Eduardo Nava Hernández
Autodefensas: el principio del fin
Viernes 14 de Marzo de 2014
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Todo indica que el gobierno federal ha decidido imprimir un giro drástico en el tema de los grupos de autodefensa que operan en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. En pocos días, la actitud del comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, y, con él, la de las autoridades locales, ha dado un golpe de timón en su relación con el movimiento armado que bien podría representar no sólo el fin de la luna de miel sino el inicio de la desarticulación del mismo y el fin de la dualidad de poderes que desde hace un año se estableció en la región.
En los días recientes, también, se han puesto de manifiesto las contradicciones y ambigüedades de las autodefensas, de las que desde hace tiempo se viene diciendo que han sido infiltradas por cárteles enemigos de los templarios o por los templarios mismos, cuyos sicarios ahora han cambiado de bando. Los acontecimientos han colocado también bajo sospecha, a partir de señalamientos graves, la legitimidad de estos cuerpos creados para combatir a la delincuencia organizada ante la prolongada inacción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacer valer las leyes.
En la madrugada del sábado 8 de marzo fueron encontrados dentro de un automóvil en una brecha entre los poblados 18 de Marzo y Huanato, del municipio de Buenavista, los cuerpos calcinados de Rafael Sánchez Moreno, conocido como El Pollo, y de José Luis Torres, El Nino Torres. Ambos cuerpos mostraban huellas de tortura y de haber recibido el tiro de gracia. El 10 de marzo, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizaba una visita al municipio de Buenavista Tomatlán, un grupo de autodefensa de la cabecera municipal encabezado por Luis Antonio Torres González, conocido como Simón El Americano, avanzó hacia La Ruana, población de origen del líder y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, e instaló un retén en torno a esa tenencia desconociendo a éste y exigiendo que sea depuesto como vocero del movimiento. Reclama a Mora que reconozca estar tras el asesinato de Rafael Sánchez Moreno El Nino Torres, y que entregue al asesino. También acusó a Mora de haberse quedado con diversas propiedades incautadas a Los Templarios, en vez de devolverlas a sus legítimos propietarios. A un kilómetro de distancia, en el rancho Los Palmares, los seguidores de Hipólito instalaron otro retén. El caudillo de La Ruana, por su parte, en una entrevista radiofónica, respondió que El Americano “está rodeado de templarios y está apoyando a El Chayo [sic] y a La Tuta”.
Ante el riesgo de un enfrentamiento de grandes dimensiones entre ambas facciones, arribó a la región el comisionado Castillo Cervantes, quien se entrevistó con los líderes de ambos grupos la noche del martes 11 se anunció que la Procuraduría de Justicia de Michoacán había detenido a Mora Chávez por su presunta responsabilidad en el asesinato de Sánchez Moreno y José Luis Torres. El comisionado declaró que “existen indicios muy importantes” de que aquel “podría ser el facilitador, partícipe o encubridor” del doble asesinato. Se ha ordenado al Ejército y a la Policía Federal asentados en la región, desarmar a los seguidores de Hipólito en La Ruana y levantar las barricadas que estos habían colocado en previsión de un posible enfrentamiento con la gente de El Americano. Pero no se ha hecho lo mismo con los retenes ni con las armas que éste ha llevado a la tenencia en realidad llamada Felipe Carrillo Puerto.
Los nuevos dirigentes provisionales de la autodefensa de La Ruana, designados en reemplazo de Mora, Samuel Gómez Bastida y José Antonio Cabrera, en declaraciones a Cambio de Michoacán, han señalado que en realidad los templarios han regresado a operar en esa población, con el nuevo nombre de H3. Consideran que, al ser desarmados, quedarán a merced de los hombres de El Americano y temen por sus vidas.
Como corolario, el presidente municipal de Buenavista, Luis Torres Chávez, expulsado hace un año del municipio por el grupo de autodefensa de Mora, ha regresado y se apresta a entrar nuevamente a sus oficinas.
La aprehensión de Mora Chávez y el desarme de sus seguidores parece ser el principio del fin de las autodefensas. Éstas firmaron el 27 de enero pasado un acuerdo con el gobierno federal, a través del comisionado Castillo, en el que aceptaban registrar a sus integrantes y sus armas ante la Secretaría de la Defensa, e integrarse a las guardias rurales bajo el mando del Ejército. También han pactado reiteradamente no continuar avanzando hacia otros municipios, pese a lo cual se han seguido extendiendo más allá de la Tierra Caliente, llegando a ciudades importantes como Uruapan y Pátzcuaro. Sobre la base de esos acuerdos, del reconocimiento a sus líderes -el propio Mora, el médico José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, de Tepalcatepec- y de múltiples entrevistas con Castillo Cervantes y otras autoridades, incluido el secretario de Gobernación, han sido tratados como colaboradores de las fuerzas federales e incluso usadas como avanzada en la ofensiva contra los grupos de la delincuencia organizada.
Pero ello no elimina los contrasentidos ni el desafío que la existencia misma de estos cuerpos armados representa para el Estado. Estos han establecido en la región una duplicidad de poderes o una fuerza paralela a la del Estado mismo, que plantea una situación de permanente conflicto e inestabilidad frente a los poderes constituidos, aun si transitoriamente aparece como aliada de éstos en la lucha contra la delincuencia. A ello se agrega una serie de irregularidades y posibles delitos, señalados en el informe especial presentado esta misma semana por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre los cuerpos de autodefensa: levas o reclutamiento forzoso, incorporación de menores de edad, cobro de cuotas a productores (en forma semejante a la de los templarios), allanamientos y cateos ilegales, acusaciones sin fundamento contra personas, etcétera. Dicho informe no deja de señalar responsabilidades a las autoridades federales y del Estado por tolerar, en contravención a las disposiciones constitucionales, que estos grupos recurran a la violencia para reclamar sus derechos y se hagan justicia por propia mano.
En entrevistas, José Manuel Mireles -quien sigue considerando al grupo de El Americano como parte del movimiento- se ha quejado de que las autoridades federales ya no mencionan a las autodefensas como tales ni les dan el crédito por el decisivo papel de éstas en acciones como la que llevó al abatimiento de Nazario Moreno, El Chayo, a quien las guardias civiles ubicaron.
Si Hipólito Mora tiene o no responsabilidad en el doble asesinato del sábado 8, es algo que el Ministerio Público tendrá que investigar y, en su caso, acreditar ante un juez. Pero su detención, y las declaraciones del comisionado Castillo apuntan claramente a deteriorar la imagen pública de uno de los dirigentes más reconocidos de los cuerpos de autodefensa, y a mermar la credibilidad y autoridad moral del movimiento entero, que a los ojos de buena parte de la población ha venido creciendo como una alternativa legítima frente a las deficiencias en seguridad y procuración de la justicia por los órganos del poder público.
El desarme ha iniciado, y con él la paulatina recuperación del terreno que el Estado ha cedido ante esos cuerpos. No hay duda de que la dualidad de poderes tendrá que resolverse, más temprano que tarde, a favor de las corporaciones oficiales; pero la ruptura de su alianza con los grupos de defensa civil a estas alturas, sin que se haya eliminado la presencia de las bandas delincuenciales en gran parte de Michoacán, plantea nuevos conflictos y fricciones en las que el poder público mismo puede quedar entrampado.

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