Eduardo Nava Hernández
Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán
Jueves 30 de Enero de 2014
A- A A+

Thomas Hobbes, en el Renacimiento inglés, y Max Weber, en la era del capitalismo avanzado, compartieron una misma visión del Estado que se invoca con gran frecuencia como el fundamento mismo del poder público. Para ambos autores, el Estado es la entidad que ostenta y debe ostentar el monopolio de la fuerza legítima. Hobbes teorizó el poder absoluto del monarca como una exigencia que derivaba de la necesidad de contener la violencia inherente a la naturaleza humana y la guerra del hombre contra el hombre movida por la propiedad y el apetito de ésta. Para refrenar la bestialidad de la lucha fue necesario un acuerdo o contrato entre los individuos que creó la sociedad y en la que aquellos cedieron el uso de la fuerza a un nuevo actor, el Estado (siempre encarnado en el monarca) para que éste la ejerciera brindando seguridad a las vidas y las propiedades de sus ahora súbditos. A cambio de esas garantías, estos cedían a favor del poder parte de su libertad y se sometían al príncipe.
Max Weber, en los inicios del siglo XX, definió al Estado como la institución que ejerce y reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Reconocía sí, que otros integrantes o grupos de la sociedad recurren también al uso de la fuerza; pero sólo en el caso del Estado ese uso es legítimo. Tanto el pensador renacentista inglés como el sociólogo e historiador alemán se ubican dentro de la corriente del realismo político que resalta la violencia y la fuerza como los componentes centrales del poder político, visión que el marxismo asume también, pero sin consagrar como legítima cualquier forma de Estado ni de ejercicio del poder, en tanto éste se encuentra siempre condicionado por intereses de clase, es decir, los de sólo una parte y no de toda la sociedad.
En teoría, pues, y tal como lo establecen las leyes, corresponde al poder público y sólo a él la función de ejercer la fuerza, reprimir las conductas delictivas e inhibir las conductas que pongan en riesgo la convivencia social o amenacen la vida, la integridad y la propiedad de los individuos. Es parte del pacto social de mando-obediencia que da origen, en particular, a las formas democráticas de la estructura estatal. Mas esa teoría y la normatividad que reviste al Estado mismo se ven negadas constantemente en una realidad como la mexicana, en la que los órganos del Estado han abdicado, por decisión o por incapacidad, de tales funciones.
La crisis social y política de Michoacán ha puesto de relieve la ruptura de ese pacto. El Estado y sus órganos han incumplido sistemáticamente con la protección de la vida, la seguridad y las propiedades de los ciudadanos. Basta el dato de que en nuestro país el 96 por ciento de los delitos queda impune para entender la zozobra en la que se ha instalado gran parte de la población y las formas que ha asumido el conflicto social. El desmantelamiento al que ha sido sometido el Estado durante las últimas tres décadas, la confianza ciega de los gobernantes en la autorregulación del mercado y el repliegue de una multiplicidad de estructuras públicas (incluidas las educación, salud, asistencia social, etcétera) de sus funciones han terminado por debilitar la capacidad de acción del poder público. Si a eso se agrega el empeño permanente de los gobernantes en desestructurar y abaratar el mercado laboral mediante el debilitamiento de las instancias de defensa del trabajo (sindicatos y organizaciones gremiales en general), con el consiguiente deterioro del tejido social, se entiende sin dificultad el caldo de cultivo que el régimen ha creado para la delincuencia común y la organizada.
Lo que está en cuestión, no sólo en Michoacán sino en el país entero, es la unicidad y legitimidad del poder; pero en esta entidad ese dilema se presenta en forma más ostensible, prácticamente al desnudo. Los poderes establecidos permitieron durante años no sólo que campearan en la entidad las actividades delincuenciales sino que los delincuentes mismos arraigaran y se revistieran de cierta legitimidad a escala local. La connivencia con las autoridades ha llegado al punto en que policías, secretarios de Seguridad Municipal y ayuntamientos han sido capturados por las bandas y puestos a su servicio o al menos nulificados como órganos de autoridad. Pero no sólo eso. Desde hace aproximadamente ocho años, o quizás una década, esos grupos delictivos lograron revestirse de una peculiar legitimidad a los ojos de la población. El reciente documental del Canal 4 de la televisión británica, en el que uno de los líderes del grupo autodenominado Templario, Servando Gómez Martínez, arenga abiertamente a los habitantes de algún poblado de Michoacán y reparte billetes a mujeres, seguramente empobrecidas, muestra uno de los métodos por los que tales grupos delictivos atraen la aceptación social y se legitiman ante ciertos sectores de la población. Lo paradójico es que, en su momento, tales grupos proclamaron que su función era dar seguridad a la población michoacana frente a los abusos y despliegue de otras bandas.
