Eduardo Nava Hernández
“No dialogar bajo presión”
Viernes 28 de Marzo de 2014
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Hace varios días circuló ampliamente en las redes sociales un breve pero ilustrativo video (https://www.youtube.com/watch?v=zD3a1LNhKZI&feature=youtu.be), probablemente grabado con un teléfono, que muestra la capacidad de diálogo del rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero. Ahí se le ve llegando a una reunión con estudiantes que representan el movimiento por la (constitucional) gratuidad en una sala del edificio de Rectoría. Después de recibir el saludo de los alumnos y de saludar a sus funcionarios, Jara se sienta de frente a sus interlocutores y cuando uno de estos le pide que se permita la entrada a los medios de difusión, da un manotazo sobre la mesa y se levanta sin atender a ninguna de las demandas que los alumnos presentarían y manifestando: “¡Ah, pues entonces me retiro!”. El 20 de marzo, la oficina de Prensa de la institución difundió un boletín en el que se atribuye al secretario de la Universidad, Egberto Bedolla Becerril, una declaración según la cual “se ha registrado un cambio de cultura en la institución en que no se dialoga bajo presión”.
El mismo comunicado agrega como explicación que los estudiantes pro gratuidad llegaron “con una actitud hostil, negaron el saludo a los funcionarios universitarios que los recibieron para iniciar el diálogo […y] quisieron presionar a las autoridades para sesionar bajo sus condiciones sin dar oportunidad al diálogo ni mostrando apertura al mismo”. Nada de ello se aprecia en el mencionado video, según el cual los estudiantes se encontraban sentados a la mesa junto con los funcionarios de la institución en el momento del arribo del rector, dispuestos a exponer su petición. Su presión para “sesionar bajo sus condiciones” fue exponer que deseaban la presencia de los medios de comunicación para dejar testimonio de lo que en el diálogo ocurriera, una demanda no sólo legítima sino deseable en una institución como la Universidad Michoacana, de carácter público. El resultado ha sido que, desde entonces, el anunciado diálogo no se ha establecido entre las autoridades y el sector del estudiantado que se opone organizadamente al cobro de cuotas de inscripción. El mencionado boletín concluye que en la presente administración de Jara Guerrero “se ha impulsado la cultura de no dialogar bajo presión, esquema que ha dado resultados muy positivos a la máxima casa de estudios de la entidad”.
Afortunadamente, el curso del conflicto por el cobro de cuotas no depende únicamente del diálogo entre la Rectoría y los inconformes. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán concedió, el 19 de marzo, la suspensión provisional y luego la definitiva a 33 jóvenes que interpusieron su demanda para frenar el cobro anticonstitucional. La audiencia incidental en estos juicios fue fijada para el 27 de marzo y la audiencia constitucional para el 15 de abril. Ello quiere decir que los juzgadores federales consideran real la presunta violación de garantías por parte de la Universidad Michoacana contra sus alumnos. Por añadidura, el mismo órgano jurisdiccional impuso al rector de la UMSNH y a su tesorero multas por seis mil 729 pesos, equivalentes a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a cada uno de ellos, por no haber rendido el informe previo de los actos impugnados que se les solicitó en los términos establecidos en el artículo 144 de la Ley de Amparo.
Ahora, se ha tramitado también un amparo colectivo, que de ser favorable (como seguramente será), demostraría de manera definitiva la ilegalidad y violación del derecho humano a la educación que el rector Jara ha cometido contra la comunidad estudiantil, al pretender que pague cuotas para tener acceso a la institución.
Es en esas circunstancias que, ahora se ha dado el estallido de la huelga por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. El argumento de las autoridades para no satisfacer las demandas de sus académicos -el incremento salarial y la mejoría de diversas prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo- tiene mucho que ver con el que las mueve a violentar las garantías de los alumnos: la supuesta o real insuficiencia de recursos en manos de la institución y un déficit que para el presente año se aproximaría a los 400 millones de pesos. No habrá, en apariencia, incremento salarial más allá del concedido por la Federación a todos los sindicatos universitarios, ni a las prestaciones que impliquen mayores erogaciones para la institución.
Pero, de manera contradictoria, el gobierno estatal, por su parte, ha difundido en las semanas recientes una profusa campaña en medios según la cual el presupuesto de la Universidad Michoacana se ha casi triplicado en once años, pasando de mil 142 millones de pesos en 2003, a tres mil 56 millones en 2013. En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, diputado Salomón Rosales, al señalar que el incremento presupuestal otorgado para el presente año es suficiente para cubrir las necesidades de la institución.
La huelga ha estallado también, además de la falta de ofrecimientos a salario y prestaciones, por más de 100 violaciones contractuales que el sindicato ha denunciado, y de las cuales sólo se han reparado el 34 por ciento. De manera tácita, los funcionarios de la Rectoría reconocen que subsisten muchas más no reparadas, cuando alegan, sin fundamentar en norma alguna, que las de carácter “individual” no son causales de huelga. Parece ser tal el elemento en que sustentarán su anunciada acción para buscar la declaratoria de inexistencia del movimiento huelguístico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
¿Qué pueden esperar del diálogo los académicos universitarios? Estamos a la espera de que en cualquier momento el rector Jara o sus representantes declaren también que es su cultura la de no negociar “bajo presión”. Y vaya que una huelga es una medida de presión como ninguna otra para una institución de las dimensiones y la complejidad de la universitaria.
Una primera conclusión es la de que los trabajadores académicos hoy en huelga y los estudiantes, así como los trabajadores administrativos, deben hacer frente común en exigir a las autoridades de la institución la rendición de cuentas y la claridad en el manejo de los recursos presupuestales. Pero también en exigir el respeto a los derechos de toda la comunidad: los de los alumnos, establecidos incluso constitucionalmente, y los de los profesores y trabajadores en general a que se respete y se mejoren los contratos colectivos que los rigen.
Una segunda lección, esta vez para las autoridades, debería ser que la cerrazón autoritaria, la negativa al diálogo y la violación de derechos sólo conducen a callejones sin salida que en nada fortalecen ni a la institución ni a la convivencia entre los sectores de la comunidad, convivencia esta que la representación institucional debería ser la primera en preservar. El derecho avanza abriéndose camino por diversos senderos, así pasen por la más recta avenida de la justicia o sean muchas veces tortuosos y hayan de pasar por la movilización y organización de los afectados para su defensa.
La mejor salida a los conflictos no es la que pasa por la “cultura” de no dialogar, sea cual sea el argumento que la sustente, sino la que se busca en la armonización de intereses en un espacio que por definición se entiende comunitario. El apego al derecho y el respeto a los sujetos de los derechos son indispensables para recomponer las relaciones hoy muy deterioradas entre los universitarios.
Esperaremos. A ver cuándo.

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