Eduardo Nava Hernández
El Gordillazo: sismo sin réplicas
Miércoles 27 de Febrero de 2013
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Diseñada y confeccionada como un evidente golpe político, la detención de la lideresa del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo no es un hecho menor ni intrascendente en el sistema político nacional. Inevitablemente, y de manera lógica, un acto de autoridad de esta naturaleza implica un reacomodo de las fuerzas actuantes en el escenario. Y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el más grande de América Latina -se dice- es y ha sido una pieza importante de la política del país, y no sólo en su aspecto educativo.
El SNTE ha servido también para operar procesos y fraudes electorales tanto a escala local como nacional. En mucho, Vicente Fox, Felipe Calderón y el mismo Enrique Peña Nieto le deben a esa operación conducida por Elba Esther Gordillo el haber llegado a la Presidencia de la República. Con los tres, en diferentes momentos, hizo La Maestra alianzas que casi siempre (la excepción es este último caso) le redituaron enormes ganancias económicas, políticas y en términos de impunidad para conducir su sindicato y las áreas en donde se le permitió extender su poder: el ISSSTE, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, la Lotería Nacional, gobiernos estatales y municipales, etcétera, etcétera. No hay duda: Gordillo terminó por ser, durante los 23 años de su permanencia al frente del sindicato, pero particularmente durante los dos gobiernos panistas, un poder real, formal y fáctico a la vez, que ningún presidente o gobernador podía ignorar.
Razones para procesar a Elba Esther Gordillo sobran. Su enriquecimiento ilícito es conocido de muchos años atrás, sin que sus aliados en el poder hicieran nada por evitarlo o ponerle un freno; el tráfico de influencias que ejerció fue siempre ostensible; el manejo irregular de los fondos sindicales -delito por el que ahora se la inculpa, y al que se ha agregado el de delincuencia organizada, al parecer con el fin de que no alcance el beneficio de la libertad bajo fianza-, también fue siempre visible como la luz del día. Y no hay que olvidar el episodio oscuro en que fue asesinado, en 1981, el profesor Misael Núñez Acosta, dirigente de la entonces naciente CNTE en Tulpetlac, Estado de México, de cuyo crimen otros líderes disidentes como Teodoro Palomino, siempre han responsabilizado a la maestra Gordillo.
El que sea hasta ahora que aparezcan cargos concretos contra la dirigente magisterial pone en evidencia que, mucho más que una acción justiciera, se trata de una decisión política del gobierno de Peña Nieto. El desmedido poder que llegó Gordillo a acumular la llevó a chantajear a diversos gobiernos, particularmente el de Felipe Calderón -a quien obligó a remover a la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota-, aún más allá de las cuotas políticas que le habían sido asignadas. Apenas hace unos días, Gordillo no sólo expresó su oposición a la Reforma Educativa impulsada por el gobierno peñista sino también llamó “ignorante” al secretario de Educación, Emilio Chuayffet. Pensó que estaba aún en el gobierno de Calderón.
La respuesta, fulminante, del gobierno de Peña Nieto, es el encarcelamiento a partir de un expediente abierto en la Procuraduría General de la República por desviación de fondos sindicales; pero donde no se ha aclarado si existió una denuncia de hechos por parte del mismo sindicato o alguno de sus miembros ante el Ministerio Público Federal o éste actuó per se para armar la investigación previa.
Más allá del destino personal de la dirigente, el tema tiene implicaciones para el SNTE como organismo gremial y para otras áreas de la vida sindical y la pública. Las preguntas hoy abiertas son acerca de si la caída de la líder vitalicia llevará a la democratización del sindicato magisterial, y si tras este golpe seguirán otros contra figuras plenamente identificadas por la opinión pública por su manifiesta corrupción. La lista es larga, pero sin duda tendría que ir encabezada por el dirigente de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, cuya riqueza es tan notoria o más que la de Gordillo. Priistas como Arturo Montiel, Mario Marín, Humberto Moreira, Andrés Granier y otros, han estado involucrados recientemente o de tiempo atrás en escándalos de enriquecimiento y corrupción, al igual que el “perredista” Juan Sabines y personajes relevantes del panismo, como los hijos de Martha Sahagún, más lo que se acumule del recién concluido sexenio de Calderón.
