Rubí de María Gómez Campos
Meditaciones posmodernas
Un aporte académico ante la violencia
Jueves 4 de Abril de 2013
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A casi 20 años de celebrada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, vigente en nuestro país desde 1998), que establece medidas obligatorias a los estados parte como: “Capacitación del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer” y “proporcionar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia”, el desinterés y en muchos casos ignorancia del tema por parte de las autoridades responsables es manifiesto.
Si bien existen ordenamientos jurídicos nacionales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en vigor desde 2007) que prevé en su artículo 8 el diseño y aplicación de modelos de atención, prevención y sanción establecidos por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la atención integral de las mujeres en esta situación; y a nivel estatal la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo (vigente desde 2009), que dispone la aplicación de un modelo que comprenda «las medidas de prevención, intervención especializada, sanción y erradicación», cuya finalidad es «garantizar que las intervenciones, en cada ámbito de la violencia, correspondan a una base conceptual y al conjunto de lineamientos de coordinación que impidan se fragmente la acción de las dependencias de cualquier nivel de gobierno y de los municipios», lo cierto es que estas disposiciones siguen siendo letra muerta.
Conociendo la falta de resultados que ofrecen los organismos e instituciones gubernamentales responsables, creados para atender las diversas problemáticas de desigualdad, violencia y discriminación que sufren las mujeres en la mayor parte del país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desarrolló en 2008 una investigación acerca del proceso de atención integral a la violencia de género a la que obliga la ley. El resultado fue la elaboración de cinco modelos de prevención, atención, acompañamiento a víctimas, intervención con agresores y contención emocional a servidoras y servidores públicos que atienden la violencia contra las mujeres. Después de perfeccionarlos en un proceso de aplicación en algunos estados, los modelos se convirtieron en cinco protocolos que constituyen una guía precisa para la atención integral de la violencia contra las mujeres.
Expertas en el tema encabezadas por la doctora en Derecho Alicia Elena Pérez Duarte, que cuentan con conocimientos teóricos muy amplios pero también con la experiencia de haber trabajado en las instituciones y desde la sociedad civil, pusieron al servicio de las leyes creadas para combatir y erradicar el flagelo de la violencia contra las mujeres los instrumentos que deberían guiar los magros esfuerzos institucionales que se realizan en la materia. En coordinación con algunas de las principales instituciones académicas del país como la Universidad de Sinaloa y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y bajo el cobijo financiero del Conacyt, continuó el proceso de aplicación de los protocolos en prácticamente todos los estados.
Ante la necesidad de instrumentos y dispositivos de apoyo a las instituciones gubernamentales que por ley conforman el Sistema Estatal de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres -integrado por las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Educación, de Salud, de Política Social, de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y un Ayuntamiento por cada una de las diez regiones socioeconómicas- cuyo objeto es la instrumentación de mecanismos que faciliten la aplicación del modelo integral que la ley determina, desde el verano de 2012 la Universidad Michoacana realizó una investigación-acción cuyos objetivos eran la difusión y aplicación de los protocolos referidos en el estado de Michoacán.
La investigación consideró rigurosamente las obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal previstas en las disposiciones normativas anteriormente referidas para su desarrollo. Por ello se trabajó prioritariamente con las instituciones integrantes del Sistema Estatal y con los municipios. Los resultados permitieron elaborar indicadores y un diagnóstico que revela la inexistencia de un Programa Estatal de Atención Integral a la Violencia, como marca la ley, y la desarticulación de las instituciones responsables de aplicarla.
El aporte de la Universidad Michoacana se concretó en la firma de un acuerdo de colaboración con los ayuntamientos participantes, que consiste en realizar procesos de capacitación y de servicio social implementados por la Facultad de Psicología y el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas.

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