Eduardo Nava Hernández
Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano
Jueves 11 de Julio de 2013
A- A A+

Hace ya 90 años de que México atravesó por una de sus más graves crisis nacionales, en la que los conflictos militares, las relaciones internacionales y los intereses extranjeros se combinaron hasta culminar en el sangriento episodio de la rebelión delahuertista. En esa vorágine, el tema del petróleo mexicano y la aplicación del artículo 27 constitucional se convirtieron en uno de los nudos que condujeron también a la tragedia.
En 1923 el presidente Álvaro Obregón necesitaba urgentemente obtener de los Estados Unidos el reconocimiento diplomático que le habían retirado desde el golpe de Agua Prieta, que derrocó y condujo a la muerte al presidente Carranza, y que le regateaban para presionarlo por diversas concesiones entre las cuales destacaban las de índole petrolera. No había bastado que el año anterior el gobierno del sonorense hubiese pactado en Nueva York con el Comité de Banqueros con Negocios en México un convenio en el que reconocía virtualmente todo el endeudamiento acumulado por los sucesivos gobiernos de Díaz, Madero y hasta Huerta, sin omitir desde luego el de Carranza, obteniendo sólo un arreglo relativamente benéfico para México en los plazos de pago. Ese acuerdo, firmado por el secretario de Hacienda mexicano, Adolfo de la Huerta, y el presidente del comité neoyorkino, Thomas W. Lamont, no era sino un preámbulo para obtener de México lo que, en realidad, al gobierno del presidente Warren G. Harding le interesaba: la preservación de los intereses de las empresas petroleras en México.
A propuesta del general James A. Ryan, amigo personal tanto de Harding como de Obregón, a partir del 14 de mayo de 1923 se reunieron en la calle de Bucareli 85, en la Ciudad de México, dos representantes de cada uno de ambos gobernantes para negociar el posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En tanto que por el gobierno estadounidense acudían dos experimentados políticos y diplomáticos, John B. Payne, ex secretario del Interior, y Charles B. Warren, antiguo embajador en Japón, por el mexicano asistían Fernando González Roa, un erudito abogado, y Ramón Ross, un agricultor y comerciante sinaloense, amigo íntimo del presidente Obregón. Las negociaciones no fueron fáciles y se prolongaron por tres meses. Al término, se llegó a un acuerdo ampliamente beneficioso para los estadounidenses y lesivo para la nación mexicana.
En los tratados de Bucareli se estipulaba establecer una comisión bilateral que durante dos años recibiría y estudiaría las reclamaciones que los ciudadanos o empresas estadounidenses presentaran por daños a sus personas o a sus bienes, ocasionados por las fuerzas revolucionarias en el poder o contrarias a éste, así como por el bandidaje desatado tras la disolución de los grandes ejércitos que habían participado en la Revolución, por motines o tumultos entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920. Dicha comisión resolvería los reclamos “según su mejor saber y de acuerdo con principios de justicia y equidad”, y no atendiendo al derecho internacional, y las indemnizaciones resultantes se pagarían por el gobierno mexicano en oro o moneda equivalente a través del gobierno estadounidense. También se acordó la liquidación en efectivo “a la brevedad posible” de los bonos agrarios con los que los gobiernos de Carranza y Obregón venían pagando las expropiaciones de tierras, y directamente en efectivo aquellas nacionalizaciones que excedieran de mil 755 hectáreas.
Pero el punto más grave estaba en que, en un acuerdo anexo, “extraoficial” pero no secreto, finalmente, el gobierno de Obregón otorgaba el no aplicar retroactivamente el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional en todos los casos en que las empresas petroleras mostraran haber realizado con anterioridad al 1 de mayo de 1917 “actos positivos”, dando a este último término una interpretación tan amplia que podía abarcar desde la exploración de terrenos hasta la extracción efectiva de crudo. Con ello se garantizaba a esas empresas que sus propiedades en México no serían nacionalizadas.
El interés y la urgencia de Álvaro Obregón de obtener el reconocimiento estadounidense se debía a su intención de imponer como su sucesor a Plutarco Elías Calles y de evitar que un levantamiento militar pudiera abastecerse de armas en los Estados Unidos. En aras de esa urgencia es que el gobernante mexicano estaba dispuesto a hacer concesiones desmesuradas. En agosto, el Pacto de Bucareli fue firmado por ambos gobiernos y el 31 de ese mes Washington restableció las relaciones con el gobierno de Obregón.
