Eduardo Nava Hernández
La toma en la Universidad Michoacana
Jueves 15 de Septiembre de 2016
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La ocupación de las instalaciones de la Universidad Michoacana por la Coordinadora de Universitarios en Lucha y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (CUL-MAR) parece no tener una solución inmediata
La ocupación de las instalaciones de la Universidad Michoacana por la Coordinadora de Universitarios en Lucha y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (CUL-MAR) parece no tener una solución inmediata
(Foto: Ernesto Hernández Doblas)

En su tercera semana, la ocupación de las instalaciones de la Universidad Michoacana por la Coordinadora de Universitarios en Lucha y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (CUL-MAR) parece no tener una solución inmediata. Del lado de los ocupantes se mantiene la demanda de que se abra el diálogo con las autoridades de la institución y con el rector Medardo Serna González en particular, y que se facilite el ingreso de un número hasta hoy desconocido de jóvenes que no alcanzaron, por la razón que fuera, inscripción; del lado de la Rectoría, que la desocupación de los espacios físicos universitarios es la condición para establecer pláticas con su contraparte. Lo que parece un diálogo de sordos es, sin embargo, una contraposición de lógicas encuadradas, ambas en el ámbito de una institución tan compleja como la universitaria.

Al momento de darse la ocupación, los aspirantes, a través de sus portavoces de la CUL, denunciaron, ante todo, no haber sido atendidas sus diversas solicitudes de audiencia con el rector y mostraron pruebas de haberlas gestionado a través del secretario de la Universidad. Su primera demanda es, pues, el diálogo; la segunda, abrir la puerta al ingreso de sus representados.

He dicho que no sabemos el número preciso de solicitantes. Se ha hablado de mil 517, pero también de otras cifras, incluso inferiores. El rector, por su parte, ofreció ya 773 lugares disponibles en distintas áreas para cubrir parcialmente la demanda (sin que se sepa el procedimiento como se operaría el ingreso), y el secretario de la Universidad, Salvador García Espinosa, ha llegado a hablar de mil 200 espacios. Pero pese a que los inconformes dicen tener preparadas las listas de demandantes para presentarlas a las autoridades al abrirse las negociaciones, no se ha dado a conocer de cuántos casos se trata, cuántos sí realizaron sus trámites y cuántos no, etcétera. Como se ve, de ser cierto el aserto de García Espinosa, podría no estarse lejos de una solución al conflicto si ambas partes se sientan a parlamentar con espíritu abierto y realmente universitario.

Pero en vez de eso, la administración ha optado por asumir posiciones sustentadas en el principio de autoridad: no dialogar con las instalaciones tomadas, y en cambio responder con el llamado a las simuladoras cuanto ineficaces “clases extramuros” —en sedes que, empero, no gestionan, dejando a los directores la tarea de conseguir los espacios alternos— y con medidas represivas: suspensión de subsidios a las casas estudiantiles que respaldan la toma, ultimatos y amenaza de sanciones a quienes han aparecido como voceros o dirigentes del movimiento, incluida la de expulsión. Los “movimientistas”, a su vez, saben que conservar en su poder las instalaciones es su única posibilidad real de presionar para la negociación y, ahora, para escudar a sus compañeros amenazados.

El método de las tomas no es el mejor, por supuesto, para resolver un conflicto de índole universitaria. Ojalá hubiera canales expeditos para la revisión de los casos (el resultado del “examen de admisión” es inapelable) y sobre todo para que los universitarios y la sociedad resuelvan sus diferencias sin recurrir a medidas de presión de esa magnitud. Pero por otra parte, ese método se ha vuelto ya habitual, particularmente en esta Universidad, por razones hasta históricas, además de recurrente para resolver una cuestión que no es sólo universitaria, sino también de impacto social: hasta qué punto la institución pública responde a los requerimientos educativos de la sociedad michoacana y mexicana. No hay sorpresa, entonces, en que una vez más éste sea el proceder del movimiento para ejercer presión.

Refiero algo anecdótico pero significativo: a Salvador Jara Guerrero, ex rector represivo contra las tomas y quien también intentó proceder con expulsiones contra paristas, lo conocí exactamente en 1986, jóvenes ambos, durante la “toma” de Ciudad Universitaria en la que los dos participábamos para impedir que el ex rector Raúl Arreola Cortés despachara en edificio de la Rectoría bajo el cobijo de un amparo judicial. Y aun mi llegada a la UM, en 1983, se dio en medio de una toma, protagonizada precisamente por la entonces recién creada CUL, demandando equipamiento para los albergues estudiantiles. Pero este añejo método de lucha —en realidad un método defensivo contra la exclusión social que tiene en la Universidad sólo uno de sus eslabones— sólo puede superarse si las autoridades responsables asumen una actitud abierta, dialogante y de reconocimiento hacia sus contrapartes —moradores, estudiantes, sindicatos— que también son parte de la comunidad universitaria.

