Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

Eduardo Nava Hernández

A punto de cumplirse un mes del estallido de la huelga en la Universidad Michoacana por su Sindicato de Empleados, la solución al conflicto parece estar tan lejos como el primer día. Aun cuando ha habido (pocas) sesiones de negociación entre el rector y el Consejo de Huelga, así como mesas de trabajo, el avance no es notorio para la opinión pública ni, lo que es peor, para los agremiados al sindicato. Por lo contrario, las autoridades universitarias sólo dan una vez más la imagen de incapacidad para negociar los conflictos en la institución, y al interior del sindicato afloran las diferencias, que siempre estuvieron ahí pero no se manifestaban públicamente.
Se ha difundido la versión de que el conflicto se reduce a ser la expresión del encono personal existente entre el rector Salvador Jara y el secretario general sindical Eduardo Tena Flores. Aun cuando esa enemistad ha dado pruebas rato ha de ser real, no es suficiente para explicar la trabazón en que se encuentra el paro laboral ni la complejidad de éste. En su momento, la huelga fue votada tanto por quienes apoyan activamente al dirigente sindical -cuyo núcleo es el Grupo Morado- como por quienes lo impugnan, la corriente Roja. Se llegó a anunciar que la votación en la asamblea había sido por unanimidad.
En realidad, quien unificó en ese momento al conjunto de la base sindical fue el rector Jara, quien, recordemos, trató con desaire a lo largo de 2012 al sindicato negándose reiteradamente a instalar mesas para negociar las reales o supuestas violaciones contractuales y aun a recibir al sindicato. El año pasado, al menos dos veces el sindicato concedió unilateralmente prórrogas a su emplazamiento por violaciones, pero esas oportunidades fueron desperdiciadas por la Rectoría para abrir negociaciones con el sindicato. En cambio, la táctica de las autoridades se ha centrado en ir al enfrentamiento directo promoviendo, por ejemplo, el desconocimiento de Tena Flores como dirigente por el hecho de haberse jubilado. El desdén a las demandas sindicales en vez de debilitar a éste, lo fortaleció, así fuera coyunturalmente, y terminó por unir a la base sindical en demanda de ser escuchada y atendida.
Lo que sí es cierto es que más que la demanda de incremento salarial es el tema de las violaciones contractuales lo que entrampa el conflicto, aun cuando en la base sindical éstas no estén del todo claras para la misma base sindical. Lo que debería quedar claro es que dichas violaciones no son sino la expresión concreta y particularizada de una situación mucho más general: el desorden administrativo que priva en la Universidad. Ahora, también el Sindicato de Profesores –SPUM-, ha salido públicamente a denunciar la existencia -igualmente sabida, pero nunca denunciada por la anterior dirigencia, afín a las autoridades- de un cúmulo de irregularidades en la contratación del personal académico. Ni el Contrato Colectivo ni la propia normatividad universitaria se han respetado en el ingreso de docentes en muchísimas dependencias. Por su parte, el Sindicato de Empleados denuncia la existencia, también evidente, de un gran número de trabajadores con contrato académico pero que realizan funciones administrativas.
También es cierto que a través del Sindicato de Empleados ingresaron a la institución más de 600 trabajadores, hoy conocidos como “de apoyo” o “de tarjeta” (ninguno de esos conceptos existe, desde luego, en la normatividad o el Contrato Colectivo) y que la autoridad denuncia con razón como contrataciones irregulares. Pero ni el sindicato ni el rector Jara explican cómo ese número de trabajadores llegó a ingresar. Se trata de empleados que entraron sin que hubiera plazas vacantes y muchas veces sin funciones determinadas, pero que el sindicato recomendaba a través de tarjetas personales, en una situación que se prolongó durante varios años. Algunos afirman que los propios directores de las dependencias solicitaban ese personal aun a sabiendas de que no existían tales plazas en el presupuesto.