Pero los tratados deberían ser ratificados por el Senado mexicano, donde un bloque opositor, representado por el Partido Nacional Cooperatista -que estaba dispuesto a apoyar como candidato a la Presidencia al secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta- y por uno de sus líderes, el abogado campechano Francisco Field Jurado, denunciaba que los acuerdos de Bucareli representaban una entrega de la soberanía del país a la potencia del norte. Al mismo tiempo, la instrucción de Obregón al Senado de declarar desaparecidos los poderes en San Luis Potosí para deponer al nuevo gobernador y líder cooperativista Prieto Laurens, precipitó la renuncia de De la Huerta a Hacienda y su aceptación de la candidatura que el PNC le ofrecía.
El 8 de diciembre de 1923 se dio el levantamiento de Enrique Estrada, en Jalisco, para impedir la imposición de Calles y en apoyo a De la Huerta. Lo secundaron jefes militares de la magnitud de Guadalupe Sánchez, Salador Alvarado, Fortunato Maycott, Manuel Diéguez, Manuel Chao, Rafael Buelna, Antonio Villarreal, Raúl Madero (el hermano del Apóstol) y varios otros que movilizaban consigo dos tercios del Ejército. Inició la guerra fratricida entre los protagonistas de Agua Prieta y triunfadores de una revolución ahora irremediablemente escindida.
Mientras tanto, en el Senado, los cooperativistas de Field Jurado se las arreglaban para impedir que los acuerdos de Bucareli, que también De la Huerta denunciaba, fueran ratificados. Estos valientes senadores, aun en minoría, organizaron un sistema rotativo de ausencias para impedir el quórum en las sesiones en que el punto se iba a tratar, pero impidiendo que ninguno de ellos acumulara las faltas necesarias para ser relevado. De nada valieron los intentos de los callistas por sobornar y aun de amenazar a algunos de ellos. Así transcurrió todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero hasta que, desesperado, el diputado callista Luis N. Morones -también líder de la poderosa CROM, la principal central obrera del país- lanzó desde la tribuna de la Cámara amenazas contra los senadores rebeldes espetando un “pobre sería el movimiento obrero de México si no tuviera a su alcance medios eficaces para castrar a estas gentes que no tienen virilidad ni los tamaños necesarios…”.
Nueve días después de este gesto de arrogancia de Morones, el senador Field Jurado fue asesinado a balazos en la colonia Roma por un grupo de gatilleros que lo había seguido cuando salió de sus oficinas en el Senado para dirigirse a su casa. Ocho balazos en la cara, el cuello y la espalda le quitaron la vida al campechano. El mismo día, los senadores cooperatistas Ildefonso Velázquez, Francisco J. Trejo y Enrique del Castillo fueron secuestrados, que sólo aparecieron cuatro días después. El 1º de febrero, los Tratados de Bucareli fueron votados por el Senado y el armamento y equipo militar que Ramón Ross, enviado de Obregón, había comprado en los Estados Unidos, pudieron cruzar la frontera. Poco tiempo después, la rebelión militar delahuertista fue derrotada y sus protagonistas fueron muertos o emprendieron el camino del exilio. La imposición de Plutarco Elías Calles se consumó ese año de 1924, con un De la Huerta refugiado en el extranjero.
Paradójicamente, el mayor beneficiario de la derrota de los rebeldes y de los Tratados de Bucareli, Plutarco Elías Calles, desconoció estos en 1926 y buscó imponer a las empresas petroleras un nuevo régimen jurídico que limitara sus derechos sobre los yacimientos.
Pero fue éste uno de los episodios más dramáticos de la defensa de la soberanía y los recursos naturales por los representantes del pueblo de México más sensibles a las necesidades de éste y más leales a la Constitución. Fue una evidencia también de cómo el petróleo, ese para los extranjeros objeto del deseo y para los nacionales del poder prenda de cambio en función de sus intereses, circula por las venas de la nación e inunda su corazón desde que sus veneros comenzaron a ser explotados.
Este año, con justicia, se recuerda el centenario del sacrificio del senador chiapaneco Belisario Domínguez que tuvo la valentía de alzar su voz contra el golpe de traición que llevó al asesinato al presidente Madero y encumbró al poder a Victoriano Huerta en las aciagas jornadas de la Decena Trágica. No debiera pasar inadvertido que en esa misma Cámara Alta, diez años después, Francisco Field Jurado pagó también con su vida la defensa de la Constitución y de los intereses nacionales, y que su causa es tan vigente como lo es la de la de la democracia.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

¿Incendiar la pradera o pactos de estabilidad?

¿A dónde va López Obrador?

El desafío de la caravana migratoria centroamericana

La prueba salarial del gobierno lopezobradorista

Doce tesis acerca del 1968 mexicano

El núcleo de la corrupción en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: marchas, opacidad y fraude a la nación

La primera insurrección socialista en la historia de México

Donald Trump ante López Obrador

Elecciones: el bloque de poder en disputa

La recta final, elecciones al borde del riesgo

Presea de ignominia y afrenta a la universidad

La Universidad, el Congreso y la memoria

Lo que el debate no se llevó

La sombra del fascismo en la Universidad Michoacana

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga