José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho
Viernes 9 de Mayo de 2014
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En mucho ha repercutido en nuestras vidas la actividad de la delincuencia organizada al no poder realizar nuestras actividades cotidianas con libertad y seguridad, en la falta de confianza al contestar los teléfonos, por temor a ser víctimas de extorsión, al no ser francos o directos con las personas que conocemos en el quehacer diario, ante la eventualidad de estarle proporcionando datos de nuestra vida como nombre completo, domicilio o teléfono a un informante que pueda llevarnos a un chantaje, al vernos sorprendidos por las conductas de un taxista, tales como que empiece a hablar por teléfono en clave sin haber abordado un radio taxi, y con ello empezar a sentir escalofrío ante la posibilidad de ser víctimas.
Las anteriores, que son cotidianeidades, de alguna manera podemos solucionarlas; pero las consecuencias o repercusiones que ha sufrido el derecho a partir de conductas sobre la sociedad a manos de los grupos delincuenciales resultan de consecuencias más trascedentes, ya que estamos ante una realidad social que transforma el derecho y no necesariamente para bien; pero expliquemos en concreto una de ellas.

Presunción de muerte del ausente

El Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo de 1936, en un título denominado “De los ausentes e ignorados”, que contenía 70 artículos del 580 al 649, abordaba el tema de las personas que se ausentaban del lugar de su residencia ordinaria así como de los desaparecidos y de la manera cómo estos deberían quedar representados en un negocio jurídico, la forma de nombrar a un depositario de sus bienes, plazo en que se debía declarar su ausencia y posteriormente la presunción de muerte del ausente (respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándose a bordo de un buque que naufrague o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro siniestro semejante).
Esta figura jurídica al promulgarse el Código Familiar del Estado en el año 2008, aparece como tal en el titulo decimoquinto con la misma denominación y el mismo capitulado, pero con una pequeña variante en la denominación al capítulo IV al retirar el legislador la palabra “casado”, ya que consideró que pueden ausentarse o desaparecer solteros y casados, por lo que la denominación del capítulo de referencia ya no habla de los ausentes casados quedando de la siguiente manera: “De la administración de los bienes del ausente” y anteriormente decía “De la administración de los bienes del ausente casado”; los mismos plazos y términos a que se refería el Código Civil, por tanto, con el mismo número de artículos, es decir, 70.
La realidad social en el estado de Michoacán que se vivía en la administración pública anterior sobre la desaparición de personas y posteriormente aparición sin vida de algunos de ellos, en el mejor de los casos; pero sobre todo, los desaparecidos que se presumen muertos a manos de la delincuencia organizada, obligó al Legislativo estatal, en 2011, a regular la presunción de muerte –derivado de la probable comisión de un delito–, adicionándole al artículo 700 una causal más para determinar la presunción de muerte.
Reduciendo el plazo de la desaparición a seis meses con motivo de esta causal, ya que antes de la reforma debían transcurrir dos años para el inicio del procedimiento tendiente a decretar la presunción de muerte y sin requisito de procedibilidad de declaración de ausencia del desaparecido.
Precisando la reforma del 28 de diciembre de 2011, en el artículo 700 bis, que la presunción de muerte deberá ser declarada por el juez del último domicilio que el ausente haya tenido y que la misma establecerá la fecha a partir de la cual se presume muerto el ausente, la cual tendrá efectos a la fecha de la desaparición y de ahí podrá el depositario y administrador hacer valer los activos y pasivos del ausente (artículo 708 bis).
Si bien es cierto que muchos pueden ser los motivos de un delito para desaparecer a las personas, el signo de nuestros tiempos es la delincuencia organizada, la que levanta, secuestra para extorsionar, por venganza, para eliminar competidores, pero sobre todo, mata, y es así que en la pasada administración federal se acumularon en el país 29 mil desaparecidos, y de esos, muchos fueron en Michoacán, donde familias enteras se encuentran en la zozobra, sin poderles guardar luto pero sin saber sobre su paradero, pese a que de vez en cuando, a través de la opinión pública, nos demos cuenta de fosas clandestinas en las que sólo para unos cuantos termina la pesadilla y para muchos más continúa la incertidumbre jurídica.
Por lo que ante esa realidad fue necesario establecer en el Código Familiar y el procedimiento ordinario familiar sobre acción de presunción de muerte para cuando menos darle certeza jurídica a los familiares de los desaparecidos y que puedan hacer uso de los activos y frente a los pasivos del desaparecido, una vez que se declare la presunción de muerte del ausente en un plazo más o menos breve, ya que los familiares deben dar la noticia de la desaparición al Ministerio Público y hacer las diligencias correspondientes, dar fe de la ausencia para que empiecen a contar los seis meses y, a partir de ese término, iniciar ante un juez familiar o civil de primera instancia en los distritos judiciales donde no haya juzgados familiares.
Dentro del expediente del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, en el que se solicita la declaratoria de presunción de muerte, a petición del promovente y como requisito de procedimiento, se le nombrará al presunto muerto un depositario de sus bienes y se le hará saber al mismo la instauración del procedimiento por edictos –publicaciones en los principales periódicos de su último domicilio, por tres veces, cada dos meses, haciéndole del conocimiento la tramitación del expediente para que comparezca en un lapso de tres a seis meses– pasados los seis meses si no se presenta el presunto muerto se le nombrará también como un requisito de procedimiento un representante, mismo que se convierte en el legítimo administrador.
Una vez publicados los edictos y ante la incomparecencia del desaparecido, se declara la presunción de muerte con efectos a partir de la fecha que se le hizo del conocimiento al Ministerio Publico, para que a partir de la misma puedan los familiares hacerle frente a los compromisos principalmente patrimoniales, filiales, comerciales, sociales, etcétera, y deje de ser un ente imaginario el desaparecido.
Así que familiares de los desaparecidos con más de seis meses que presuman sus ausencias por parte de los grupos delincuenciales, por tanto, a consecuencia de un delito, inicien el procedimiento para obtener la declaratoria de presunción de muerte y empiecen a sanar sus vidas, cerrando ese círculo y dejar que descansen sus muertos porque ya existe ese camino jurídico.
padillaalegre@hotmail.com

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