Eduardo Nava Hernández
El petróleo, la batalla que viene
Jueves 27 de Junio de 2013
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Una vez más, sin romper con una ya establecida e inveterada costumbre, el gobernante mexicano en turno acude a instancias extranjeras para anunciar antes que en su propio país medidas trascendentes de política económica que no ha consultado tampoco con sus gobernados. Como se sabe, fue durante su visita a la Gran Bretaña, como invitado especial a la cumbre del G8, que Enrique Peña Nieto declaró al diario Financial Times que su gobierno se prepara para hacer “los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados” interesados en entrar en el sector energético mexicano.
Un día después, matizó su dicho y aseguró que aún se está valorando si será necesaria una reforma constitucional o sólo a la legislación secundaria, y que tal valoración se está realizando en el Pacto por México. A su vez, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, intentó disminuir la declaración acerca de la reforma constitucional señalando que el tema no es nuevo, pues desde 2011 Peña había expresado en otra entrevista que, de llegar a ser candidato a la Presidencia, propondría una política más pragmática y flexible que permitiera ampliar la inversión privada sin privatizar Pemex ni las reservas petroleras.
Como era de esperarse, a partir de entonces los actores políticos y económicos han tomado posición frente al anuncio de que es inminente, seguramente en el próximo periodo de sesiones del Congreso, que iniciará en septiembre, la presentación del proyecto de reforma energética. No sorprende que el líder del Consejo Coordinador Empresarial apremie al presidente a “superar el mito ligado a un monopolio petrolero [y] estancado por restricciones que lo asfixian”. Tampoco asombra que Ernesto Cordero, como si aún fuese el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, se haya apresurado a brindar el apoyo de la mayoría de los legisladores en esa Cámara -mayoría que aún encabeza como expresión del calderonismo- a la iniciativa privatizadora, ya que ésta es del todo coincidente con la que promovió con pobres resultados Felipe Calderón en 2008.
Hasta ahora, el argumento más fuerte, más bien único, que la tendencia aperturista -en realidad, privatizadora- esgrime es de orden financiero: la incapacidad de Pemex para enfrentar con sus propios medios sus necesidades de modernización administrativa y tecnológica; pero esta situación no es sino resultado del régimen fiscal al que la empresa está sometida, que le quita el 70 por ciento de sus ganancias para sostener el presupuesto público, y de la corrupción que la ha invadido como un cáncer desde sus administraciones y desde su sindicato. En aras de dicho argumento, se deja de lado el tema del carácter estratégico de la explotación petrolera y sus implicaciones en la seguridad nacional, la geopolítica y la historia.
Para que el capital privado -desde luego extranjero- entre con “certeza” a la explotación de los recursos petrolíferos mexicanos sólo hay dos formas: o bien se coloca en manos de las grandes empresas petroleras internacionales una parte del capital accionario de Pemex o bien se otorgan a las mismas permisos o concesiones de exploración y explotación (contratos de riesgo) sobre los yacimientos en el territorio continental o marítimo de la nación. En el primer caso, esos grandes capitales se convertirían en copropietarios de la principal empresa del país y casi la única hoy enteramente pública, compartiendo sus riesgos y sus ganancias o, en su caso, pérdidas. En el segundo, se entregaría una parte que puede ser sustancial de la renta petrolera a intereses extranacionales, en detrimento de los ingresos reales o potenciales de la nación por ese concepto. En ambos casos se trata de una privatización, ya sea de Pemex o de la explotación de la riqueza petrolera misma.
Pero el tema es de tal trascendencia que todos los actores políticos se verán obligados a asumir una posición. No hay duda de que el PRI, fiel a su atávico apego al presidencialismo de antaño, mantendrá su unidad en torno a la reforma que decida Peña Nieto enviar al Congreso. Ni una sola voz dentro del PRI se ha escuchado hasta ahora, seguramente en espera de la iniciativa presidencial que les marque el camino a seguir. El PAN, pese a sus profundas divisiones, apoyará, acaso con matices, la privatización. Los calderonistas por convicción privatizadora y de subordinación a las expresiones de los grandes imperios mundiales y por entrar a la disputa de la interlocución con el gobierno priista; los maderistas por los compromisos que han venido tejiendo con Peña Nieto y el PRI a partir de la firma del Pacto por México.
Por su lado, el PRD exhibió sin pudor sus miserias y vacilaciones. Si bien Marcelo Ebrard intentó responder a las declaraciones de Peña Nieto en Inglaterra con una invitación a debatir públicamente la reforma petrolera, Jesús Zambrano se apresuró a declarar que el ex jefe de Gobierno capitalino parecía “borracho de cantina” y buscapleitos, para luego señalar que no se debe “satanizar” la participación de la iniciativa privada en Pemex ya que ésta podrá tener “mucha cancha” sin necesidad de operar reformas constitucionales y a condición de “no llevarse la tajada del león”.
La plutocracia y el grupo en el poder confían, entonces, en que con una amplia mayoría parlamentaria PRI-PAN-PRD, encuadrada en el Pacto por México, no tendrán dificultades para sacar adelante, con reforma constitucional o sin ella, las adecuaciones necesarias para abrir de manera definitiva el sector petrolero a la inversión extranjera. Y es cierto que el Pacto prevé en su capítulo 2.5 (acuerdos 54-60) varias medidas para la modernización del sector energético; entre ellas destaca el acuerdo 57, que avisa de la intención de “crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex”; pero tampoco es explícito en cuanto al papel del capital extranjero.
Sin embargo, no todo parece estar a favor de los privatizadores. El tema de la reforma energética ha sido pospuesto hasta después de los comicios del 7 de julio en diversas entidades, que seguramente generarán aquí y allá (y ya han generado) fricciones entre el priismo y sus consortes del PAN y el PRD. Como lo ha advertido Gustavo Madero, el Pacto “está siempre en riesgo” debido a la operación electoral de los gobernadores priistas, lo que restringirá el margen de acción de la Presidencia de la República frente a las minorías legislativas y encarecerá el apoyo de éstas a la reforma por venir.
En el PRD es claro que, a pesar de las frívolas declaraciones de su líder, no hay un consenso de hasta dónde se puede llevar la reforma petrolera, y ha vuelto a aparecer, con la reunión de la cúpula perredista del martes 25, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en materia petrolera, que rechaza tajantemente la posibilidad de una reforma constitucional y en general de la apertura del sector a la inversión privada. Pero tampoco le ayuda a Peña Nieto la imagen de abierta y radical división que presenta como nunca antes el panismo en disputa por los cuantiosos recursos manejados por su fracción parlamentaria en el Senado y por ganar la interlocución con el gobierno peñista.
Pero sobre todo, la recientemente conocida encuesta “México, las Américas y el mundo 2012-2013”, coordinada por Guadalupe González y José Schiavon, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), resalta en uno de sus puntos que el 65 por ciento de los mexicanos no acepta la apertura del sector petrolero al capital extranjero. Ese dato aporta una base muy consistente para las fuerzas políticas y corrientes de opinión opuestas a la reforma prometida por Peña Nieto. Nada se puede esperar, desde luego, de las cúpulas partidarias liadas en el peñista Pacto por México; pero la reforma puede ser frenada, como de hecho ocurrió en 2008, desde la sociedad, con la movilización de grupos ya organizados y de los nuevos destacamentos e individuos que se sumen sin estarlo. Es la hora de los hornos, escribió Martí, y no se ha de ver sino la luz.

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