era una lucha ideológica contra el izquierdismo del rector y los maestros “rojos” o “comunistas” que había traído a la Universidad, muchos de ellos con reconocimiento nacional e internacional, y contra los nicolaitas que lo acompañaban. El gobernador Agustín Arriaga Rivera aprovechó la movilización en la Universidad para hacer aprobar una nueva Ley Orgánica que abrogaba la mucho más progresista de 1961 e imponía un nuevo órgano directivo, la Junta de Gobierno, lo que ocasionó la protesta de la mayoría de los universitarios, que apoyaban al rector. Esa protesta fue sofocada con la milicia, que salió a las calles a reprimir; un estudiante, Manuel Oropeza García, fue asesinado cuando se encontraba en la azotea del Colegio de San Nicolás defendiendo el edificio de la embestida militar, y seis más fueron heridos por las ametralladoras del Ejército. Esta vez los sancionados no fueron los iniciadores del movimiento (la llamada Fraternidad Nicolaita Antidegortarista), sino el propio rector, que fue depuesto, y sus simpatizantes. Fueron expulsados 34 maestros –entre ellos José Luis Balcárcel, Juan Brom, Jaime Labastida Ochoa, Jaime Díaz Rozotto, Ricardo Ferré, Arnaldo Córdova, José Herrera Peña y varios más– y trece estudiantes, como los dirigentes Efrén Capiz Villegas y Víctor Rafael Estrada.

En octubre de 1966 un nuevo movimiento estudiantil estalló en la Universidad por el asesinato del estudiante nicolaita Everardo Rodríguez Orbe durante una protesta por el alza del transporte público. Radicalizado, el Consejo Universitario no sólo demandó el castigo a los asesinos del estudiante, sino la desaparición de poderes en el estado por el Senado de la República. Cuatro días después del asesinato, el 6 de octubre, en Morelia, el radiodifusor José Martínez fue aprehendido y, siendo civil, recluido a la sede de la XXI Zona Militar por haber difundido en su estación las proclamas del movimiento. En esa misma fecha el Congreso del Estado solicitó oficialmente la intervención de las fuerzas federales para imponer el orden. El presidente Gustavo Díaz Ordaz envió a Morelia un batallón de paracaidistas que desfilaron por la Avenida Madero antes de entrar en acción. El día 8 los militares disolvieron un mitin de universitarios y entraron y catearon el Colegio de San Nicolás y a otros edificios de la Universidad. El secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, llamó al gobernador y le dijo tener instrucciones de “hacer una limpia de las casas de estudiantes”.

Por su parte, el gobernador Arriaga dirigió a sus gobernados un mensaje donde, después de hacer profesión de fe nicolaita y reiterar su “acendrado cariño” hacia la institución universitaria, afirmaba: “(…) agitadores profesionales, venidos especialmente de la Ciudad de México y de otros lugares (...) en relación con grupos anarquistas que en los últimos años se habían apoderado de la Universidad, recurriendo al terrorismo y a la presión moral, (…) trataron de sembrar el desorden y la confusión en todo el estado y de inmediato hacerlo extensivo a todo el país”. Por su parte, en su diario el general Lázaro Cárdenas externó sin sutilezas su disgusto con la acción del gobierno de Arriaga Rivera contra la Universidad: “Penetraron las tropas al recinto que honró el padre de nuestra patria cuando que habría bastado la intervención del propio gobernante del estado. Pero la falta de ecuanimidad, la pasión política, la irresponsabilidad y morbosidad de apelar a la fuerza, es ya hábito de este ciudadano que está al frente el gobierno de Michoacán, que no ve, y si ve no le importa, el grave daño que le causa al estado, al país y al régimen de la Revolución, al acusar a los descontentos de su forma de actuar, de que conspiran en contra del gobierno federal, falseando la realidad de los hechos”.