Se trata de una irregularidad grave que no pudo darse sin que participaran tanto el sindicato como la administración central de la Universidad, y que tenía que constituirse en una bomba de tiempo que terminó por explotar. Son trabajadores que han generado ya derechos en términos legales, pero a los que no se les pagan las prestaciones completas por no existir las plazas presupuestadas, ni tampoco pueden sindicalizarse. Haiga sido como haiga sido -para citar a un clásico-, hayan sido vendidas o no esas plazas, esos trabajadores están ahí y, por contar ya con derechos adquiridos, para despedirlos tendría que liquidárseles indemnizándolos, para lo que no existe presupuesto. Sería una paradoja que las autoridades obtuvieran alguna partida extraordinaria para ese fin y no para fortalecer el ofrecimiento salarial a los sindicalizados.
Ahí está el nudo del problema. Es creíble, como afirman las autoridades, que no existen los recursos para regularizar esas plazas, y que éstas no son necesarias. Pero lo que no ha dicho jamás el rector Jara es cómo fue que esos trabajadores ingresaron a la Universidad ni cómo se les ha estado pagando durante años, así sea precariamente. Mucho menos ha abierto la boca ni procedido legalmente para señalar a los responsables de esta grave situación que tiene a la Universidad Michoacana, de la que dice sentirse tan orgulloso, al borde del colapso y en medio de una crisis moral sin precedentes. Y no puede decir que durante años se desviaron recursos destinados a las actividades sustantivas de la institución para alimentar la planta de empleados administrativos y de intendencia, porque es una situación que él conoció muy bien desde que fue funcionario de las administraciones de Jaime Hernández Díaz y Silvia Figueroa Zamudio, cuando el problema se gestó.
La estrategia de la Rectoría se limita hoy a proceder legalmente contra la huelga solicitando a las autoridades laborales la declaración de inexistencia de la misma y acudiendo a un recuento que no puede depararle sino una estrepitosa derrota más (ya tuvo una cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje otorgó la toma de nota al dirigente sindical Eduardo Tena). Pretende acudir al recurso -al parecer una de las novedades de la reciente Reforma Laboral, que se aplicaría por primera vez en este caso- de una huelga que no paraliza las actividades de la empresa: la Universidad podría seguir realizando sus actividades sustantivas mientras los trabajadores se pudren con sus demandas. Pero no es tan sencillo. Está en puerta también el emplazamiento del SPUM, con el que no están resueltas las violaciones denunciadas. El sindicato académico no parece estar del lado de la Rectoría para respaldar sus pretensiones y sí, en cambio, en disposición de estallar un segundo movimiento de huelga.
Lo fundamental hoy, es acabar con la opacidad prevaleciente. El rector tiene que informar cómo se generó el abultado déficit financiero al que con tanta frecuencia se refiere y con el que intenta justificar su andanada de hoy contra los trabajadores, pero sobre todo señalar a los responsables del mismo, o de lo contrario caer en el descrédito. Si algo priva hoy en la Universidad Michoacana es la falta de transparencia, hasta el punto de haberse cancelado en su página electrónica el acceso a la información presupuestal de la misma. Los responsables del quebranto presupuestal tienen que ser sancionados, incluso penalmente, si existen responsabilidades de ese tipo. La dirigencia del sindicato también está obligada a rendir cuentas ante sus agremiados de cómo ha manejado las plazas que le corresponde administrar conforme a la bolsa de trabajo pactada en la cláusula 52 de su Contrato Colectivo.
Después de un mes de huelga, la base trabajadora del SUEUM se encuentra en una situación de valiente resistencia frente a la agresiva actitud de las autoridades, pero también de exasperación tras dos quincenas de no cobrar sus salarios. La Universidad, por su parte, se halla en una crisis que se antoja histórica y que debe servir, antes que nada, para su reconstitución política y moral. A los universitarios todos les toca luchar por democratizarla y exigir no meramente una reanudación de las actividades académicas -que aisladamente sería simplemente la vuelta a una “normalidad” en muchos sentidos no deseable- sino transparencia y honestidad de sus autoridades y de todos quienes tienen responsabilidad en conducirla desde diferentes posiciones.