Eduardo Nava Hernández
Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?
Viernes 19 de Octubre de 2012
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El curso seguido por el conflicto en las Normales de Michoacán obliga a pensar los hábitos del movimiento social y los usos del ejercicio del poder. Un problema de carácter estrictamente educativo se ha escalado, primero con medidas de presión social y después con la violencia policiaca y violaciones a los derechos humanos, hasta incorporar a otros grupos de Michoacán como la Sección XVIII magisterial -cuyas oficinas fueron allanadas y detenidos su dirigente actual y el anterior, entre otros maestros-, estudiantes universitarios y comunidades indígenas, y extendiendo la protesta social a otras entidades del país y a la opinión pública nacional. Un conflicto, entonces, que podía haber sido evitado a través del manejo político y que de manera increíble ha llevado, como otros anteriormente, a un ambiente de enrarecimiento político y a la división y a la polarización social.
Valdría la pena analizar con detenimiento las raíces de un problema como éste y no atender sólo sus consecuencias más evidentes. La versión más difundida por los medios, y la más simplificadora, es la de que los normalistas michoacanos se oponen a la Reforma Curricular porque “se niegan” a aprender inglés y computación. La versión de los estudiantes es bastante diferente. No se oponen por principio a una reforma curricular que saben ya decidida desde las instancias educativas federales sino que solicitaron al gobierno estatal el aplazamiento de su aplicación. No tienen en este momento ni el profesorado ni el equipamiento necesario para la nueva reforma; pero sobre todo quisieran participar en la adecuación de sus contenidos, que consideran decididos y aplicados verticalmente y que no incorporan elementos de las culturas regionales, fuertemente arraigadas en muchos casos, como en el de Michoacán. Inglés y computación, bien; pero prioridad a otras necesidades más directamente relacionadas con su práctica profesional en comunidades rurales e indígenas. La respuesta de las autoridades fue la que ha expresado el secretario de Educación, José Ángel Córdova, para quien la negociación se presenta como ceder a un “chantaje”: la reforma a las Normales no tiene marcha atrás y se seguirá aplicando conforme fue publicada oficialmente.
¿Y el gobierno estatal? ¿Puede o no decidir medidas como el aplazamiento o adecuación de una reforma educativa a las necesidades locales? Si no es así, ¿la descentralización educativa se hizo sólo para que las entidades sean ejecutoras de las políticas decididas centralmente? De la respuesta a estas preguntas depende en mucho el deslinde de responsabilidades entre los dos órdenes de autoridad en éste y otros conflictos y, en su caso, la revisión de la descentralización operada hace ya varios sexenios.
La ausencia de respuestas por las autoridades, o su rigidez, resultan en todo caso decisivas para el escalamiento del conflicto y de los métodos de lucha de los normalistas. Los normalistas hicieron pública su solicitud de diálogo directo con el gobernador Fausto Vallejo, que nunca fue complacida. Un recurso de distensión que no fue agotado en más de un mes que duró el paro estudiantil. “Tenemos el mandato de que la reforma va porque sí, ya que no tendrían los muchachos avalados sus estudios”, fue la respuesta de la secretaria de Educación en el Estado, Teresa Herrera Guido. Como trasfondo, la drástica restricción presupuestal en el Estado y la amenaza de no cubrir las necesidades financieras del sector en éste ni en los próximos años.
Los paristas afirmaron siempre tener una propuesta alternativa al plan de estudios que entró en vigor el 10 de septiembre, sustentado éste en la formación por competencias. Nunca fue discutido públicamente ni llevado a foros por las autoridades.
Para un sector, seguramente amplio e inducido de la opinión pública, resulta cómodo equiparar cualquier forma de la protesta social con actividades delictivas (consúltese el artículo “El signo de la restauración”, de Gustavo Ogarrio, en La Jornada Michoacán del 18 de octubre). Pero ni la toma de vehículos ni su destrucción fueron la medida inicial de presión, sino la ocupación y paro en las propias dependencias. Durante más de un mes de paralización los estudiantes realizaron marchas y otras formas de expresión, siempre con las mismas respuestas. Vinieron después, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, la toma de vehículos y la toma de casetas de peaje en las principales arterias viales del estado. Si corresponde, como es, a las autoridades ofrecer respuestas oportunas y viables a las demandas de los diferentes grupos y segmentos de la sociedad, para evitar la exacerbación de la protesta y modular las formas de manifestación, evitando la afectación al resto de la sociedad, en este caso esa operación política no funcionó. Es ese el contexto social y político de los ilícitos cometidos por el grupo de normalistas, que deberá ser valorado por los jueces y que separa a los inculpados de las prácticas netamente delincuenciales. Lo asombroso, y aún indignante, es que se haya permitido al conflicto llegar hasta los límites que llegó.
Cierto es que los grupos demandantes deben en muchas ocasiones repensar sus formas de lucha, y que la afectación a los intereses de una sociedad en la que se ha perdido en mucho el sentido de solidaridad en aras de la fragmentación de intereses y la inmediatez, se revierte cada vez más contra los movimientos, aun en los casos en que estos no rebasan el marco constitucional y aun cuando tales movilizaciones no hacen sino reflejar los niveles de la conflictividad social y la inoperancia o inexistencia de las respuestas gubernamentales. Siempre hay en la manifestación pública algún grado de afectación a intereses particulares y el riesgo de reversión del apoyo social. Pero cierto es también que el número y la gravedad de los conflictos sociales irresueltos se incrementan sin encontrar salidas institucionales. Al lado de las Normales se encuentran problemas como el de los telebachilleratos, la Universidad Michoacana -en donde también, a la cerrazón se suman las acciones represivas y liquidacionistas contra los grupos disidentes-, la delincuencia en las comunidades de la Meseta que ahora eclosiona en Urapicho como antes en Cherán, y varios más, y que perfilan un escenario de creciente insurgencia social que fácilmente puede conducir a una espiral de radicalización, no tanto en las demandas como en los métodos para apremiar y emplazar a las instancias de poder.
Frente a este escenario, la respuesta más riesgosa es la que se ha elegido, la de la contrainsurgencia, la de la aplicación de la fuerza dirigida pero sin dosificación acompañada del manejo mediático de la opinión pública con el objeto de apagar represivamente a los grupos emergentes. Es ésa la que se ha aplicado en el caso de las Normales y la que amenaza con generalizarse en el periodo inmediato. Aplaudirla no conduce ni a la concordia ni a la solución de la conflictividad sino a involucrar a la sociedad en la toma de posición frente a acciones de fuerte autoritarismo. Nadie más obligado que los poderes públicos a responder por sus acciones frente a la sociedad y a respetar los derechos individuales y los sociales. La falta a esa obligación atenta más que cualquier otro factor contra la normalidad y la conciliación social.

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