El ex presidente de la Federación de Maestros, el poeta Ramón Martínez Ocaranza, y otros defensores de la Universidad, fueron aprehendidos y encarcelados, aquél, con su esposa y sus hijas, estando enfermo de artritis y sin poder caminar. Se reconfiguró la Junta de Gobierno y ésta designó como nuevo rector a Alberto Lozano Vázquez, el ex procurador de Justicia que en 1963 había armado los expedientes para encarcelar universitarios. Se clausuraron las casas del estudiante y una de ellas, la Melchor Ocampo, que era la única que contaba con un edificio especialmente construido para sus fines, fue demolida.
Después de este trágico episodio en la historia de la Universidad Michoacana, la intervención directa de las fuerzas represivas y la expulsión de activistas fueron dejadas de lado hasta la reciente gestión de Fausto Vallejo Figueroa como gobernador y Salvador Jara Guerrero como rector. Como es recordado por muchos universitarios, en la madrugada del 12 de abril de 2012, elementos de las policías Estatal y Federal allanaron las casas del Estudiante 2 de Octubre, Nicolaita y Lucio Cabañas, deteniendo y golpeando a más de 200 estudiantes que se encontraban durmiendo, lo que fue avalado por el rector Jara —luego gobernador sustituto del gobernador Vallejo y hoy subsecretario de Educación Superior de la SEP— declarando que la intervención policiaca no constituía una violación a la autonomía de la institución.

Al propio Jara Guerrero le correspondió reestablecer el método de las expulsiones políticas contra quienes participan en un movimiento de contenido social. En septiembre del mismo año, el Consejo Universitario, a instancias del oscuro rector, determinó la expulsión de diez alumnos que habían participado en el movimiento en favor de los aspirantes y rechazados, no porque fueran dirigentes del mismo, sino, según declaró el representante de la Universidad, porque ellos “fueron identificados”. Contra esas expulsiones procedieron más adelante juicios de amparo en las instancias federales, que les permitieron a los afectados volver a inscribirse en sus respectivas dependencias.

La represión y la expulsión de los activistas no son, pues, fenómenos nuevos, aunque por muchos años se hubieran abandonado. Gobernadores y regentes o rectores hubo en la historia michoacana y en la de la Universidad que recurrieron a ellas como método para deshacerse de los participantes en movimientos incómodos o que cuestionaban sus determinaciones.
Ahora, ante un nuevo movimiento por el ingreso a la Universidad, el Consejo Universitario ha aprobado, otra vez, la expulsión de ocho alumnos no por delitos de robo, ejercicio de la violencia o algún otro de naturaleza grave —como no han sido penalizados el acoso a alumnas o la corrupción de profesores—, sino por participar en una protesta que llevó a las suspensión temporal de las actividades académicas en el año 2015.

Igualmente, el propio Consejo, que se encuentra en la ilegalidad por no haber aprobado desde 1986 un estatuto universitario acorde con la Ley Orgánica de ese año, aprobó esta vez solicitar la intervención de la fuerza pública para resolver el actual conflicto. El rector Medardo Serna, quien ilegalmente, violando la Ley Orgánica, el Reglamento de Exámenes y el Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM, ha delegado en el Ceneval (organismo privado) el proceso de selección de aspirantes, ha acudido a la Procuraduría de Justicia a cumplir su “mandato”. Un procurador impuesto desde el centro, ignorante de la legalidad universitaria, de la historia nicolaita y del significado del nicolaicismo como praxis de contenido social, no meramente académica, se apresta a ejecutar el uso de la fuerza para resolver una cuestión eminentemente social.

Nuevamente, en tiempos aciagos como los actuales, la Universidad Michoacana se ve intimada por el empleo de la represión política contra los nicolaitas que con autonomía y pasión defienden a la institución de quienes la divorcian de sus históricas orientaciones y compromiso con la sociedad. Su demanda de diálogo público y resolutivo con las autoridades de la institución no puede ser abandonada. No la levantan por ellos, lo hacen por toda la comunidad amenazada.

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