Las autodefensas del Valle de Apatzingán representan un desafío no solamente para la delincuencia organizada sino también para los órganos del Estado. El surgimiento, en 2013, de un movimiento social armado para combatir a las manifestaciones delictivas ha puesto en blanco y negro las limitaciones y contradicciones de las fuerzas del orden, principalmente en el nivel municipal y el estatal. Su legitimidad estriba en venir a cumplir tareas que los órganos de poder institucionales no quisieron o pudieron consumar en materia de protección a las personas. Más allá del debate acerca de su origen, sus fuentes de financiamiento, vías para allegarse armamento, etcétera, lo cierto es que los grupos de autodefensa o guardias comunitarias han logrado también, en un periodo muy breve, revestirse de la legitimidad que en múltiples comunidades locales, y más allá, el Estado ha perdido. Estos grupos entraron no sólo a enfrentar a las mafias con más determinación y energía que la de los órganos de seguridad pública sino a disputar a estos la legitimidad en el ejercicio de la violencia. Civiles enfrentando a civiles es una situación que no puede menos que ser conceptuada como una guerra que evoca el estado de naturaleza hobbesiano.
Estos grupos de autodefensa han sido interpretados de distintas maneras: ya como fabricación de cárteles rivales a los que operan dominantemente en Michoacán, ya como una maniobra gubernamental y como una expresión de paramilitarismo a la colombiana; o bien como el embrión de un movimiento revolucionario en gestación que se enfrente al régimen. No parecen, empero, ser más que lo que ellos mismos declaran ser: la expresión del hartazgo de los habitantes de distintas localidades por la impunidad campante de quienes los agreden con secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos. Ahí radica su originaria legitimidad ante la población. Pero existe, sí, el riesgo de que sean infiltrados por agentes de otros grupos criminales o de que deriven en nuevos cuerpos al servicio de intereses económicos locales y cacicazgos políticos. Y si bien no son agrupamientos que hayan manifestado posiciones políticas ni expresen una ideología opuesta a la del régimen, como característica de las tendencias revolucionarias, sí han venido a constituirse en un nuevo poder regional diferenciado tanto de los órganos públicos de defensa como de las bandas delincuenciales. Son, en cierto modo, una expresión del pueblo en armas y de la fragmentación del poder en vastos segmentos de la sociedad y la geografía de Michoacán.
Ahora queda claro que la operación del gobierno federal en Michoacán tiene como propósito el recuperar tanto la legitimidad como, si no el monopolio, al menos el control sobre el uso de la fuerza. El acuerdo firmado el lunes 27 de enero en Tepalcatepec con las autodefensas es, en ese sentido, un paso decisivo. Ante la imposibilidad de proceder a su desarme -lo que fue la primera intención de la intervención de las fuerzas federales desde el 14 de enero- se ha pactado al menos su registro y el de sus armas, y su encuadramiento bajo la autoridad de la Defensa Nacional bajo la forma de guardias rurales. Mas ello abre una gama de nuevas posibilidades. La legitimación del derecho a la autodefensa y su reconocimiento oficial bien puede alentar la expansión del fenómeno con el surgimiento, como ya ocurre, de nuevos agrupamientos de combate en Michoacán y otras entidades del país. Puede implicar también un uso de las guardias como avanzada por ejército en situaciones de mayor peligro, como parece también estar ocurriendo. Pero también colocará en una situación diferenciada a los cuerpos que se incorporan al acuerdo y a aquellos que no estén dispuestos a hacerlo, exponiendo a estos al desarme y a la represión.
La legitimidad del poder es lo que ha estado en juego desde hace tiempo, aunque los gobernantes no hayan querido verlo. Ahora es evidente, como lo son también las dificultades para que el Estado logre reconstruirla unificarla.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción

Mercedes Sosa: una voz al servicio de la conciencia

Yo también hablo de Juanito

La nueva Legislatura: hacia la poliarquía no democrática

Sindicaticidio consentido

Iztapalapa, la UM y la crisis de la justicia

La tentación de anular

La desnacionalización de La Palma

La UM frente a la Suprema Corte

Por la libertad de los presos políticos de Atenco

Fujimori: una dictadura ninja que se va al calabozo

Emiliano Zapata, personaje literario

Calderón: la ley, a conveniencia