Porque al asumir su “principio de autoridad”, el rector y su equipo administrativo se asumen como representantes de “la institución”, pero de una institución concebida como abstracción, impersonal y existente al margen de los sujetos reales que “realmente” —asumo la redundancia— la conforman. Pero resulta que ese equipo administrativo es también representante de los moradores de las casas, por ser éstos integrantes de la comunidad universitaria; no podrían dejar de atenderlos, como no pueden dejar de dialogar con los sindicatos cuando éstos llegan al estallido de una huelga. La autoridad mal entendida, como investimento personal y no como responsabilidad representativa.

Pero en este año el problema del ingreso universitario se ha agravado con respecto de los anteriores por un nuevo factor. El rector Medardo Serna ha decidido, sin darlo a conocer previamente a la comunidad y en violación y abdicando de la autonomía universitaria, entregar el proceso de admisión a un organismo privado, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (Ceneval). Es ahora este organismo (sólo falta que nos digan que también es una institución “nicolaita”) el que ha diseñado y aplicado, sin intervención del profesorado de la UM, el examen de selección que ha dado como resultado la exclusión que ahora alimenta el conflicto.

Esa institución privada no lo hace gratis. Según el Catálogo de Costos por Servicios 2016 de esa empresa (aunque se presente como “asociación civil”), el costo unitario del Examen Nacional (énfasis mío) de Ingreso a la Educación Superior es de 193.00, lo que representa, si suponemos unos doce mil solicitantes, que en una sola actuación ha llevado a sus arcas alrededor de dos millones 316 mil pesos, más lo que la propia institución haya erogado para ella por una función que perfectamente podía ser cumplida por la planta docente de la institución; y esto lo hace, a su vez, en la mayoría de las universidades aún llamadas públicas del país, con daño económico para las instituciones y para los aspirantes.

No hablaré por ahora de los otros servicios que han sido subrogados por la institución que aún, de dientes para afuera, presume ser “nicolaita” (exámenes de ingreso a posgrado, certificación de estudios y, lo peor, titulaciones). Me limito, por ahora, a señalar que los aspirantes han sido evaluados con un examen “nacional”, que no toma en cuenta las especificidades educativas y sobre todo sociales de Michoacán. Es el mismo que se aplica en las grandes urbes como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, y con el cual se ha medido a los aspirantes provenientes de municipios rurales y semirrurales de Michoacán y otras entidades de la República. Tratar igual a lo desigual, según los principios jurídicos, no es abonar a la justicia.

Más aún: el examen Ceneval no ha eliminado las sospechas de opacidad en el ingreso ni la existencia de manipulaciones y recomendados en el proceso de admisión, como generalmente ha ocurrido, a sabiendas de todos y a paciencia de las autoridades.

La toma se ha prolongado quizá demasiado sin que se vea una salida inmediata, y tal vez llegue a su cuarta semana. Así será mientras persista el “principio de autoridad” y el “no negocio bajo presión” de la burocracia institucional. Ha salido a relucir, como siempre en estos casos, el discurso acerca del daño cuantitativo para 55 mil estudiantes y de las pérdidas (¿es la UM una empresa lucrativa?) de carácter económico. Y si bien para esos 55 mil, es cierto, hay una afectación temporal de corto plazo, al ver diferidos por días o semanas sus estudios, no se habla de la afectación mucho más profunda y trascendente para cada uno de los rechazados, que puede ir de un año a toda la vida, al tener que suspender temporalmente o abandonar definitivamente sus estudios y seguir por otros derroteros de los que no están descartados el desempleo, la precariedad laboral, la ocupación informal o, en el caso extremo, las actividades ilegales.

Es necesario frenar el avance, ya arrancado, de la división en la comunidad universitaria, del enfrentamiento, el encono y las expresiones clasistas y racistas de un sector de los ya “nicolaitas” contra quienes participan en un movimiento reivindicador.
Es necesario impedir la criminalización de los alumnos, habitantes de los albergues universitarios —así deberían llamarse para destacar que son parte de la institución— y solicitantes de ingreso. Pero sobre todo, para salvar a la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que lleva en su nombre el del Padre de la Patria y emancipador de los indios y los esclavos, hay que impedir que la institución heredera del colegio que Vasco de Quiroga legó a las generaciones posteriores para “servir perpetuamente gratis” (según su Testamento) a los hijos de quienes con su trabajo contribuyeron a la erección de la ciudad de Pátzcuaro, se consolide, según tiende hoy, como una institución excluyente.

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