Rubí de María Gómez Campos
Meditaciones posmodernas
¿De quién son las instituciones?
Jueves 18 de Abril de 2013
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Resulta difícil entender por qué la mayoría de los medios periodísticos guarda silencio frente al despido masivo de personal que atiende problemáticas jurídicas y psicológicas de mujeres que no cuentan con otra alternativa más que acudir a una institución pública, creada específicamente para atender y resolver a nivel estatal la problemática de la desigualdad y la discriminación social que sufren las mujeres.
¿Por qué si en octubre del año pasado hubo hasta conferencias de prensa (que cesaron repentinamente) y el interés manifiesto de la diputada responsable de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local por el caso de una persona despedida, hoy los medios ignoran el despido de más de treinta abogadas y psicólogas que daban atención a mujeres víctimas de violencia? La gravedad de la situación que hoy enfrentan las usuarias de los servicios de atención jurídica y psicológica -brindados por más de diez años en el organismo (que hoy tiene el rango de Secretaría)- ha pasado desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación y, por ende, para la sociedad que sufrirá los efectos del despido.
Ni la escasez de recursos ni el rango de Instituto impidieron que, desde su creación en 2002, la institución encargada de enfrentar y corregir los vicios que la desigualdad imprime en los procesos gubernamentales ofreciera asesorías y apoyo a víctimas de violencia doméstica. A pesar de las limitaciones institucionales, como la carencia de recursos que tuvieron que ser regateados a secretarías y organismos que atienden temas considerados “más importantes”, durante cinco años consecutivos se organizó una Feria Anual de Mujeres Emprendedoras. Ante la falta de conciencia social frente al problema de la discriminación de género -que se expresa en personas de los dos sexos debido a la profunda deformación cultural que constituye el fondo del problema-, se promovieron campañas de sensibilización y se realizaron múltiples procesos de formación al funcionariado y a diversos grupos sociales.
El Instituto Michoacano de la Mujer logró colocar el tema de la desigualdad de género en la agenda social y, paralelamente, sortear el difícil contexto político de un organismo público que en su origen tuvo que demostrar y justificar permanentemente su necesidad mientras enfrentaba, simultáneamente (casi con el puro recurso de la imaginación, en momentos similares a los actuales y sin justificarse en la falta de recursos), las múltiples problemáticas de injusticia (económicas, sociales y culturales) que cotidianamente viven las mujeres.
Tal vez el gobierno actual ignora que las tareas de promoción y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres no es una graciosa concesión que los gobiernos en turno pueden dar o negarle a la sociedad, sino una obligación firmada en el más alto nivel de dirección del país. El Senado ratificó en 1981 el acuerdo internacional firmado por México ante la ONU durante la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, celebrada en 1979, en la que los Estados parte se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para combatir la desigualdad y erradicar la violencia.
El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no es un “buen deseo” que personalmente puedan asumir o despreciar quienes nos gobiernan conforme a ideologías reaccionarias o retrógradas según sea el caso, sino el resultado de luchas sociales y el objeto explícito de leyes formuladas por necesidades sociales cuya persistencia sigue siendo notoria. Los gobiernos (sean del sino ideológico que sean) tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Las instituciones creadas para enfrentar y resolver problemáticas apremiantes, como la violencia contra las mujeres y la discriminación de género, tienen su fuente de legitimidad en las necesidades sociales que las fundan y se sostienen en las leyes.
Los dueños de las instituciones no son los gobiernos, sino la ciudadanía que necesita recibir servicios básicos que promuevan el desarrollo, no sólo económico y social, sino también humano, sostén imprescindible de una sociedad sana. El equilibrio social y el desarrollo pleno requieren y dependen de la capacidad de los gobiernos para dar respuesta a las necesidades sociales más acuciantes. El machismo es un lastre que vulnera no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Las mujeres que hoy acusan a la Secretaría de la Mujer de privarlas del sustento económico de sus hijos debido a la interrupción de sus procesos jurídicos en demandas de pensión alimenticia, representan a la sociedad lacerada por las injusticias.
La violencia institucional que hoy sufren las usuarias es injustificable, pero más lo sería que, por el más puro machismo institucional en su apogeo, desapareciera un organismo que logró funcionar de acuerdo con los principios elementales de derechos humanos, civiles y democráticos, hasta convertirse, seis años después, en Secretaría.

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