Eduardo Nava Hernández
Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia
Jueves 27 de Septiembre de 2012
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Después de 23 días de paralización de la Universidad Michoacana, sus instalaciones fueron desocupadas por los grupos de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR) que las tenían en su poder. El desenlace permitirá, sin duda, que la institución regrese en breve a la normalidad; pero a lo largo del prolongado conflicto hicieron su aparición los peores elementos que anidan en la institución: la violencia que se hizo presente a través de grupos de choque en la Facultad de Medicina el martes 25 y apenas contenida en Ciudad Universitaria el miércoles 26; los vacíos de autoridad, paradójicamente revestidos o velados por la cerrazón y el autoritarismo, que también abren camino al encono dentro de la comunidad, el prejuicio, el clasismo y la xenofobia. También la división de la comunidad misma por lo prolongado de la ocupación de los edificios, que habrá de dejar una huella profunda.
Aún no se difunde el contenido de los posibles acuerdos entre las autoridades y los paristas, y ya se verá si resuelven o atacan de fondo algunos de los problemas administrativos que también muestra la Universidad: la insuficiencia presupuestal y la irracionalidad en su manejo, el crecimiento desordenado de los albergues estudiantiles y su constitución en grupos de presión al interior de la propia comunidad; pero también la opacidad en los procedimientos de ingreso a la institución, manejados, al menos en el área de la salud, por el Centro Nacional de Evaluación, Ceneval.
Al parecer, los estudiantes movilizados sólo habrían logrado, según la información inicial, el ofrecimiento verbal de una posible nueva convocatoria de ingreso, una vez que se cubra la etapa de inscripciones de los alumnos ya aceptados para el presente ciclo, ofrecimiento que hubiera sido, hace bastantes días, una buena base para la negociación del conflicto, de haber habido en las autoridades voluntad de resolverlo.
Los saldos son más negativos que positivos. Sin duda, la toma ha venido a deteriorar la imagen de la institución; pero más lo hace la violencia actuante en Medicina que hizo víctimas a varios estudiantes lesionados, y la amenazante en Ciudad Universitaria, al parecer decisiva para poner fin a la ocupación de las instalaciones. En ambos casos, el recurso de la fuerza dio cuenta de la incapacidad de la comunidad universitaria y sus autoridades para resolver por otras vías el conflicto. No sólo se vio desbordada la autoridad, sino que instigadores de la violencia aparecen ahora como personajes centrales de la vida universitaria. Si bien, el Código Penal de Michoacán perfila en su artículo 116 como responsables de motín “a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o en las cosas”, y además de haberse configurado otros delitos como el de lesiones, es seguro que las autoridades no presentarán denuncia alguna ni el Ministerio Público actuará de oficio, pues ahora han quedado investidos como héroes los que organicen grupos universitarios para enfrentar a otros grupos de presión, así sean estos últimos sus propios compañeros de aula.
El grave vacío de autoridad e incapacidad de diálogo que durante 23 días vivió la Universidad Michoacana contó en esta ocasión con un componente relativamente novedoso: el papel asignado por el rector Salvador Jara al Consejo Universitario como aval de cada una de sus decisiones en la desatinada conducción del conflicto, desde la obcecada negativa a atender las demandas de los estudiantes movilizados hasta la expulsión sumaria de diez de ellos, supuestamente votada por unanimidad por ese órgano.
No es el único caso en que el rector Jara utiliza al Consejo Universitario como coartada para sus políticas. En un desplegado fechado el 20 de septiembre y signado por ese órgano, se dirige a los trabajadores administrativos en relación con las plazas al parecer indebidamente manejadas por el sindicato, cuando es sabido por todos que aquél no es competente en materia laboral y sólo el representante legal de la Universidad, el propio rector, tiene facultades para actuar en esa materia. Con ello se corre el riesgo de llegar también al enfrentamiento entre ese máximo órgano universitario y el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo de los empleados universitarios.
En la entrevista que me concedió el viernes 21 para Cambio en el Debate, el rector Jara reconoció que esos jóvenes no representaban nada en particular dentro del movimiento, sino el hecho de que habían podido ser identificados; y anunció que a medida que se identificara a más participantes se concretarían más expulsiones. Pero el máximo órgano de gobierno universitario que viene a aplicar, quizás por primera vez en cinco décadas, sanciones drásticas que afectarían de manera definitiva a un puñado de jóvenes, y que ha respaldado incondicionalmente la cerrazón del rector, resulta encontrarse él mismo fuera de la legalidad. Me refiero, por supuesto a que, más allá de su integración legal por representantes estudiantes y profesores de cada una de sus dependencias, directores de escuelas, facultades e institutos, coordinadores y representantes de los sindicatos titulares así como de las casas del estudiante, ha asumido como práctica el otorgar voz y voto a funcionarios designados por el rector -sin que sus atribuciones para ello estén tampoco especificadas en la ley o el estatuto- y que se ha dado en llamar encargados de dirección. Cierto que la integración de tales funcionarios al Consejo por la vía de los hechos y como si se tratara de miembros de pleno derecho se ha hecho casi un uso o costumbre; pero no por ello entra en la legalidad. Y nunca como ahora, al afectar en lo particular los derechos de esos jóvenes, su ilegal conformación hace cuestionables sus determinaciones.
Pero más aún, la normatividad aplicada para esas expulsiones -al parecer, no resueltas con el levantamiento del movimiento- es nada menos que el estatuto que data de mayo de 1963 y que el propio Consejo debió haber actualizado, por mandato de la Ley Orgánica de ese año, desde 1986. No sólo el propio Consejo Universitario no cuenta con una normatividad actualizada y acorde con la Ley Orgánica vigente para aplicar sanciones drásticas, sino que, de manera inusitada, ese órgano de gobierno acordó aplicar sanciones más allá de lo establecido en el caduco estatuto. No sólo votó sancionar individuos o personas físicas, sino a las dependencias colectivas llamadas casas del estudiante mediante el retiro del subsidio para su sostenimiento, como forma de represalia por participar en el movimiento.
El oprobio de este Consejo llega a su máximo al haber votado no sólo la expulsión de diez alumnos, sino boletinar sus nombres, según declaró el rector, a todas las universidades del país, a fin de que no puedan ser inscritos en el futuro en ninguna de ellas. Dice la Constitución de la República en su artículo 22: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. Ni siquiera a un delincuente sentenciado se le puede aplicar una medida como la que nuestro Consejo acordó, es decir, desacreditarlo de manera permanente y más allá de haber compurgado su sentencia para impedirle su reinserción en la sociedad. Desde luego, en ninguna de las normas universitarias está prevista una sanción tal como la votada por el Consejo en supuesta defensa de la legalidad y que es a todas luces violatoria de derechos humanos elementales y que en nada contribuyen a la reconciliación entre los miembros de la comunidad.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades universitarias en los hechos de violencia suscitados el martes 25 y el miércoles 26 de septiembre? No es un tema ya resuelto sino que debería analizarse con detenimiento para impedir que situaciones semejantes se presenten en el futuro y existan protocolos adecuados para el manejo de los conflictos. En este caso, qué satisfactorio hubiera sido ver a un consejo que otorgara mandatos claros al rector para conducir el diálogo y la negociación, y no uno que, además de respaldar la intransigencia, llegara a los límites de enfrentamiento a los que llegó con una parte de la comunidad. En el diccionario, la palabra infamia no sólo se refiere al descrédito o la deshonra de una persona, sino también, en otra acepción, a la vileza o maldad de ciertas acciones. Tristemente, en este caso, el actual Consejo Universitario ha quedado marcado por el término en ambos sentidos.

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