José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad
Sábado 3 de Mayo de 2014
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Era previsible el resultado del incidente promovido por el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Consejería Jurídica, para declarar la inexistencia de la huelga por la suspensión de labores a cargo de los organismos públicos descentralizados y por no haber suspendido el trabajo en algunas dependencias del Poder Ejecutivo, lo anterior en atención a la conformación del órgano jurisdiccional llamado Tribunal Burocrático; pese a la declaración de su presidente en el sentido de que no habría parcialidad hacia el gobierno, con la declaración de inexistencia se corroboró lo contrario, al resolver en contradicción a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, ello atento a lo que marca el artículo
“…Artículo 76. La huelga es legalmente inexistente cuando:
I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor del fijado en el artículo 72 fracción II (50% + 1 trabajador),
II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 71, y,
III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 73.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje no podrá decretar la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores…”.
Causales para decretar la inexistencia de una huelga, a que no se refieren el artículo invocado, ya que aceptando sin conceder que no hubiesen parado con motivo de la huelga algunos sindicalizados, en algunas dependencias del Ejecutivo no serían los que hubieran continuado trabajando, más del 50 por ciento de los trabajadores.
El otro argumento -el que sindicalizados del STASPE pertenecientes a organismos públicos descentralizados hubiesen suspendido sus labores en dichos organismos-, tampoco encuentra sustento en la Ley Estatal invocada, cuenta habida que la fracción X del apartado B del artículo 123 constitucional no prohíbe la sindicalización de trabajadores de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en un sindicato de empresa -los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa (gobierno del estado)- y por su condición de sindicalizados deben ser consecuentes con su organización sindical y si ésta se encuentra en suspensión temporal de actividades en consonancia, también ellos deben parar sus actividades, lo que no los coloca como violadores de la ley, recordando que existe la huelga por solidaridad (artículo 450-VI LFT).
Lo anterior pese a que el Tribunal Burocrático emitió un acuerdo -donde comisionó a los actuarios de su adscripción a verificar si en los 16 organismos públicos descentralizados se suspendieron las labores o continuaron prestando sus servicios con normalidad-, y como resultado de dichas diligencias dentro de una audiencia de avenimiento apercibió al Sindicato, para que de continuar los organismos descentralizados participando en la huelga la declararía inexistente como al final ocurrió.
Trastocando con ello el contenido del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al derecho a la negociación colectiva misma que debe ser estimulada y fomentada como formas idóneas para proceder judicialmente en el conflicto capital-trabajo y lograr la paz social, por lo que con la declaratoria de inexistencia de la huelga constituyen actos de injerencia por discriminación sindical al no conducirse el tribunal como un organismo facilitador de la solución de los conflictos, pues apoyarse en el “argumento” de que por la suspensión de las actividades en los organismos descentralizados era motivo suficiente para declarar la inexistencia de la huelga con ello deja de ser un organismo ad hoc toda vez que con lo anterior el Tribunal Burocrático, entorpece el desarrollo de la huelga, ya que sin tener competencia sobre esos organismos laborales se pronuncia sobre ello; es decir, si es la Junta Local, es la competente para intervenir si existe un conflicto en los organismos descentralizados, ¿por qué opina sobre este tipo de trabajadores?
Igualmente el acuerdo de declaratoria de inexistencia de la huelga contraviene el convenio 151 de la OIT relativo a las relaciones laborales en la administración pública entre otros a la solución de conflictos ya que el convenio de referencia es un instrumento que garantiza una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical, toda vez que plantea adoptar las medidas necesarias para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos que garanticen escrupulosamente procedimientos independientes e imparciales; lo que no aconteció en la especie, ya que la autoridad de trabajo estatal sin tener facultades para referirse a trabajadores de organismos públicos descentralizados -estos y su patrón cuando existan conflictos deben ventilarlos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por reiterados criterios de la corte-, invocó la suspensión del trabajo de estos, para declarar la inexistencia de la huelga, por lo que en ejercicio del control de convencionalidad debió omitir pronunciamiento sobre la suspensión o no de estos trabajadores en una huelga que de suyo les es ajena, a dichos organismos y tomarlo como argumento para declarar la inexistencia de un movimiento huelguístico, es apartarse como lo dice el convenio en comento de la imparcialidad y con ello intervenir en la autonomía sindical.
De la misma manera que en los convenios anteriores con la resolución del Tribunal Burocrático del Estado que determinó la inexistencia de la huelga se contravienen al convenio 154 de la OIT relativo a la negociación colectiva es decir establecer órganos y procedimientos de solución de conflictos, de manera tal que contribuyan a fomentar la negociación colectiva, lo que no sucedió en la especie ya que pareciera que el planteamiento de los incidentes hechos valer por el gobierno en caso de conflictos son atendidos de manera solícita por el Tribunal Burocrático del Estado, ya que sin existir el procedimiento de referencia en la Ley Burocrática del Estado, resolvió el Tribunal un incidente que no está regulado en la Ley Burocrática contraviniendo entonces el contenido de este convenio pues pese a no existir tal procedimiento resolvió declarando la inexistencia de la huelga, en ese afán de la autoridad estatal de resolver todos los asuntos a partir de la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo.

El oportuno derecho a la defensa

Por otra parte y al tratarse de la “crónica del resultado de un incidente anunciado”; es decir, era del conocimiento de la opinión pública, que el incidente planteado sobre la inexistencia de la huelga le seria declarado procedente al Poder Ejecutivo, ya que como lo declaraba el líder de la FETSE éste le seria adverso; por lo que resulta inaceptable que el cuerpo de abogados aunque sea de seis como ellos mismos lo declararon, debió haber tenido preparada la demanda de amparo indirecto, máxime que ellos sabían por qué la copia de traslado del incidente, así se les mostraba cuáles eran los dos argumentos de la patronal y como también sabían lo proclive que es el bisoño presidente del Tribunal hacia los intereses del gobierno, pero sobre todo no son ajenos los abogados del sindicato, porque ahí litigan todos los días; que los criterios del Tribunal son los que dicta la secretaria de acuerdos la que al parecer conoce de los procedimientos colectivos por haber laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje atendiendo ese tipo de asuntos, sin embargo los criterios de la Junta Local que corresponden al apartado A del artículo 123 constitucional, no deben aplicarse a pie juntillas en asuntos del apartado B del artículo invocado; sobre el particular ya el Juzgado 4° de Distrito del Decimoprimer Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en la capital del estado, en el expediente (2/2013 emplazamiento a huelga por firma de Condiciones Generales de Trabajo para profesores del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación IMCED) al concederle el amparo al Sindicato Irene Barriga Ruiz, le hizo del conocimiento al Tribunal que en materia de asuntos colectivos no es supletoria la Ley Federal del Trabajo por tratarse de una regulación, la burocrática diferente a la de los trabajadores del apartado A, lo que implica que deben resolverse los asuntos del apartado B del multireferido artículo constitucional con sus propias reglas.
A esto el sindicato y no obstante que le notificaron la declaratoria de inexistencia a las 21:00 horas del día 30 de abril del año en curso, estimó que para las 23:00 horas de ese mismo día debió haber interpuesto el amparo indirecto, contra esa determinación para con ello obligar al Juzgado de Distrito a pronunciarse dentro de las 24:00 horas siguientes como lo marca el artículo 112 de la Ley de Amparo, sobre la suspensión del acto reclamado y con ello garantizar la continuidad del movimiento huelguístico, para no verse en la penosa necesidad como ocurrió de retirar las banderas rojinegras en plena celebración del Día del Trabajo.

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