Eduardo Nava Hernández
Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito
Miércoles 5 de Marzo de 2014
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A estas alturas, la supuesta o real penuria económica de un gobierno y de las instituciones da para justificar cualquier cosa. No sólo el incumplimiento o mercantilización de obligaciones ya establecidas sino la abierta violación de derechos que en la normatividad más alta se dan por consagrados. Es la gran paradoja, o más bien la gran incógnita, del momento actual: que mientras el gobierno federal anuncia en tono espectacular el flujo de recursos económicos “sin precedente” para el estado de Michoacán, una institución como la Universidad Michoacana, la de más alta jerarquía en el sistema educativo del Estado, tome la penuria como argumento central para incumplir mandatos específicos y categóricos establecidos no sólo en las leyes sino en la Constitución.
El conflicto que se ha trasladado al alumnado de la institución bajo el argumento de la insolvencia no puede ser visto sino como aberrante en el fondo y en la forma y como una violación flagrante a la constitucionalidad por parte del gobierno estatal, del rector de la Universidad, o de ambos.
Como se sabe, el viernes 21 de febrero, iniciado ya el semestre lectivo e incluso el proceso de inscripciones, el tesorero de la Universidad emitió una circular en la que se anunciaba que a partir del día 24 se volvería a cobrar por la inscripción en las distintas dependencias de la institución. ¿La causa? “La situación financiera [del] estado no permite la renovación del convenio de gratuidad y […] la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no puede seguir subsidiando el pago de cuotas de inscripción”. Para ese momento, sin embargo, las inscripciones llevaban casi una semana y los primeros alumnos en realizar su trámite lo habían hecho sin ningún desembolso. La pretendida imposibilidad presupuestal no había sido prevista, entonces, antes de iniciar el semestre y se presentaba ahora como una contingencia inapelable. Más audaz en su mendacidad, el secretario de la Universidad, Egberto Bedolla, llegó a afirmar que por “tratarse de una universidad autónoma, el Estado no está obligado a destinar recursos para subsidios”.
La resistencia comenzó a brotar en las redes sociales el fin de semana y para el lunes 24 núcleos de estudiantes de muchas dependencias se empezaban a organizar para enfrentar la sorpresiva cuan arbitraria medida de las autoridades universitarias. El miércoles 26 hubo breves tomas en la Preparatoria Eduardo Ruiz y la Facultad de Letras, pero sobre todo una marcha estudiantil que recorrió la Ciudad Universitaria hasta realizar un mitin con varios miles de asistentes frente al edificio de la Rectoría. La reacción de las autoridades ha sido errática, inoportuna y desacertada como en otras ocasiones. Las cuotas inicialmente establecidas en mil pesos se redujeron de improviso a 420. Se anunció que habría posibilidad de pagar en tres fáciles abonos. El secretario de la Universidad declaró esta vez que las cuotas de reinscripción serían “en la práctica, voluntarias” y que habría condonaciones para todos aquellos que, no pudiendo pagar, lo solicitaran ante su director (¿?) o ante la oficina de Asuntos Estudiantiles. Para ese momento se había iniciado por algunos alumnos la tramitación de juicios de amparo que, añadió el funcionario universitario, “no serían necesarios”.
Se trata, sin más, de un acto de cínica elusión de la ley por parte de las autoridades, que debiera ser penalizado. La gratuidad en la educación superior no es en Michoacán un hecho circunstancial o pasajero sino un derecho ya consagrado a partir de la reforma de 2010 al artículo 138 de la Constitución local. Engañosamente, se pretende que esa atribución, la gratuidad se encuentra en dependencia de la firma o no -como si ésta fuera, además opcional- de un convenio, entre la Universidad y el gobierno estatal, que no es sino un procedimiento técnico para el manejo presupuestario. Alega el rector Jara que ese instrumento técnico se venció en 2012 y que, al no ser renovado en 2013, exime a la Universidad misma y al gobierno estatal de sus obligaciones constitucionales.
La administración de Fausto Vallejo, por su parte, ha revirado al rector divulgando que los subsidios a la institución nicolaita se han acrecentado de manera extraordinaria desde 2012, año en que se le asignaron 477 millones más de presupuesto que en 2011, muy por encima de los incrementos normales que se ubicaban alrededor de 200 millones. En 2013 el gobierno federal aportó a la Casa de Hidalgo un subsidio de casi mil 672 millones y el gobierno estatal mil 384 millones más, para sumar tres mil 56 millones de presupuesto ordinario, muy superiores a los recursos ordinarios de 2011.
Si esas cifras son insuficientes o no, es algo que los expertos tendrían que determinar. Pero el problema no es meramente de números sino de derechos. Se trata, en cambio, de si el cumplimiento de una norma constitucional puede ser omitido en virtud de estrambóticas interpretaciones de las autoridades universitarias o del gobierno vallejista. De existir incumplimiento por parte de este último, el rector Jara, como representante legal de la Universidad (artículo 20 de la Ley Orgánica de la UMSNH) tendría que explicar a la comunidad universitaria y a la opinión pública cuáles son los recursos que ha interpuesto para que el gobernante cumpla con la obligación establecida en el artículo 137 de la propia Constitución, que simplemente señala: “La educación pública dependerá directamente del gobernador del estado, quien cuidará de fomentarla por todos los medios posibles”.
El engañoso discurso de la Rectoría se ha dirigido en cambio a escamotear la gratuidad educativa y hacer que los estudiantes paguen por las omisiones del gobierno, por la mala administración universitaria o por ambas cosas. Ese discurso plantea, sin embargo, temas de fondo que son los que han de debatirse. Las premisas que se arguyen, pueriles a más no poder, se centran en que los estudiantes de la Universidad pueden -y por tanto deben- pagar, ya que gastan en cervezas o traen buenos teléfonos celulares.
Se trata, en síntesis, de la visión de innegable matriz neoliberal para la cual la otrora llamada justicia social (esto es, las políticas de Estado dirigidas a la relativa redistribución del ingreso y de los beneficios de la acumulación capitalista) es reversible, y la educación pública no es un derecho social sino un servicio particular por el cual los beneficiarios deben pagar. La cuestión de fondo no es si las tarifas son altas o bajas (las cuentas ponen en evidencia que las cuotas no resolverían en lo absoluto el problema del déficit presupuestal universitario) sino de asentar firmemente en la conciencia colectiva la idea de que el educando es un comprador de servicios (“lo que no cuesta no se aprecia”, según el pensamiento vulgar) y un privilegiado.
La embestida contra la gratuidad en la Universidad Michoacana no es un hecho aislado sino parte de la misma estrategia en que se dan los ataques contra el sindicalismo y las jubilaciones, y contra su inveterada política asistencial (el reglamento de 2012 para desaparecer los albergues estudiantiles). Es el intento de recuperación para la lógica reproductiva del capital de los espacios ganados a lo largo del siglo XX por la lucha social. No es un conflicto gratuito -así las cifras lo presenten como irracional- sino generado en función de derrotar la insumisión de la comunidad y lograr ese objetivo estratégico. Pero esa comunidad, la de los nicolaitas, se está recomponiendo en la lucha de resistencia misma. Los estudiantes que salen a la calle no defienden privilegio alguno sino la constitucionalidad y una lógica social que involucra a todos los nicolaitas, que deben incorporar en su agenda el respeto a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica, y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

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