Eduardo Nava Hernández
El monólogo del poder y la resistencia social
Jueves 5 de Septiembre de 2013
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Dos intensas jornadas de movilización en la Ciudad de México enmarcaron en esta ocasión el peculiar mensaje de Enrique Peña Nieto, con motivo de su Primer Informe de Gobierno. El sábado 31 de agosto, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó una marcha en defensa del petróleo nacional, en la que participaron grupos del PRD, contingentes de la CNTE, del Morena y ciudadanos independientes, y en la que el hijo del General Cárdenas se pronunció también contra la iniciativa de Reforma Educativa que agrede a los profesores. El domingo 1°, los profesores de la CNTE y del movimiento #yosoy132 marcharon en dirección al Palacio Legislativo de San Lázaro, aunque no pudieron llegar por el dispositivo policiaco que rodeaba al recinto. En ese día, jóvenes a los que convencionalmente se llama anarquistas o Bloque Negro, se enfrentaron con los granaderos usando proyectiles y cocteles molotov.
Después, las manifestaciones contra la mal llamada Reforma Educativa y la planeada apertura del sector petrolero al capital transnacional han continuado, como se sabe, el miércoles 4 y el jueves 5. Pero no sólo eso sino que las movilizaciones se han extendido a entidades donde la CNTE no ha tenido fuerza con anterioridad, como Jalisco, Veracruz, Yucatán, Baja California, Baja California Sur o Chihuahua. En muchas otras regiones de manera más incipiente también hay manifestaciones que reflejan un proceso de rápida corrosión de las estructuras corporativas del Sindicato de Trabajadores de la Educación –SNTE- desde sus bases. El movimiento amenaza con seguir creciendo, y más después de este fin de semana en que se realizará la concentración convocada por López Obrador en la Ciudad de México, y se anunciarán los términos de la iniciativa presidencial de reforma hacendaria.
El mensaje de Peña Nieto el lunes 2 no pudo ser más opaco. Se omitieron datos esenciales de la realidad nacional como el estancamiento económico -que ha abatido el empleo, a pesar de la en su momento cacareada Reforma Laboral-, el retorno del proceso inflacionario, la inseguridad imparable, la persistencia del control territorial por los más fuertes grupos delincuenciales que denuncia la incapacidad del Estado y sus órganos, las constantes violaciones a los derechos humanos, el creciente descrédito en la procuración y administración de la justicia, la insatisfacción social -también progresiva- con las reformas llamadas “estructurales” promovidas por el Ejecutivo. En cambio, en el discurso presidencial se censuró a los grupos de autodefensa y se descalificó como minoritarios a los grupos que se oponen a sus iniciativas reformistas.
Desde el gobierno de Felipe Calderón, es cierto, una desdichada reforma constitucional eliminó la obligación del jefe de Estado y también jefe de Gobierno de la República de asistir personalmente a la apertura del periodo de sesiones del Congreso y rendir ahí un informe del estado de la administración pública. El otrora acto republicano de comparecencia y diálogo entre poderes (al menos en su intención jurídica, aunque el régimen metapresidencial de la era priista lo convirtió en el Día del Presidente) fue sustituido por lo que Porfirio Muñoz Ledo llamó “un modelo insólito de escisión de poderes, equivalente a la ruptura de relaciones en el universo diplomático”. El camino iniciado así por el calderonismo ha desembocado ahora en un acto donde los Poderes de la Unión mismos, la representación popular, se encuentran como tales excluidos y el “mensaje”, mero acto mediático, se emite desde la residencia del presidente, no desde la sede del Ejecutivo (el Palacio Nacional). No sorprende que una prédica de intolerancia como la que espetó Peña Nieto el 2 de septiembre se diera en la residencia de Los Pinos y frente al muy limitado auditorio de mil 500 invitados del presidente, la verdadera minoría o élite que maneja los hilos del poder en el país.
La imagen que hoy se da del Estado de los poderes públicos es el de un Legislativo ninguneado por el siempre más poderoso Ejecutivo, e incluso sometido a éste, donde el diálogo directo de la representación popular con la institución presidencial es un imposible. No asombra que este presidencialismo de nuevo cuño tampoco escuche las demandas directamente emanadas de los sectores de la sociedad, particularmente de los ubicados en la subalternidad y la debilidad económica y política.
De manera aún más paradójica, a la distancia, sin la presencia del Legislativo, Peña se dio el lujo de emplazar a éste a “transformar a México” en el término de un periodo de sesiones, 120 días, aprobando las iniciativas de reformas “estructurales” por las que tiempo ha, los poderes económicos vienen clamando.
Pero también, por otra parte, el cuadro del propio Ejecutivo fue el de un poder cuestionado y aun asediado por los sectores que, quizás minoritarios pero muy numerosos, han tenido que usar, además de argumentos consistentes pero no atendidos, su número mismo como forma de presión para hacerse escuchar. Imposibilitado Peña Nieto de acudir a San Lázaro, o siquiera al Palacio Nacional para exteriorizar su mensaje, consideró primero hacerlo desde las instalaciones militares (con toda la carga simbólica que ello hubiera implicado) para hacerlo, finalmente desde lo que no deja de ser la residencia particular del titular de la Presidencia. La pobreza de este tosco monólogo del poder sólo es mediada por la acción de difusión -que no de comunicación- de los grandes medios convencionales, particularmente los televisivos, como casi único vínculo entre el emisor y el resto de la sociedad.
“Nadie puede imponer su verdad a los demás”, sentenció el secretario de Gobernación al entregar el informe escrito en la sede del Congreso el 1° de septiembre, y que “los intereses de unos cuantos (sic) no deben anteponerse al bienestar de las mayorías”. Pero tanto la Presidencia como el propio Congreso han sido refractarios a las propuestas o demandas de los grupos opuestos a su programa de reformas. La lógica de “mayorías” y “minorías” no ha sido, ni será suficiente en estos procesos ni para dirimir la legitimidad de las iniciativas ni para convencer de que mediante ellas se logre el bienestar social. Al final de cuentas, el actual gobierno se instaló con el voto de sólo el 24 por ciento del listado nominal de ciudadanos habilitados para votar en 2012. Los 60 millones de estos que no acudieron a votar o que votaron por otras opciones son, sin duda, una mayoría frente a los 19 millones que lo hicieron por Peña Nieto. La legitimidad de un gobierno no es, entonces, una cuestión numérica, sino algo sólo apreciable por su capacidad para generar, a través de una comunicación dialógica, consensos no sólo en las esferas donde de por sí se concentra el poder político como la parlamentaria, sino en el conjunto de la sociedad.
La resistencia social hoy volcada a las calles no parece que vaya a disminuir en lo inmediato sino, por el contrario, estar en una fase de ascenso y aun de radicalización. Frente a ella, la vía hasta hoy ensayada, la del monólogo introspectivo de la oligarquía en el poder, según la caracterización clásica de Robert Michels, no parece en absoluto fructífera ni eficaz.

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