Juan Pérez Medina
Fin al abuso, otra vertiente de la estrategia en contra de los maestros
Lunes 9 de Junio de 2014
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Mexicanos Primero sigue en su cruzada mesiánica en contra de los trabajadores de la educación y atentando contra su derecho a sindicalizarse. En este caso, insisten en contar con un sindicato a su medida o, mucho mejor, que ni siquiera exista el sindicato. Organización propatronal, encabezada por grandes magnates con cuantiosas fortunas, que se consideran (y lo son) los dueños de México y, por tanto, los voceros de las necesidades y sueños de todos. Mexicanos Primero tiene como su representante vivible a Claudio X. González, quien forma parte de una familia empresarial de abolengo en el país; pero también lo son Emilio Azcárraga, de Televisa, y Alejandro Ramírez, de Cinépolis, entre otros.
En la memoria colectiva aún están frescas las imágenes de la cinta “De panzazo”, que auspiciada por esta organización fue exhibida en todas las salas cinematográficas del país; haciendo claro señalamiento acerca de la cuestionable labor del maestro, y poniéndolo como el responsable de la actual crisis educativa nacional.
Ahora, junto con un poco más de 100 organizaciones del mismo tipo, este grupo ha creado la organización denominada Fin del abuso.org, según se menciona en la misma página, para lanzarse en una nueva etapa en contra de los trabajadores de la educación. En todas las salas cinematográficas del país se pasa, antes del inicio de la película programada un corto en donde denuncian el despilfarro económico que por vía de la nómina se realiza por parte de los maestros de México, los cuales son aviadores, comisionados o representantes sindicales. 35 mil millones de pesos anuales, aseguran, se desperdician año con año en salarios sin devengar.
Según la página web de Fin al abuso.org, varias organizaciones de la sociedad civil han revelado que cada año se desvían y roban 35 mil millones de pesos destinados a la educación. Esto quiere decir: 95 millones de pesos diarios. Mencionan además que con ese dinero se podría incluir a todas las niñas y niños de tres años en el preescolar, o incorporar a seis millones de jóvenes al programa de becas Jóvenes con Oportunidad, o rehabilitar 35 mil 780 escuelas. Pero enseguida mencionan, con toda la intención de salvaguardar al gobierno de Peña Nieto, quien ha jugado el papel de auspiciador de sus propuestas, que él no es el culpable de esta situación, pero sí es el responsable de que termine el abuso. Es decir, que este despilfarro del que ahora hablan nació apenas unos años antes y el PRI y su gobierno actual, son por tanto inocentes de lo que el sistema educativo es, pero lo instan a poner remedio, es más, no sólo lo conminan, sino que, a nombre de la sociedad civil, a la cual invitan a firmar, le exigen que actúe para que se ponga fin al desorden y al mal gasto.
Fin al abuso, se ve y se oye en todo el territorio nacional en pantalla panorámica con la intención de que el auditorio asistente se convenza de lo necesario que es acompañar una iniciativa como esta que sólo quiere acabar con los abusos, que como dijimos, no provienen del gobierno, sino de los trabajadores de la educación, quienes en su inmensa mayoría se mantienen ajenos a ello y en la pobreza y medianía de la vida.
Los datos que dan son totalmente falsos. Ellos mismos lo reconocen cuando mencionan que dentro de sus exigencias está la de que se hagan públicas las bases de datos del censo para poder determinar con certeza la dimensión del problema. La mayoría de los encontrados irregulares en el censo educativo son docentes que se encuentran en centros de trabajo diferentes a los centros de trabajo en donde se le paga; es decir: que muchos docentes realizan sus funciones en escuelas u oficinas administrativas de la SEP en los estados y el Distrito Federal distintas del centro de trabajo en que se encuentra nominalmente. Es muy común que el trabajador pueda llegar a tener hasta tres o cuatro años adscrito a un centro de trabajo, sin que la dependencia responsable realice la regularización de la nómina y, por tal motivo, estos trabajadores cobren en un centro de trabajo que no es en el que trabajan. Esta irregularidad administrativa no es responsabilidad del trabajador, sino de las autoridades. Cierto que el poder de decisión del SNTE había llegado a controlar el sistema educativo, pero nada justifica que ahora se trate de buscar culpables en los trabajadores que han padecido al igual que el sistema educativo, un tipo de sindicalismo rapaz, de contención y colaborador del gobierno, generalmente en detrimento de los trabajadores y que éste siempre estimuló y protegió, como lo hace ahora.
De acuerdo: ¡Fin al abuso!, sí. Lo que significa que deben acabarse los bajos salarios y fortalecerse la seguridad social de quienes trabajan. Fin al abuso para que ya no se explote a los trabajadores y sobre todo, a los niños en supermercados y estacionamientos. Fin al abuso en los precios cada vez más exorbitantes. Fin al abuso de ellos que mantienen estas políticas abusivas y antipopulares y que día con día se enriquecen más a manos de los trabajadores. Los abusivos son ellos.

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