Pero nada indica que el golpe de mano de Peña llevará a una verdadera democratización sindical. El antecedente de la defenestración del entonces líder vitalicio Carlos Jonguitud, en 1989, que llevó a la misma Gordillo a hacerse del poder sindical bajo el patrocinio de Carlos Salinas y Manuel Camacho, indica que el propósito no es abrir paso a la democratización sindical, sino por el contrario, recuperar el control del mismo deshaciéndose de su incómoda y rebelde ex aliada: al mismo tiempo, busca -como lo hizo Salinas en aquel año, el primero de su mandato- obtener un bono de legitimación ante diversos sectores de la opinión pública y conducir la atención de la opinión pública hacia los temas que al gobierno le interesan, mientras se cocinan en el Congreso las reformas estratégicas para el petróleo y la hacienda pública y se afina la recién instituida constitucionalmente Reforma Educativa. Desde luego que el golpe contra Elba Esther fortalece políticamente a Peña Nieto, aunque ahora quizás tenga que negociar la nueva situación sindical con la burocracia gordillista, que al menos declarativamente sigue apoyando a su líder. Impensable que se abran espacios a la disidencia sindical agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; al contrario: la recomposición del liderazgo sindical buscará atacarla con más fuerza, para lo cual el aliado estratégico de Peña, Televisa, ha venido preparando el terreno a través de la asociación llamada Mexicanos Primero.
Y es que el golpe contra Gordillo parece calcado de las acciones pretendidamente justicieras, pero siempre políticas, de otros gobiernos priistas. Miguel de la Madrid encarceló a dos de los amigos más cercanos de su antecesor López Portillo: Jorge Díaz Serrano (ex director de Pemex) y Arturo Durazo Moreno (ex jefe de la Policía del Distrito Federal); pero no llevó más allá su anunciada renovación moral. Salinas encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia (quien le había regateado su apoyo para llegar a la Presidencia y a quien se le atribuía la publicación de un libelo contra Raúl y Carlos Salinas) y defenestró al ya mencionado Jonguitud; pero si bien estas acciones le permitieron remover algunos obstáculos para llevar adelante sus reformas estructurales -privatización de empresas públicas, apertura de la petroquímica al capital privado, TLC, etcétera-, no condujo ni a la democratización de la vida sindical en general ni a un combate generalizado a la corrupción. Ernesto Zedillo encarceló al hermano de su antecesor, Raúl Salinas, por su enriquecimiento y por delitos que lo involucraban con la delincuencia organizada; mas ello quedó como una golondrina sin verano.
Ya ahora, el procurador federal Jesús Murillo Karam a pregunta expresa de un reportero, afirma que en el caso de Romero Deschamps, “no [tiene] un elemento tan claro como en este caso (el de Gordillo)”. “Si tengo denuncias se actuará de la misma manera”, afirmó.
No se espere, pues, un comportamiento diferente del actual gobierno de Peña Nieto. Ni una cruzada general contra la corrupción -que tendría necesariamente que afectar a muchos de quienes lo ayudaron a llegar a la Presidencia y a la investigación a fondo de las operaciones con el banco Monex y Soriana en las que se apoyó también su elección- ni una apertura a la democratización sindical en el SNTE o en otras organizaciones fuertemente corporativizadas. La detención de Elba Esther Gordillo sí es un sismo que puede producir algunos reacomodos en las entrañas del poder, pero no el derrumbe del sistema de control sindical, y sobre todo, que no amenaza con tener réplicas en otros ámbitos de la vida pública como el de la corrupción.

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